PROGRAMA Sectorial de Trabajo y Previsión Social 2020-2024.
Secretaría del Trabajo y Previsión Social
PROGRAMA SECTORIAL DERIVADO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2019-2024
1.- Índice
1.- Índice
2. Introducción
3.- Fundamento normativo
de elaboración del programa
4.- Siglas y acrónimos
5.- Origen de los
recursos para la instrumentación del Programa
6.- Análisis del estado
actual
7.- Objetivos
prioritarios
7.1.- Relevancia del Objetivo prioritario 1: Lograr la
inclusión de jóvenes a través de la capacitación en el trabajo
7.2.- Relevancia del Objetivo prioritario 2: Impulsar
el diálogo social, la democracia sindical y la negociación colectiva auténtica
conforme al nuevo modelo laboral
7.3.- Relevancia
del Objetivo prioritario 3. Recuperar el poder adquisitivo de los salarios
mínimos y los ingresos para mejorar la calidad de vida de las y los
trabajadores
7.4.-
Relevancia del Objetivo prioritario 4. Dignificar el trabajo y estimular la
productividad mediante la vigilancia al cumplimiento de la normativa laboral
7.5.-
Relevancia del Objetivo prioritario 5: Lograr la inserción en un empleo formal
de las personas desempleadas, trabajadores en condiciones críticas de ocupación
y personas inactivas con disponibilidad para trabajar, con atención
preferencial a quienes enfrentan barreras de acceso a un empleo formal
8.- Estrategias prioritarias y Acciones
puntuales
9.- Metas para el bienestar y Parámetros
10.- Epílogo: Visión hacia el futuro
2. Introducción
Durante décadas el trabajo en México quedó relegado a un plano marginal, como si fuera una mercancía más cuyos costos había que abaratar para que nuestra economía fuera más atractiva y competitiva. En realidad, el trabajo es mucho más que un insumo en las cadenas de producción. El trabajo debe ser la vía para acceder a una vida mejor y lograr el desarrollo personal y el de la sociedad en su conjunto.
En la presente administración, la dignidad las personas y su bienestar se vuelven el centro y la razón de cada política pública y de cada decisión de gobierno, por lo que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) está transformando la política laboral con el firme propósito de impulsar el desarrollo integral de las y los trabajadores y de sus familias. Por lo anterior, se ha planteado cinco objetivos estratégicos que, como hoja de ruta, conducirán hacia un nuevo paradigma en el que se prioriza la incorporación al bienestar de los grupos históricamente excluidos.
El primer objetivo de la STPS es la inclusión de los jóvenes. Nos hemos comprometido a que 2.3 millones de jóvenes que no desempeñan alguna actividad, obtengan una beca para capacitarse en el trabajo hasta por doce meses tanto en empresas, talleres, negocios, comercios, como en organizaciones sociales e instituciones públicas. El Programa Jóvenes Construyendo el Futuro es una alianza entre el sector público, privado y social que está generando resultados sin precedentes a nivel nacional y sin parangón a nivel internacional, con su implementación l finalizar 2019, alrededor de un millón de jóvenes ya habrán comenzado su capacitación para su ulterior inserción al sector laboral.
Durante la actual administración, como segundo objetivo, nos hemos acercado a las representaciones sindicales y de empleadores, con la finalidad de dinamizar el diálogo social y darles la certeza de que la democracia sindical y la negociación colectiva auténtica no solamente son posibles, sino convenientes para ambas partes.
La aprobación de la reforma laboral, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1° de mayo de 2019, es un punto de inflexión en el mundo del trabajo. La impartición de justicia laboral se traslada a tribunales especializados dependientes del Poder Judicial; se fortalecen la libertad y la democracia sindical, y se instaura el voto personal, libre, directo y secreto para la elección de sus directivas, la definición de los términos contractuales y la resolución de conflictos.
Asimismo, con dicha reforma se crean centros de conciliación locales y un órgano federal con autonomía técnica y de gestión que además de conciliar los conflictos que susciten en la materia laboral, estará a cargo de los registros sindicales, depósitos de contratos colectivos y verificación de elecciones sindicales. La razón de este cambio de paradigma no es otra que desterrar la simulación y promover que la negociación colectiva se tome en serio, de modo que sea esta la vía para elevar las condiciones laborales y salariales de los trabajadores y, en consecuencia, la productividad de las empresas.
El tercero de los objetivos referidos es transitar de una política
deliberada de contención del salario mínimo a una de recuperación gradual,
responsable y sostenible. Producto de un amplio consenso entre gobierno,
sindicatos y representantes empresariales, el 1 de enero de 2019, el salario
mínimo incrementó a nivel nacional en 16.21% (de
La entrada en vigor de la nueva política de salarios mínimos derrumbó el mito de que el aumento iría aparejado con la inflación y con la destrucción de empleo; por el contrario, no ha tenido efectos negativos y se ha reducido la pobreza laboral e incrementado el poder adquisitivo de los trabajadores. Asimismo, con dicha política se da cumplimiento con el Compromiso 80 del Presidente de la República: el salario mínimo nunca se fijará por debajo de la inflación, como llegó a suceder en el periodo neoliberal.
El cumplimiento de la normatividad laboral en los centros de trabajo es una condición elemental para dignificar el trabajo, siendo este el cuarto objetivo de nuestra hoja de ruta. Para ello, la STPS ha acometido una reforma profunda de la inspección federal del trabajo para ponerla al servicio de la mejora sustantiva de las condiciones laborales.
Con un enfoque decidido de lucha contra la corrupción, se han mejorado las metodologías y la planeación de las inspecciones y se ha priorizado el combate contra las prácticas más nocivas para los trabajadores, en especial la subcontratación abusiva, el subregistro salarial a la seguridad social o el incumplimiento al salario mínimo. En paralelo, se han potenciado mecanismos como el Programa de Autogestión en Seguridad y Salud en el Trabajo o el Cumplilab, para poner al alcance masivo de las empresas las mejores prácticas de salud y seguridad en el trabajo.
Un objetivo más de esta administración es fortalecer las políticas activas del mercado de trabajo. Estamos enfocados en corregir las desigualdades en el acceso a la información en el mercado laboral, aprovechar las nuevas tecnologías para hacer más eficiente la intermediación entre los buscadores de empleo y las vacantes ofertadas, dar asesoría y orientación vocacional; optimizar los programas de movilidad laboral dentro de México y hacia otros países, y ofrecer cursos de capacitación para personas de todas las edades y condiciones, de modo que sus habilidades y competencias se actualicen para encarar los cambios vertiginosos del contexto laboral.
En suma, la STPS está comprometida con hacer realidad el proyecto de la Cuarta Transformación de México. Estamos enfocados en elevar la empleabilidad y el poder adquisitivo bajo condiciones de trabajo digno, en promover relaciones laborales productivas y equilibradas, y en consolidar el Estado de Derecho en el mundo del trabajo, porque tenemos la firme convicción de que todo ello contribuye al bienestar y al desarrollo económico y social del país. Queremos, para decirlo en breve, que ningún mexicano se quede atrás y que todos puedan acceder, como fruto de su trabajo, a una vida mejor.
3.- Fundamento normativo de elaboración del programa
El Programa Sectorial de Trabajo y Previsión Social 2020-2024 de la STPS, es un programa derivado del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 (PND), y sus organismos sectorizados que se emite en cumplimiento al artículo 26, Apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que el Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la Nación.
Asimismo, el presente Programa observa lo establecido en el artículo 123 Constitucional que dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil y al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo conforme a la ley, así como los derechos laborales y de seguridad social correspondientes.
Igualmente, el presente Programa, además de dar cumplimiento a los preceptos legales referidos, se elaboró con apego a lo establecido en los artículos 3o y 16, fracción III de la Ley de Planeación que respectivamente disponen que i) el Ejecutivo Federal, a partir de sus atribuciones, tiene como propósito la transformación de la realidad del país, según las normas, los principios y los objetivos que la propia Constitución y la Ley establecen a través de la planeación y ii) que los programas sectoriales se elaborarán, considerando las propuestas que, en su caso, presenten las entidades del sector, los órganos constitucionales autónomos, y los gobiernos de las entidades federativas, así como los que deriven de los ejercicios de participación social y de los pueblos y comunidades indígenas interesados.
Por su parte el artículo 40 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal faculta a la STPS para vigilar la observancia y aplicación de las disposiciones contenidas en el artículo 123 y demás de la Constitución Federal, en la Ley Federal del Trabajo y sus Reglamentos, por lo que es la dependencia responsable de coordinar la publicación, ejecución y seguimiento del presente instrumento.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la planeación democrática del desarrollo nacional establecen como propósito un Estado de bienestar. Esta aspiración se ha plasmado en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 dentro del Apartado 2.- Política Social y en el Apartado 3.- Economía. Este último delinea la reactivación económica, el mercado interno y el empleo; así como la importancia de instaurar una “política de recuperación salarial y una estrategia de creación masiva de empleos productivos, permanentes y bien remunerados”[1].
Bajo este contexto, el Programa Sectorial de Trabajo y Previsión Social 2020-2024 diseña los objetivos, las metas y las estrategias del sector laboral, siguiendo la lógica de una correcta asignación de recursos presupuestarios en la que la austeridad es prioridad; así como lo es la definición de los tiempos de ejecución de las acciones que permitirán dar cumplimiento a la política pública laboral[2].
La planeación nacional es democrática y, por tanto, requiere de la participación y consulta de los diversos grupos sociales a fin de que expresen sus opiniones sobre la elaboración y la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 y los programas derivados del mismo. De acuerdo con ello, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social llevó a cabo consultas y foros en los que participaron los representantes tanto de trabajadores como de empleadores, la academia y la sociedad civil organizada, cuyas opiniones y posturas están plasmadas en el Programa Sectorial de Trabajo y Previsión Social 2020-2024, construyendo de esa forma un proyecto incluyente y participativo.
Por lo anterior, con la elaboración del Programa Sectorial de Trabajo y Previsión Social 2020-2024 se avanza en la ruta para garantizar el derecho social al trabajo digno, dando cumplimiento a los derechos laborales y humanos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados internacionales en los que México es Parte, entre ellos, la prohibición del trabajo infantil; el disfrute de un salario suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe o jefa de familia; la obtención de un salario igual por trabajo igual, sin importar sexo ni nacionalidad; la duración legal de las jornadas laborales; los días de descanso que deben disfrutar las y los trabajadores; el derecho a la capacitación o adiestramiento; el derecho de asociarse en defensa de sus intereses; así como el combate a la subcontratación abusiva y el subregistro ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, entre otros.
De los acuerdos internacionales que nuestro país ha adoptado, destaca el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo relativo a la libertad sindical y a la protección del derecho de sindicación; así como el Convenio 98 de la citada Organización, sobre el derecho de sindicación y negociación colectiva, los cuales contribuyen a lograr avances en garantizar los derechos de las y los trabajadores en materia de libre asociación, libertad sindical y el derecho de negociación colectiva.
Finalmente, como parte de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, el Programa Sectorial de Trabajo y Previsión Social 2020-2024 se vincula al Objetivo 8 “Trabajo Decente y Crecimiento Económico”, que busca, entre otras metas, promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos, para lo cual se realizarán acciones enfocadas en grupos históricamente excluidos para avanzar en la garantía del derecho al trabajo digno.
4.-
Siglas y acrónimos
|
CFCRL |
Centro Federal de Conciliación y Registro
Laboral |
|
Conasami |
Comisión Nacional de los Salarios Mínimos |
|
Coneval |
Consejo Nacional de Evaluación de la
Política de Desarrollo Social |
|
CPEUM |
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos |
|
ENOE |
Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo |
|
IMSS |
Instituto Mexicano del Seguro Social |
|
INEGI |
Instituto Nacional de Estadística y
Geografía |
|
Instituto Fonacot/Infonacot |
Instituto del Fondo Nacional para el
Consumo de los Trabajadores |
|
JFCA |
Junta Federal de Conciliación y Arbitraje |
|
LFT |
Ley Federal del Trabajo |
|
LPIU |
Línea de Pobreza por Ingresos Urbana |
|
MIR |
Monto Independiente de Recuperación |
|
OCDE |
Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos |
|
OIT |
Organización Internacional del Trabajo |
|
PASST |
Programa de Autogestión en Seguridad y
Salud en el Trabajo |
|
PJCF |
Programa Jóvenes Construyendo el Futuro |
|
PND |
Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 |
|
Profedet |
Procuraduría Federal de la Defensa del
Trabajo |
|
PSTPS |
Programa Sectorial de Trabajo y Previsión
Social |
|
SNE |
Servicio Nacional de Empleo |
|
STPS |
Secretaría del Trabajo y Previsión Social |
5.- Origen de los recursos para la instrumentación del
Programa
La totalidad de las acciones que se consideran
en este Programa, incluyendo aquellas correspondientes a sus Objetivos
prioritarios, Estrategias prioritarias y Acciones puntuales, así como las
labores de coordinación interinstitucional para la instrumentación u operación
de dichas acciones y el seguimiento y reporte de las mismas, se realizarán con
cargo al presupuesto autorizado de los ejecutores de gasto participantes en el
Programa, mientras éste tenga vigencia.
6.- Análisis del estado actual
La STPS y sus organismos
sectorizados han priorizado la
atención de cinco problemas públicos en materia laboral en los cuales
concentrarán sus esfuerzos y acciones.
Exclusión
de las y los jóvenes de entre 18 y 29 años del mercado laboral
La juventud en nuestro país ha sido un sector de la población que durante las administraciones pasadas fue olvidado y marginado. La falta de oportunidades, derechos y políticas públicas para el desarrollo de los jóvenes en México, provocó una ruptura en el tejido social que ha derivado, entre otras problemáticas, en desempleo, crisis de violencia e inseguridad.
El bono demográfico que se perfilaba como una
gran oportunidad para el desarrollo del país, no fue aprovechado por las
administraciones anteriores. Los jóvenes entre 18 y 29 años suman 24.3 millones
de personas, de las cuales 19.1 millones habitan en zonas urbanas y 5.2
millones en zonas rurales. El 61.7% de estos jóvenes forman parte de la
Población Económicamente Activa y el 38.3% pertenecen a la Población No
Económicamente Activa. La Población Económicamente Activa cuenta con una mayor
proporción de hombres (62.1%), mientras que las mujeres son mayoría en la
Población Económicamente Activa (72%). No obstante, es necesario destacar que
dentro de la Población Económicamente Activa se identifican 937,378 jóvenes
“desocupados”; es decir, que buscaron un empleo la semana anterior a la
aplicación de la ENOE 2018 y no encontraron[3].
En el cuarto trimestre de 2018, con base en
cifras de la ENOE, se estima que en el país existen poco más de 2.3 millones de
jóvenes entre 18 y 29 años que no están ocupados y no se encuentran estudiando[4].
Si bien, en comparación con los países miembros
de la OCDE el porcentaje de desempleo juvenil en México es bajo (6.9% en 2018)[5], esta cifra encubre un mercado laboral que
ofrece a los jóvenes condiciones precarias, con alta rotación y bajos ingresos.
Una parte importante de las oportunidades de trabajo para los jóvenes han
surgido en el sector informal de la economía, donde la remuneración es más baja
que en el sector formal. Entre 2005 y 2017, el sector informal fue el mayor
empleador de jóvenes, antes que las empresas formales del sector privado, el
gobierno o el sector agrícola. Durante ese mismo período, la tasa de
informalidad entre los jóvenes (62.4%) ha sido mayor que la de las personas
mayores de 30 años (56.8%)[6]. Esto provoca que una proporción considerable
de los jóvenes en nuestro país no tenga acceso a seguridad social.
Por otro lado, según la Encuesta Nacional sobre
Discriminación, la mayor parte de los jóvenes no trabaja por tener que
dedicarse a labores domésticas o por encargarse del cuidado de otras personas,
lo cual se acentúa drásticamente para las mujeres (72.3% para ellas, en
comparación con 5.7% de los hombres). Esto supone que la falta de
disponibilidad para las mujeres jóvenes es una de las principales razones que
obstaculiza su inserción al mercado laboral[7].
En cuestión de brechas de
género, según datos de la OCDE, las jóvenes de México tienen cuatro veces más
desventaja por encima de los jóvenes de su edad: 35% de las mujeres de entre 15
y 29 años no estudia y no trabaja, dando como resultado que México ocupe la
segunda posición más baja en este indicador respecto a los países de la OCDE,
únicamente superado por Turquía[8]. Los resultados de las políticas públicas
realizadas en las administraciones pasadas no han reducido la brecha de género
en el mercado laboral, afectando a las generaciones presentes y futuras.
En términos educativos,
una de las problemáticas más relevantes por las que atraviesa la juventud en
nuestro país tiene que ver con la deserción escolar; según datos de la OCDE,
solamente 17% de los mexicanos entre 25 y 64 años cuentan con un título de
educación superior, frente al promedio de 37% de los demás países que conforman
esta organización[9]. Con datos de la Estadística del Sistema
Educativo de la Secretaría de Educación Pública se observa que, si bien las
tasas de abandono escolar en educación media superior y superior han
experimentado una relativa disminución, para el ciclo escolar 2017-2018 seguían
siendo altas en educación media superior (12.3%) y en educación superior (6.7%)[10].
Con relación a los
empleadores en nuestro país, diversas encuestas señalan que alrededor de la
mitad de las empresas mexicanas afirman tener dificultades para encontrar
personal capacitado para los puestos de trabajo que ofertan[11]. Esta situación implica que debe ser analizado
el mecanismo de reclutamiento por parte de los empleadores, la interacción
entre los sistemas educativo y productivo, así como seguir fomentando
mecanismos de capacitación que permitan una mayor inclusión al mercado laboral.
Como se mencionó, la
problemática no radica únicamente en el ámbito productivo, la estigmatización
social de esta población joven en inactividad laboral y educativa, aunada a la
precariedad económica, abona el terreno para que las y los jóvenes asuman
conductas antisociales, incluyendo el riesgo de ser captados por el crimen
organizado. No es fortuito que, como lo revelan distintas investigaciones
estadísticas, tanto los responsables de las actividades delictivas como las
víctimas de la violencia desatada a partir de 2006 sean preponderantemente
jóvenes —en su mayoría hombres—con poca instrucción o que desertaron del
sistema escolar. En este sentido, diversos hallazgos muestran que la población
masculina joven (entre 19 y 24 años) no escolarizada o con acceso limitado a la
educación es la más vulnerable a la violencia criminal[12]. Asimismo, los municipios que han registrado
mayores tasas delictivas son precisamente aquellos con mayores tasas de
deserción de alumnos y con mayor proporción de población no escolarizada. Otras
investigaciones muestran que el desempleo tiene una correlación positiva sobre
los niveles de homicidios[13].
En conclusión, la
situación por la que atraviesa la juventud es de tal vulnerabilidad que implica
acciones urgentes para su atención; el PJCF es la vía predilecta de la
administración actual, para brindar mayores oportunidades a una generación que
ha sido olvidada.
Un modelo laboral obsoleto fincado en el corporativismo, la simulación y
el control de los trabajadores
Durante décadas, el modelo
laboral mexicano estuvo basado en esquemas de control, corporativismo y
simulación. Este modelo permitió que los gobiernos federales y locales en turno
intervinieran en la vida interna de los sindicatos, designaran o removieran a
sus líderes, inhibieran la libre organización de los trabajadores, premiaran o
castigaran a sus dirigentes, retrasaran la resolución de juicios y se solaparan
negociaciones a espaldas de los afiliados. La injerencia gubernamental en la
autonomía sindical y en los órganos de solución de controversias laborales
resultó en la denegación sistemática del derecho al acceso a una justicia
pronta e imparcial y en la proliferación de “contratos de protección patronal”.
Diversos estudios apuntan que, entre los
contratos colectivos a nivel federal, alrededor del 76.8% se consideran de
“protección”[14], es decir, contratos firmados a espaldas de
los trabajadores con un sindicato a modo, dando prebendas a cambio de
discrecionalidad en el manejo de las relaciones laborales para garantizar
protección a fin de eludir demandas reales de negociación colectiva por
sindicatos representativos. El rango de contratos de protección a nivel
nacional es de entre 63.7% como mínimo y hasta 82.6% como máximo[15]; es decir, solo uno de cada cinco contratos
colectivos en México puede considerarse real o auténtico.
La falta de representatividad en las
organizaciones sindicales, así como la ausencia de mecanismos de democracia,
transparencia y rendición de cuentas para ejercer derechos colectivos al
interior de éstas, permitió la existencia habitual de dirigentes ilegítimos que
hicieron un negocio alrededor del sindicalismo, con prácticas antidemocráticas
como la simulación de elecciones sindicales, la omisión de reglas de
postulación de contrincantes y elecciones intimidatorias a mano alzada, todo
para mantenerse en el poder y continuar con la venta de contratos colectivos,
plazas y ascensos.
Todos estos factores corrompieron al
tripartismo, que en lugar de ser un poderoso instrumento de diálogo social para
resolver controversias obrero-patronales e intersindicales, se convirtió en un
mecanismo de manipulación política y económica. En ese sentido, el
funcionamiento de las Juntas de Conciliación y Arbitraje como instancias
tripartitas ocasionó que algunas organizaciones sindicales monopolizaran cargos
de representación y favorecieran a sindicatos aliados y a empresas cómplices,
lo cual contribuyó también a la proliferación de contratos de protección.
Así, durante las cuatro últimas décadas México
tuvo una “paz laboral” basada en el control de sindicatos, persecución de
disidencias y manipulación artificial de salarios como pretexto de contención
de la inflación y, después, para estimular la inversión, ocasionando que muchos
trabajadores perdieran su empleo por defender sus derechos y exigir una
auténtica representación sindical.
Estos hechos fueron acumulando cuestionamientos
hacia México en diversos foros internacionales por las violaciones reiteradas a
los derechos de libertad sindical y de negociación colectiva. En un primer
momento, dichos cuestionamientos fueron impulsados por organizaciones gremiales
nacionales e internacionales ante el Comité de Libertad Sindical de la OIT,
donde México se convirtió en objeto frecuente de quejas por violaciones del
ámbito federal y estatal al Convenio 87 de la OIT y la Comisión de Normas de la
Conferencia Internacional del Trabajo, relativo a la libertad sindical y a la
protección del derecho de sindicación. Pese a que las quejas denunciaban casos
concretos, el gobierno siempre afirmó que se trataba de conductas aisladas o
negó que dichas situaciones existieran, agregando razonamientos y afirmaciones
descontextualizadas y lentitud extrema para desgastar a los quejosos.
Las críticas al modelo laboral mexicano se
recrudecieron en el marco de la negociación del Tratado de Asociación
Transpacífico, por las que el Estado Mexicano fue cuestionado por su
incapacidad de garantizar una mínima protección de los derechos laborales
individuales y colectivos de sus trabajadores, resultando en sueldos y
condiciones de trabajo muy inferiores a las de sus socios comerciales. Esta
injusticia, derivada en desventaja competitiva comercial, ocasionó que se
condicionara el ingreso de México a dicho pacto a la aprobación de profundas
reformas legislativas, mismas que se vieron reflejadas en la reforma
constitucional del 24 de febrero de 2017 en materia de Justicia Laboral.
De igual manera, el anuncio de la renegociación
de los términos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte evidenció
las carencias y desigualdades del modelo laboral mexicano y, de nueva cuenta,
las negociaciones del nuevo Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá
(T-MEC) fueron condicionadas a la reglamentación de los principios
constitucionales aprobados en 2017.
Sin embargo, no fue sino hasta la conformación
de una nueva mayoría progresista e históricamente comprometida con el
sindicalismo democrático e independiente cuando se dio un impulso renovado y
sin precedente a la reforma del modelo laboral mexicano. La ratificación en
noviembre de 2018 del Convenio 98 de la OIT sobre el derecho de sindicación y
negociación colectiva dio paso a la presentación y aprobación de la reforma
secundaria en materia laboral, misma que fue publicada en el Diario Oficial de
la Federación por el Ejecutivo Federal el 1° de mayo de 2019 en el marco de la
conmemoración del Día del Trabajo.
Disminución del poder adquisitivo de los salarios mínimos y de los
ingresos, y limitado acceso a los servicios financieros
Las y los trabajadores
mexicanos han enfrentado una situación laboral caracterizada por una precariedad
salarial que limita el sustento económico necesario para cubrir sus necesidades
básicas y que les impide disfrutar una vida digna. Durante los últimos 40 años,
el salario mínimo de la población trabajadora mexicana ha perdido alrededor del
70% de su poder adquisitivo[16].
A partir de 1976, el
salario mínimo inició un abrupto descenso en un entorno de severas crisis
económicas y de recurrentes procesos inflacionarios; en 1982 cuando estalló la
crisis de la deuda, el salario mínimo ya había perdido 16.4% de su poder
adquisitivo. En 1988, con la profundización de las políticas neoliberales como
receta para sortear la crisis, se emprendió la contención del salario mínimo
para frenar el incremento de los precios y volver atractivo al país para la
inversión extranjera, al limitar el costo de la mano de obra para procesos
industriales. Así, en 1999 se alcanzó el punto máximo de pérdida del poder
adquisitivo, que fue de 77% respecto al máximo de 1976, en términos reales un
monto equivalente a 75.18 pesos (a precios de julio de 2018)[17].
Asimismo, la etapa
neoliberal mexicana se caracterizó, entre otras cosas, por un continuo
deterioro de los salarios reales de las personas trabajadoras. Esto se explica
por la política monetaria y fiscal implementada en esos años, que privilegió el
control inflacionario a través del anclaje al tipo de cambio y a una política
fiscal restrictiva orientada al equilibrio de las finanzas públicas, antes que
al aliento de la demanda agregada.
Desde 1996, el salario
mínimo representó menos del 90% del valor de la Línea de Pobreza por Ingresos
Urbana (LPIU) por individuo[18], es decir, se ubicó por debajo del valor de la
canasta alimentaria y no alimentaria calculada por el Consejo Nacional de
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval); en 2014, representaba
el 80.1% de este valor[19].
Así pues, se incumplió con
el mandato constitucional que señala que los salarios mínimos generales deberán
ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia,
en el orden material, social y cultural (Art. 123).
En 2018 aunque México fue
de los países con menores tasas de desocupación (3.3%) en la región de América
Latina y el Caribe, cuyo promedio fue igual a 7.8%[20], de acuerdo con el Coneval, entre 2005 y 2018,
en promedio el 38.5% de la población ocupada tuvo un ingreso laboral por debajo
de la Línea de Pobreza Extrema por Ingresos; por lo que su ingreso fue
insuficiente para adquirir los bienes de la canasta alimentaria.
Esta precariedad de los
salarios no solo restringe la adquisición de bienes necesarios para la
subsistencia, sino que los hace más vulnerables a imprevistos que requieran
gastos extraordinarios, como lo es afrontar un problema de salud en la familia.
Aunado a ello, el bajo ingreso de las familias limita y en algunos casos anula
la capacidad de las y los trabajadores para formar un patrimonio. En este
sentido, el crédito puede ser utilizado para ayudar en la adquisición de bienes
duraderos y/o como recurso para sortear imprevistos. Sin embargo, son las y los
trabajadores con menores ingresos, los que enfrentan mayores costos y menor
acceso a financiamiento.
Durante los últimos 30
años, la liberalización y desregulación financiera estructuró al sistema
financiero mexicano actual, para atender solo a los estratos más altos de la
pirámide de nivel de ingresos, que representan únicamente cerca del 20% de la
población[21]. Esto restringió los mecanismos de ahorro y
financiamiento para los estratos sociales de menores ingresos, lo cual indujo a
mayores niveles de desigualdad.
Lo anterior ha derivado en
que el nivel de ingresos sea un determinante en el acceso al crédito, siendo
las personas que menos tienen (80% de la población)[22] y, por consecuencia, las que más necesitan un
crédito, las que tienen que pagar más por este. Esta discriminación de precios
justifica la participación del Estado a través del impulso a la Banca Social,
la cual, al no tener fines de lucro, es capaz de eliminar barreras de acceso al
crédito para un amplio segmento poblacional excluido de los servicios financieros.
Aunado a ello, de los más de 22 millones de personas trabajadoras, según cifras
del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y de los otros sistemas de
seguridad social, solo el 58% tienen crédito formal[23], a pesar de que esa condición de formalidad
les garantiza el acceso a estos derechos para incrementar su capacidad
adquisitiva y de ingresos en el momento en que lo requieran.
Trabajos precarios que inciden en una baja productividad y en el
bienestar de las y los trabajadores
En México, el derecho al
trabajo digno o decente se incorporó en el artículo 123 como parte de las
reformas constitucionales de 2008. Sin embargo, la inclusión de ese concepto en
la LFT, data de 2012. Es el artículo 2 de la LFT donde se establecen las
condiciones de un trabajo digno que consisten en garantizar el respeto pleno a
la dignidad humana del trabajador que conlleva la inexistencia de
discriminación por sus características físicas, su forma de vida, su origen o
cualquier otra condición; además, el trabajador tendría acceso a la seguridad
social y contaría con un salario remunerador; recibiría capacitación continua
para el incremento de su empleabilidad; y adicionalmente, los centros de
trabajo contarían con condiciones óptimas de seguridad e higiene, con la
intención de prevenir riesgos de trabajo.
A pesar de este marco
legal garantista, México enfrenta desafíos enormes y retos de gran calado para
lograr que la mayoría de la población cuente con un trabajo digno dado el
enorme déficit de justicia social y laboral que las políticas públicas
desarrolladas en las últimas décadas han generado. Los problemas laborales y
del mercado de trabajo ocasionados por las políticas neoliberales son
alarmantes y resulta urgente su transformación de raíz. Uno de los más
significativos lo constituye el peso de la informalidad laboral dentro de la
estructura del mercado de trabajo. Para tener una dimensión del problema, se
debe señalar que, al tercer trimestre de 2019, la ENOE reporta que la población
que participó en la generación de algún bien económico o en la prestación de un
servicio (Población ocupada) ascendió a 55.2 millones de personas. De ellas,
correspondieron al empleo informal 33.3 millones en la suma de sus vertientes:
trabajadores en unidades productivas indistinguibles del hogar, trabajo no
protegido en la actividad agropecuaria, personas trabajadoras del hogar y
trabajadores en unidades económicas formales que eluden el registro de los
trabajadores en las instituciones de seguridad social[24].
Además de un mercado
laboral con indicadores alarmantes que configuraban un panorama de
informalidad, inequidad, desprotección social y desigualdad, se añade la falta
de voluntad política de administraciones anteriores para atender el problema en
sus causas estructurales. Así, a pesar de que la Secretaría es la dependencia
del Ejecutivo Federal que tiene como parte de sus atribuciones institucionales la
responsabilidad de vigilar el cumplimiento de la normatividad laboral, en
muchos casos se establecieron mecanismos que inhibieron su efectividad y en
otros, se omitió deliberadamente la labor inspectora. Como muestra, basta
mencionar que pesar de las reformas que en el año 2012 incorporaron a la LFT el
marco bajo el cual se regula la subcontratación en México, no se llevó a cabo
ningún acto de fiscalización para garantizar su cumplimiento[25]. Lo anterior tuvo como resultado un uso
desmedido de mecanismos de evasión de responsabilidades patronales bajo figuras
de subcontratación abusivas, defraudando no sólo a una seguridad social de por
sí deficitaria, sino también a la administración tributaria y principalmente a
los trabajadores. En el mismo sentido, el uso de bases de datos anticuadas y la
falta de mecanismos de coordinación institucional ocasionó que la inspección
federal se llevara a cabo en un universo reducido de empresas que eran
constantemente visitadas, en muchos casos en materias de escasa relevancia,
generando actos de molestia que no resultaron en una mejora de las condiciones
laborales del país.
Por otra parte, los mecanismos de autogestión[26] y responsabilidad social implementados para
favorecer mejores empleos, deliberadamente obviaron componentes esenciales sin
los cuales no puede hablarse de trabajos dignos. Así, a pesar de contar con
programas de autogestión en seguridad y salud efectivos, se omitía verificar el
cumplimiento del marco legal laboral vigente en materias sensibles como la
subcontratación o el registro con el salario real del trabajador al IMSS, entre
otros. De la misma manera, mecanismos de cumplimiento y registro voluntario de
obligaciones en materia de Condiciones Generales de Trabajo que podrían haber
permitido una colaboración constructiva entre los empleadores y la autoridad
laboral en beneficio de las personas trabajadoras, fueron utilizados como
herramientas de simulación para eludir las inspecciones a centros de trabajo
que no cumplieron con sus obligaciones.
Aunado a lo anterior, debe resaltarse que la
visión preponderante de la capacitación en el trabajo se encontraba
directamente vinculada a la productividad y ésta, solo teóricamente, al
salario. Si bien es innegable el vínculo entre el aprendizaje continuo y
especializado con mayores opciones de empleabilidad, el argumento bajo el cual
los bajos salarios se encuentran asociados a la baja productividad y viceversa
no se sostiene y es contrario a los esquemas elementales de justicia social
cuando se usa dogmáticamente para justificar salarios mínimos que en 2018 eran
los más bajos de la región. Así, la capacitación y el adiestramiento son
elementos fundamentales del trabajo digno a través de la socialización y
democratización de las oportunidades, ya que salvaguardan el derecho de las
personas no solamente de acceder, sino de permanecer y desarrollarse en un
empleo ante un mercado laboral cambiante, lo que les permite tener mejores
condiciones de vida para ellos y sus familias.
Sin embargo, aún en un escenario en el que la
autoridad fiscalice estratégicamente y con inteligencia, y fomente el
cumplimiento voluntario de las obligaciones en materia laboral, el acceso a
mecanismos jurisdiccionales que garanticen el cumplimiento de obligaciones ante
violaciones a la ley es fundamental para que todos los trabajadores, sin
importar sus medios económicos, cuenten con la garantía de que se impartirá
justicia. En ese contexto, la defensoría pública de los trabajadores no contaba
con los medios necesarios para garantizar una defensa efectiva, con tiempos de
atención adecuados, ni tenía la estructura ni los medios suficientes para que
todos los trabajadores puedan hacer uso de sus servicios con estándares de
calidad y justicia apropiados.
Hoy, las condiciones de trabajo digno en
nuestro país se encuentran distantes de ser una realidad en beneficio de la
mayoría de los trabajadores y de sus familias. Aunque es cierto que se cuenta
con los instrumentos legales para resguardar los derechos laborales de las
personas, éstos se convierten en letra muerta ante la estructura actual de los
mercados de trabajo y el bajo impacto de las acciones fiscalizadoras de la
autoridad, por lo que prevalece un amplio segmento de trabajadores para quienes
no constituye una opción el cúmulo de derechos que, desde hace más de cien
años, fueron instituidos para protegerlos, tales como seguridad social, salario
remunerador y, en sí, todos los que conforman el concepto de trabajo digno.
Mercado de trabajo con un
modelo de intermediación laboral ineficaz, ineficiente y excluyente
La formación y aprovechamiento de procesos de intermediación laboral que resulten en emparejamientos laborales de calidad se dificultan por las características de la demanda y la oferta laboral, así como por deficiencias en los mecanismos de funcionamiento del mercado laboral.
Por el lado de la demanda de trabajo, una limitante es resultado de la existencia de empleadores que tienden a determinar sus procesos productivos sin considerar las características de los recursos humanos disponibles, desaprovechando sus competencias laborales. Además, en algunas regiones y sectores los empleadores ofrecen remuneraciones poco atractivas para los candidatos más idóneos, lo que dificulta cubrir sus vacantes y propicia una elevada rotación laboral. Cabe destacar que una proporción importante de los empleadores, sobre todo las empresas de menor tamaño, carecen de capacidades para definir correctamente las competencias laborales requeridas por sus vacantes y tienen mecanismos de reclutamiento deficientes para identificar las capacidades productivas de los posibles candidatos, sobre todo de los grupos de la población que convencionalmente se consideran menos productivos, lo que provoca la exclusión de amplios segmentos de mujeres, jóvenes, personas con más de 45 años, adultos mayores, personas con discapacidad y demás grupos tradicionalmente desfavorecidos en el mercado laboral.
Por el lado de la oferta de trabajo es común que las personas en búsqueda de empleo cuenten con reducidas y desactualizadas competencias laborales (conocimientos, experiencia laboral y competencias blandas, entre otras características productivas), lo que se traduce en perfiles inadecuados para las vacantes disponibles. Otra limitante para el buen funcionamiento del mercado laboral se debe a que los costos de búsqueda son relativamente elevados para los desempleados, que tienden a tener condiciones económicas precarias.
Aunado a estas limitaciones, el mercado laboral tiene dificultades para articular de manera eficaz y eficiente la oferta y la demanda de trabajo, debido a que las personas en búsqueda de empleo y empleadores no cuentan con información suficiente, oportuna y acorde con los requerimientos de los puestos vacantes y con los perfiles de las y los trabajadores. Faltan mecanismos adecuados de divulgación de información sobre las vacantes disponibles y sus características; alrededor de 80% de las personas buscadoras de trabajo recurren a métodos informales para encontrar una opción laboral[27], especialmente los de menores niveles educativos. En el caso de las personas en condiciones de pobreza que buscan incorporarse al mercado laboral o pierden su empleo, su situación es aún más difícil porque carecen tanto de los contactos o de la habilidad para encontrar buenos trabajos, como de recursos económicos mientras buscan oportunidades de empleo, lo que las induce a aceptar casi cualquier opción disponible, incorporándose generalmente en empleos informales[28].
Diversos grupos de la población enfrentan barreras de acceso a un empleo formal. La situación de desventaja de las mujeres en el mercado laboral se debe, entre otras causas, a barreras asociadas a las responsabilidades en los cuidados del hogar y a la discontinuidad de sus trayectorias laborales, así como a la discriminación por género.
También existen barreras de acceso a un empleo formal derivado de prejuicios por la edad. Los jóvenes tienen dificultades por su falta de experiencia laboral y por la percepción negativa sobre su responsabilidad y compromiso con el trabajo. Por su parte, los adultos mayores e, incluso, las personas de más de 45 años se encuentran en desventaja en el mercado laboral debido a su insuficiente nivel de escolaridad; la idea de que todos los trabajadores de esta edad tienen menores capacidades para el trabajo, y la discriminación por edad.
Las personas con alguna discapacidad suelen padecer una situación muy difícil, ya que existe la percepción equivocada de que son menos productivos, aun en los casos en que su discapacidad no limita su desempeño laboral. Las barreras de acceso al empleo formal también afectan a otras poblaciones, tales como personas indígenas, migrantes, refugiados, personas liberadas y grupos con orientación sexual o identidad de género diferentes a las predominantes.
La disfuncionalidad del mercado laboral contribuye a que 19% de la población trabajadora se encuentre en condiciones críticas de ocupación[29]; la tasa de rotación laboral sea de alrededor del 20% anual, variando según la industria o sector; la tasa de participación laboral de mujeres sea de 45%, menor al promedio de América Latina y el Caribe; y la brecha salarial de género sea una de las más altas de la región (20.4% en 2016)[30].
Una de las consecuencias más graves de la disfuncionalidad del mercado laboral es que muchos trabajadores quedan atrapados en un círculo vicioso en el que solo consiguen empleos informales, que no les permiten mejorar sus competencias laborales, lo que les dificulta acceder posteriormente a empleos formales y tener una trayectoria laboral ascendente. La informalidad laboral sigue siendo muy elevada, 57% a nivel nacional a fines de 2018[31], aunque con grandes diferencias por entidad federativa.
También existen desequilibrios por ocupación, sector y región entre el
número de vacantes existentes y el de buscadores de empleo dispuestos a aceptar
esas vacantes. El comportamiento de la economía y del mercado laboral es
distinto entre las entidades federativas, ya que mientras en algunas regiones,
como en el norte del país y el Bajío, el crecimiento del PIB supera el promedio
nacional en tres o más puntos porcentuales y genera un volumen importante de
empleos, existen otras regiones con economías estancadas o que, incluso,
decrecen. Esta situación genera mercados complementarios entre las regiones con
alto crecimiento que cuentan con plazas vacantes para las cuales no hay
candidatos locales, lo que contrasta con aquellas regiones donde el empleo es
escaso e insuficiente para las personas buscadoras de trabajo. Esto motiva que
en estas regiones las y los trabajadores opten por ocupar empleos informales o
emigren por motivos laborales.
Principios rectores del PND
en el PSTPS y contribución del Programa al nuevo modelo de desarrollo
El Gobierno de México, en aras de impulsar,
entre otros derechos, el del trabajo, ha desarrollado en el Proyecto de Nación
doce principios rectores y tres ejes fundamentales que guían el actuar
gubernamental. Se trata de una hoja de ruta para conducir al país hacia un
auténtico Estado de bienestar para la población; en ese camino se encuentra el
crecimiento con austeridad y sin corrupción, en el que sobresalgan la honradez
y la honestidad. No habrá, bajo ninguna circunstancia, un gobierno rico mientras
el pueblo es pobre, se respetará la ley. Habrá una economía para el bienestar
de la que nadie quedará fuera.
La
STPS y sus organismos sectorizados, como integrantes activos del gobierno,
tienen la misión de cumplir con la ruta marcada por el PND. Se busca romper el
paradigma de exclusión imperante en años anteriores e incluir a todas las
personas en este nuevo proyecto de Nación, para no dejar a nadie atrás y no
dejar a nadie fuera. Por estas razones, en este PSTPS se plantean cinco
objetivos estratégicos que permitirán al sector laboral insertarse en el nuevo
paradigma de gobierno:
1. Lograr la inclusión de
jóvenes a través de la capacitación en el trabajo.
2. Impulsar el diálogo social,
la democracia sindical y la negociación colectiva auténtica conforme al nuevo
modelo laboral.
3. Recuperar el poder
adquisitivo de los salarios mínimos y los ingresos para mejorar la calidad de
vida de las y los trabajadores.
4. Dignificar el trabajo y
estimular la productividad mediante la vigilancia al cumplimiento de la
normativa laboral.
5. Lograr la inserción en un
empleo formal de las personas desempleadas, o trabajadores en condiciones
críticas de ocupación y personas inactivas con disponibilidad para trabajar,
con atención preferencial a quienes enfrentan barreras de acceso a un empleo
formal.
El
primer objetivo, relativo a la inclusión de las y los jóvenes a través de la
capacitación en el trabajo, está ligado al apartado dos del PND, “Política
Social”, el cual alude a un Estado de bienestar que estará acompañado de la
“intervención estatal encargada de moderar las profundas desigualdades
sociales”. El PND sienta las bases del PJCF, que apoyará a 2.3 millones de
jóvenes de entre 18 y 29 años que, por diversas razones, no estudian y no
trabajan. Este Programa capacita a jóvenes en las empresas, talleres, negocios,
pequeños comercios, organizaciones sociales e instituciones públicas en toda la
República Mexicana, y el Gobierno de México les otorga una prestación mensual
de 3 mil 600 pesos con motivo de su capacitación, la cual les proporcionará
habilidades que los alejen de la exclusión.
El
pleno respeto a los derechos humanos es la base cardinal que impulsa las
acciones del Gobierno de México, en este marco surge el objetivo 2 del PSTPS
“Impulsar el diálogo social, la democracia sindical y la negociación colectiva
auténtica conforme al nuevo modelo laboral”. Este se enfoca en dar cumplimiento
a las reformas constitucionales en materia de trabajo, publicadas el 1° de mayo
de 2019 en el Diario Oficial de la Federación, que instrumentan la negociación
colectiva auténtica y modifican sustancialmente todo el sistema laboral, la
libertad y la democracia sindical, así como la impartición de justicia en la
materia, al crear tribunales laborales especializados, centros de conciliación
locales y un órgano con autonomía para efectos de registros sindicales y
depósitos de contratos colectivos.
El
objetivo 3 “Recuperar el poder adquisitivo de los salarios mínimos y los
ingresos para mejorar la calidad de vida de las y los trabajadores” se alinea
al PND en cuanto a que, expresamente, este último apunta a que “después de un
periodo de 36 años de deterioro sostenido, los salarios habrán logrado en un
sexenio una recuperación de cuando menos el 20 por ciento de su poder
adquisitivo”, contribuyendo a una mejor distribución de la riqueza y del
ingreso.
Los objetivos 4 y 5 “Dignificar el trabajo y estimular la productividad mediante la vigilancia al cumplimiento de la normativa laboral” y “Lograr la inserción en un empleo formal de las personas desempleadas, trabajadores en condiciones críticas de ocupación y personas inactivas con disponibilidad para trabajar, con atención preferencial a quienes enfrentan barreras de acceso a un empleo formal” tienen que ver con la ruta hacia la garantía de derechos a la que apunta el PND, relacionada con la aplicación de la normativa laboral muchas veces ignorada; con garantizar el empleo como elemento del bienestar; con la promoción de empleos dignos para que “ningún ciudadano mexicano se vea obligado a abandonar su lugar de residencia por pobreza, marginación, falta de perspectivas de realización personal o inseguridad”[32]; con fortalecer la procuración de justicia laboral en las entidades federativas con enfoque de derechos y perspectiva de género; con incrementar la resolución de los conflictos laborales y de seguridad social en favor de las personas trabajadoras en igualdad de condiciones; con asesorar a las personas trabajadoras y a los sindicatos sobre los mecanismos de prevención y acceso a la justicia laboral; y con el principio de la Economía para el Bienestar, que el PND vincula prioritariamente con la creación de empleos.
En definitiva, estamos
comprometidos con el Proyecto de la Cuarta Transformación que reclama un Estado
de bienestar en el que construiremos la paz a través de la justicia y la
prosperidad. Esto implica cambiar la situación de pobreza de cientos de miles
de personas que la padecen, en gran medida, porque el mercado laboral en México se dedicó a abaratar el trabajo con tal de que la economía
fuera más atractiva a las inversiones extranjeras. En realidad, el trabajo es
mucho más que un insumo en las cadenas de producción. El trabajo tiene que ser
la vía para la movilidad social y
para acceder a una mejor calidad de vida. En ello estamos enfocados.
7.- Objetivos prioritarios
Los Objetivos prioritarios
que contiene este Programa se enfocan en reparar el derecho al trabajo digno de
las y los trabajadores, que ha sido históricamente vulnerado, al atender
problemáticas referidas desde distintos enfoques y con miras a reducir las
brechas de género y de desigualdad que existen actualmente en el país en
materia laboral.
Estos Objetivos se han
creado con la finalidad de contribuir al nuevo modelo de desarrollo en el que
nadie quede atrás y nadie quede fuera y, con esto, propiciar que los
trabajadores puedan acceder a un Estado de bienestar, en el que se desarrollen
integralmente tanto en lo laboral como en lo personal.
Los cinco Objetivos
prioritarios de la STPS y sus organismos sectorizados, al estar alineados al
PND y al cumplimiento cabal de la normativa laboral, proporcionarán a las
personas trabajadoras una mayor certeza al respeto de sus derechos laborales.
|
Objetivos prioritarios
del Programa Sectorial de Trabajo y Previsión Social 2020-2024 |
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1.- Lograr la inclusión
de jóvenes a través de la capacitación en el trabajo |
|
2.- Impulsar el diálogo
social, la democracia sindical y la negociación colectiva auténtica conforme
al nuevo modelo laboral |
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3.- Recuperar el poder
adquisitivo de los salarios mínimos y los ingresos para mejorar la calidad de
vida de las y los trabajadores |
|
4.- Dignificar el trabajo
y estimular la productividad mediante la vigilancia al cumplimiento de la
normativa laboral |
|
5.- Lograr la inserción
en un empleo formal de las personas desempleadas, trabajadores en condiciones
críticas de ocupación y personas inactivas con disponibilidad para trabajar,
con atención preferencial a quienes enfrentan barreras de acceso a un empleo
formal |
7.1.- Relevancia del Objetivo prioritario 1:
Lograr la inclusión de jóvenes a través de la capacitación en el trabajo
Existen en el país
millones de jóvenes que no estudian y no trabajan, no porque no quieran, sino
porque carecen de oportunidades. El mercado de trabajo, por sí mismo, ha
carecido de un mecanismo para la inclusión laboral de jóvenes, por lo que la
intervención del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro busca integrarlos en
actividades laborales para dotarlos de una vida mejor; alejarlos del desempleo
y del camino de conductas antisociales, y acelerar la preparación de jóvenes
para las actividades productivas, en previsión de un mayor crecimiento
económico en el futuro, haciéndolos copartícipes del mismo y que contribuyan a
construir un nuevo México que los reconoce y los incluye.
Con mayor capacitación
para el trabajo entre esta población de jóvenes se incrementará tanto la
producción como la productividad, se desarrollará la economía local y se
generará un ambiente favorable para la actividad económica futura. Al tener
estos jóvenes una ocupación, se fortalecerá el tejido social, el sentido de
pertenencia a la comunidad y los valores de cooperación, respeto y
responsabilidad.
Este Programa cambia el
paradigma de la articulación y coordinación entre actores. Por primera vez se
genera una alianza entre el sector público, privado y social que brinda
oportunidades a millones de jóvenes mexicanos que habían sido excluidos, a
través de su incorporación en empresas, pequeños negocios, comercios,
instituciones públicas y organizaciones sociales, para el desarrollo de
habilidades, competencias, buenos hábitos de trabajo y experiencia que les
faciliten su inserción en el mercado laboral.
Para las unidades
económicas que participan como tutores en el Programa es una oportunidad para
aprovechar el talento y energía de las y los jóvenes mexicanos, y formarlos en
las habilidades técnicas y hábitos de trabajo que requieren en sus propias
industrias y no han logrado conseguir directamente en el mercado de trabajo.
Este Programa constituye un semillero de talento para las empresas que, sin la
participación del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro como agente
vinculador, continuaría desapercibido.
Del mismo modo, la
operación del Programa rompe con los esquemas tradicionales de las bolsas de
empleo en las que los empleadores son quienes determinan las características,
competencias y experiencia deseables para postularse a sus vacantes, sin tomar
en cuenta la falta de oportunidades de la población para formar su capital
humano o perpetuando prácticas discriminatorias que reproducen los círculos de
exclusión. En el Programa Jóvenes Construyendo el Futuro, son las y los jóvenes
quienes eligen dónde, con quién y en qué capacitarse. En este sentido también
se busca que haya un cambio en la lógica de reclutamiento por parte de los
empleadores, siendo cada vez más inclusivos y abiertos a la diversidad de los
jóvenes.
Con el Programa Jóvenes Construyendo el Futuro
también se genera una política pública que busca reducir las brechas de género
en el mercado laboral, a partir de promover y propiciar la participación de las
mujeres a nivel nacional en espacios de capacitación que les posibiliten
mayores oportunidades a futuro.
El Programa adquiere una relevancia sustancial
promoviendo la capacitación de millones de jóvenes que históricamente han
tenido mayores obstáculos para acceder a las actividades productivas. Donde a
partir de las posibilidades ofrecidas por el Programa en cuanto a actividades,
horarios, intereses y ubicación de los centros de trabajo, permite que mujeres
jóvenes que se dedican al cuidado o tareas del hogar, jóvenes con discapacidad,
jóvenes que viven en zonas de alta marginación y jóvenes indígenas, ahora
tengan una mayor oportunidad para desarrollar sus habilidades.
No sobra mencionar que una parte fundamental
del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro es la beca mensual que se otorga a
las y los jóvenes que permanecen en su capacitación en el trabajo, y que va
acompañada de seguridad social. La beca se deposita directamente a los
beneficiarios por medio de cuentas bancarias, las cuales representan una
primera oportunidad de inclusión financiera y tecnológica para esta población.
Asimismo, contar con seguro médico en su primer acercamiento al mercado laboral
contribuye a que valoren las ventajas de la formalización y de mantenerse en
este esquema de protección a lo largo de su vida.
Finalmente, el Programa propicia que las y los
jóvenes transiten al mundo laboral con herramientas fundamentales de
empleabilidad y que tengan a su disposición toda la información relevante y
confiable para que, al terminar su capacitación en el trabajo, puedan emprender
un negocio propio, buscar empleo, formar una cooperativa, certificar sus
habilidades, continuar capacitándose o retomar sus estudios. Todo esto, en aras
de contribuir al mejoramiento de su vida productiva en el corto y largo plazo.
7.2.- Relevancia del Objetivo prioritario 2: Impulsar
el diálogo social, la democracia sindical y la negociación colectiva auténtica
conforme al nuevo modelo laboral
Las reformas al Sistema de Justicia Laboral
publicadas en 2017 y 2019 tienen una relevancia histórica indiscutible, pues no
solo implican la abolición de un modelo laboral ineficiente y obsoleto, sino
que reivindican los derechos de libertad, representatividad y democracia en el
mundo del trabajo, creando instrumentos y mecanismos de acceso efectivo a la
justicia apegados a un auténtico Estado de Derecho.
Dichas reformas buscan primordialmente
garantizar el derecho a una justicia imparcial, pronta y expedita, a partir de
la creación de una instancia de conciliación prejudicial obligatoria y la
transferencia de la función jurisdiccional de las Juntas de Conciliación y
Arbitraje, dependientes del Poder Ejecutivo, a Tribunales Laborales
especializados que estarán adscritos al Poder Judicial.
Con ello se privilegia la conciliación como un
mecanismo de solución de controversias, que se sigue bajo un procedimiento ágil
y sencillo, de fácil acceso, que favorece la amigable composición, y que se
llevará ante funcionarios conciliadores especialistas en solución de conflictos
y mediación, permitiendo que solo lleguen a juicio los casos en los que sea
imposible conciliar; ello redundará en mayor eficiencia resolutiva y menor
saturación de casos ante los Tribunales.
Para la etapa jurisdiccional, se establecen
Tribunales Laborales especializados dependientes del Poder Judicial, con un
nuevo procedimiento ordinario que abandona el esquema tripartito como forma de
integración y funcionamiento de los órganos de impartición de justicia, cuya finalidad
es mantener la imparcialidad y la celeridad que exige un procedimiento de
naturaleza preponderantemente oral; con ello, se pondrá fin a juicios que
actualmente tardan entre cuatro o cinco años en concluirse, ya que este
procedimiento se desahogará en dos audiencias -la preliminar y la de juicio-
por lo que se tramitarán en plazos breves, utilizando plataformas informáticas
que permitan agilizar las notificaciones e incluso desahogar vía remota pruebas
tales como testimoniales, confesionales y periciales, entre otras. Este
procedimiento está diseñado para brindar a las partes la debida seguridad,
certeza, economía, transparencia y agilidad, al estar basados en los principios
de oralidad, inmediación, concentración, continuidad y publicidad, dotando al juez
de mecanismos de control y rectoría que le permitan conducir de eficazmente el
juicio.
En materia de democracia sindical, se introduce
el voto personal, libre, directo y secreto como mecanismo para garantizar la
libertad de participación en la vida interna de los sindicatos, la
representatividad de las dirigencias sindicales y la auténtica negociación
colectiva. Esto pondrá fin a las elecciones a mano alzada o mediante delegados,
y acceder a procedimientos verdaderamente democráticos, en los que las y los
trabajadores podrán emitir directamente su voto de manera libre y secreta,
posibilitando la existencia de liderazgos investidos de auténtica legitimidad y
el rescate de la negociación colectiva genuina, como el instrumento por
excelencia de los trabajadores para mejorar sus condiciones laborales y
salariales, así como involucrarse de forma más eficaz en la productividad y
competitividad de su centro de trabajo.
Asimismo, se establecen reglas para que la
negociación colectiva, desde la celebración inicial de un contrato hasta su
revisión, responda a la voluntad de las y los trabajadores. La obtención de la
Constancia de Representatividad mediante consulta previa como condición para
acceder a la firma de un contrato colectivo acabará con las frecuentes extorsiones
por emplazamiento a huelga, mientras que el procedimiento de legitimación de
contratos colectivos existentes permitirá identificar los contratos que cuentan
con el respaldo de las y los trabajadores, y depurar el cúmulo de contratos de
protección o contratos inactivos que actualmente están depositados ante las
Juntas de Conciliación y Arbitraje.
El nuevo modelo laboral permitirá que el
mercado de trabajo vuelva a ser un factor de inclusión social, en lugar de un
generador de pobreza y desigualdad. El principio de representatividad sindical
no solo encaminará al país hacia una verdadera transformación productiva; sino
que además, asegurará que las y los trabajadores tengan acceso a un trabajo
digno y remunerador y revitalizará los sindicatos así como la contratación
colectiva como medios para construir consensos entre trabajo y capital.
A la par de introducir procedimientos
democráticos para que los trabajadores elijan a sus dirigentes y voten el
contenido de sus contratos colectivos, se creó el CFCRL, un organismo público
descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, plena
autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión, el cual
tiene como finalidad garantizar la democracia y representatividad en las
organizaciones sindicales, así como procurar el servicio de conciliación en
conflictos de competencia federal.
Además, dicho órgano se encarga de realizar
todos los registros de sindicatos, contratos colectivos, reglamentos interiores
de trabajo y otros procedimientos administrativos relacionados, garantizando el
ejercicio pleno de los derechos colectivos de los trabajadores, y vigilando que
las tomas de nota y los registros sindicales no sean herramientas para
castigar, premiar o condicionar apoyos, sino meros trámites administrativos
regidos por procedimientos claros, públicos, expeditos e imparciales.
La reforma al Sistema de Justicia Laboral no
solo implica un cambio de reglas, sino un nuevo modelo laboral y sindical, y
por ende un viraje de ciento ochenta grados en la cultura imperante en el mundo
del trabajo de nuestro país. En esta transformación, las y los trabajadores
tienen una relevancia central, pues son ellos quienes hacen posible la
transición hacia una nueva estrategia competitiva que se sustente en el incremento
de la productividad y, a la vez, sea compatible con una representatividad
sindical auténtica. El proceso de implementación de estas reformas se hará con
la profunda convicción de que no existe margen para el retroceso, pues es un
imperativo que debe asumirse por el bien de todas y todos.
7.3.- Relevancia del Objetivo prioritario 3. Recuperar
el poder adquisitivo de los salarios mínimos y los ingresos para mejorar la
calidad de vida de las y los trabajadores
La aplicación de las políticas neoliberales que
priorizaron una baja inflación y un salario bajo, limitaron el crecimiento del
salario mínimo en los últimos 40 años. Como consecuencia, se puede observar una
pérdida de su poder adquisitivo de alrededor del 70 por ciento. El escenario
antes planteado deriva en que las y los trabajadores y sus familias se
encuentren en un estado de precariedad económica, del que difícilmente podrán
salir si no es con mecanismos adecuados que les permitan incrementar su ingreso
para cubrir sus necesidades.
Es por eso que una política de recuperación del
salario mínimo y a su vez del poder adquisitivo de las y los trabajadores, es
de vital relevancia para este Gobierno. Para contrarrestar esta problemática, a
partir del 1 de enero de 2019, se dio inicio a la nueva política de salarios
mínimos, que significó un incremento histórico que alcanzó los 102.68 pesos
diarios en todo el país. Asimismo, se creó la Zona Libre de la Frontera Norte
(ZLFN) con los 43 municipios ubicados en los
Si bien es cierto que con la fijación del
salario mínimo general de 2019 apenas es posible cubrir el 59.01% de la Línea
de Pobreza por Ingresos urbana familiar[33] fijada por el Coneval (con datos a octubre de
2019), se establecen las bases para la recuperación del poder adquisitivo de
los salarios de las familias y la disminución de la desigualdad de ingresos.
Como resultado de la nueva política de salarios
mínimos, el salario promedio real se incrementó a tasa anual en 11% en la ZLFN
y 2.4% en el resto del país; en el caso del 10% de los trabajadores de menores
ingresos el incremento real anual ha sido cercano al 70% (datos a octubre 2019)[34].
Asimismo, debido en parte al incremento del salario mínimo, 1.23 millones de personas han salido de la pobreza laboral, es decir, el monto actual del salario mínimo ha permitido que un mayor porcentaje de hogares puedan acceder a la canasta alimentaria para cada uno de sus integrantes[35].
La recuperación del salario mínimo también ha reducido las brechas salariales que afectan a mujeres y grupos en situación de discriminación. En 2018, el salario promedio de las mujeres en la ZLFN era 296.9 pesos diarios, mientras que para los hombres era 370.8 pesos diarios, obteniendo una brecha salarial de 24.88% a favor de los hombres. Debido al incremento del salario mínimo, el ingreso de los hombres aumentó 2.99% y el de las mujeres en 5.11%, por lo que la brecha se redujo a 22.25%.
La política de recuperación del salario mínimo, además de haber beneficiado a las y los mexicanos que menos tienen, benefició a la economía popular. Aunque algunos indicadores económicos se han estancado, el consumo de alimentos y vestido, es decir, bienes de primera necesidad continuaron creciendo durante todo el año. Las ventas al por menor se incrementaron 3.5% y el consumo de bienes no duraderos lo hizo en 1.4%[36].
A más de un año del incremento del salario mínimo, se ha demostrado que los temores sobre los efectos negativos en el empleo y los precios no se han materializado[37] y que lejos de representar un riesgo en la estabilidad económica, el incremento salarial es un aliciente a la formalidad, a la demanda interna y al crecimiento del país. Es fundamental hacer frente a la deuda histórica de rezago salarial con las y los trabajadores que han vivido el deterioro de sus ingresos y de la calidad de vida de sus familias.
Adicionalmente, una forma directa de coadyuvar a contrarrestar el deterioro de la calidad de vida de la población de menores ingresos, es facilitar, a través del Infonacot, el acceso a los servicios financieros de los que históricamente se han visto marginados. El fomento e impulso a una banca más social desde el Infonacot es necesaria en mercados propensos a fallas en donde la intermediación financiera privada no considera los altos niveles de desigualdad social.
Como parte de la naturaleza de
los mercados emergentes, una banca más social sin fines de lucro puede corregir
las distorsiones de mercado, principalmente las relacionadas con las
restricciones de acceso a segmentos de la población de bajos niveles de
ingreso, facilitándoles condiciones favorables de acceso a crédito, con el fin
de contribuir a disminuir su vulnerabilidad y aumentar su bienestar; lo que
representa algunos de los objetivos del Infonacot.
También se busca la eliminación
de barreras de acceso a los servicios financieros, y en particular al crédito,
de un segmento importante de la población de las y los trabajadores formales,
les permite cubrir necesidades apremiantes y, en otros casos, adquirir bienes
durables, incrementando su bienestar y el de sus familias. Al mismo tiempo, el
consumo impulsa la dinámica económica interna. No obstante, el derecho al
acceso a crédito debe estructurarse responsablemente, considerando la capacidad
de pago derivada del salario, como una medida que fortalezca el poder
adquisitivo de las y los trabajadores a partir de la disposición de ingresos
complementarios que les permitan la adquisición de bienes o el pago de
servicios necesarios en situaciones determinadas, favoreciendo tanto sus
condiciones de vida y de sus familias, como la inclusión o aseguramiento de su
permanencia en el sistema financiero.
Adicionalmente, los créditos
deben ser otorgados también con las condiciones más favorables posibles para
los acreditados, por lo que la aplicación de los principios de austeridad,
honradez y eficacia en el Infonacot, toma relevancia y es preponderante para la
generación de ahorros, solvencia y rentabilidad institucional. Esto se
traducirá en beneficios tangibles para las personas trabajadoras y sus
familias, a través de la reducción de las tasas de interés que les conceda
obtener más dinero y pagar menos por él, al realizar las acciones institucionales
necesarias para que en dichas tasas no se consideren costos innecesarios y que,
por el contrario, les permitan mantener condiciones de protección en caso de la
pérdida de su empleo.
7.4.- Relevancia del Objetivo prioritario 4.
Dignificar el trabajo y estimular la productividad mediante la vigilancia al
cumplimiento de la normativa laboral
Para alcanzar la dignificación
del trabajo planteada en el objetivo prioritario cuarto de la planeación
sectorial de la Secretaría, las metas consideran como estratégico combatir
decididamente la informalidad que existe dentro del sector formal de la
economía; la mejora sustancial en la calidad, la eficacia y la oportunidad de
la inspección federal del trabajo; el fomento masivo a los mecanismos de
autogestión y de autocumplimiento de la empresas de la normatividad vigente;
las políticas activas y participativas para el fomento de la Seguridad y la
Salud en los centros de trabajo, y la eliminación de barreras que impiden a
todas las personas ser iguales en el ambiente laboral. Por otra parte, con el
fin de afrontar los cambios del mercado laboral ocasionados por factores tan
diversos como la automatización, los cambios demográficos o el cambio
climático, se elaborará la Estrategia Nacional sobre el Futuro del Trabajo, generando
una sinergia con todos y cada uno de los actores nacionales, para que nadie se
quede fuera y todos participen en la planeación y la puesta en marcha de
acciones que garanticen empleos dignos en México en los próximos años.
La vigilancia de la seguridad y
salud laborales constituye una de las atribuciones principales de la STPS, de
ahí que las acciones de la Secretaría se encaucen a definir de manera
incluyente y tripartita la política pública en la materia, actualizando la
normatividad en esas materias para contemplar nuevos riesgos y tecnologías,
promoviendo la colaboración para fortalecer las acciones de prevención de
riesgos, así como llevando a cabo acciones de difusión de la normatividad para
promover su cumplimiento.
Al ser la inspección del trabajo
el mecanismo para asegurar el cumplimiento de la legislación laboral, se
requiere también actualizar sus prácticas y normatividad para mejorar la
fiscalización y vigilar allí donde hace falta. La nueva visión de la inspección
pretende hacerla más efectiva y lograr mejores resultados reduciendo los
procedimientos burocráticos, impulsando reformas integrales para mejorar el
marco legal, coordinando y dirigiendo las inspecciones de trabajo con nuevos
enfoques, estrategias e instrumentos con una visión de lucha frontal contra la
corrupción. Lo anterior, con el fin de coadyuvar a la mejora de las condiciones
del mercado laboral mexicano con un especial interés en materia de Salud y
Seguridad en el trabajo y combate a la subcontratación y al subregistro en el IMSS.
Por otra parte, la falta de
inclusión laboral niega la dignidad a un segmento de la población activa
segregado históricamente. Por ello una estrategia implica fortalecer las
medidas de inclusión y fomentar la igualdad de oportunidades, para que la política
laboral se enfoque decididamente a favor de los más desfavorecidos y el trabajo
digno sea una realidad para todos. En general, se creará una cultura de trabajo
digno que incluya a todos los actores involucrados y logre acuerdos a través
del diálogo social.
Asimismo, se buscará impulsar el
derecho de los trabajadores a una capacitación constante que coadyuve en su
permanencia laboral, así como a una mejora de su empleabilidad. De la misma
manera, se fortalecerá una defensoría pública con clara vocación de derechos,
cercana a la gente y eficiente en su trabajo, con el fin de que los
trabajadores acudan a ella para resolver sus conflictos laborales.
Para conseguir el objetivo
planteado, la Secretaría busca que el trabajo digno o decente sea una creciente
realidad para un mayor número de trabajadores, en un amplio conjunto de
ocupaciones, entre ellas, las personas trabajadoras del hogar, los jornaleros
agrícolas, y los trabajadores en instituciones formales pero contratados bajo
esquemas y prácticas que excluyen la seguridad social.
Todas estas acciones y
estrategias comparten principios de inclusión y transparencia para mejorar el
nivel de vida de las personas trabajadoras. Con ello la STPS contribuye a
lograr la efectividad de la justicia social, para que el trabajo se convierta
en un instrumento para eliminar o aminorar las brechas entre las personas, y
permitir que nadie se queda atrás y que nadie se queda afuera de los esquemas
de desarrollo, igualdad y justicia social.
7.5.- Relevancia del Objetivo prioritario 5:
Lograr la inserción en un empleo formal de las personas desempleadas,
trabajadores en condiciones críticas de ocupación y personas inactivas con
disponibilidad para trabajar, con atención preferencial a quienes enfrentan
barreras de acceso a un empleo formal
En el apartado “Análisis del
estado actual” se señaló como problema público la existencia de un mercado de
trabajo con un modelo de intermediación laboral ineficaz, ineficiente y
excluyente, lo que implica que la deficiente articulación entre oferta y
demanda laboral dificulte que las personas en búsqueda de empleo accedan a un
empleo formal.
Ante esta situación, es
primordial que la STPS facilite la inserción en un empleo formal de los
buscadores de trabajo, en especial de las personas que enfrentan barreras de
acceso, por lo cual se debe fortalecer la intermediación laboral y la
capacitación para la empleabilidad. Para que los beneficios de una mejor
intermediación laboral lleguen a las personas que más los requieren, el SNE se
debe enfocar en su población objetivo, conformada por personas desempleadas,
personas ocupadas en condiciones críticas de ocupación, trabajadores informales
que no están en condiciones críticas de ocupación y que buscan empleo, y
población económicamente inactiva disponible.
Cuando la intermediación laboral
genera emparejamientos laborales de calidad, se fomenta un mejor funcionamiento
del mercado laboral y se proporcionan beneficios sociales que provienen de una
mejor información, menores costos, transiciones laborales más rápidas, menores
niveles de discriminación y menor subempleo e informalidad
laboral[38]. Por ello, es importante
proveer de manera focalizada y personalizada, información pertinente,
suficiente y oportuna sobre requerimientos de las vacantes, características de
los buscadores de trabajo y condiciones del mercado laboral.
Para que sea efectiva la
intermediación laboral, no basta con poner en contacto a empleadores con
buscadores de trabajo, sino que se deben proporcionar servicios integrales
personalizados. En la medida que la consejería de empleo del SNE se enfoca en
insertar en un empleo formal a su población objetivo, se reconocen los
conocimientos, habilidades, actitudes, preferencias y expectativas de las
personas en búsqueda de trabajo; se les proporciona orientación vocacional y
sobre trayectorias laborales; se exploran sus opciones laborales y de formación
profesional, y se les brinda información sobre vacantes. Por su parte, con el
mismo propósito de lograr inserciones en empleos formales, la consejería de
reclutamiento del SNE incluye asistencia a empleadores para determinar sus
requerimientos de recursos humanos y los perfiles idóneos para sus vacantes;
transferencia de información sobre la disponibilidad de buscadores de empleo, y
apoyo en el proceso de reclutamiento para valorar a profundidad las
características de los buscadores de trabajo y su adecuación a las vacantes
existentes.
Cuando se dificulta la inserción
laboral en un empleo formal de las personas en búsqueda de trabajo debido a que
enfrentan barreras de acceso, se requiere brindarles un mayor apoyo mediante un
acompañamiento más cercano y prolongado por parte del consejero de empleo,
incluido un diagnóstico individualizado de las barreras que hayan enfrentado,
así como su canalización a subprogramas de apoyo, tales como capacitación para
la empleabilidad o movilidad laboral. Además, para facilitar la superación de
estas barreras, es importante que se incida en el proceso del reclutamiento de
las empresas para identificar y eliminar sus elementos discriminatorios.
Cuando la falta de
correspondencia entre los requerimientos de las vacantes y las competencias
laborales de los buscadores de trabajo dificulta cubrir las vacantes
disponibles e insertar a las personas desempleadas en un empleo, se debe lograr
que éstos adquieran las competencias requeridas por los empleadores, lo cual se
puede apoyar mediante la capacitación para la empleabilidad.
Adicionalmente, con mecanismos
adecuados de intermediación laboral, el SNE facilita la movilidad laboral,
tanto interna como externa, de los jornaleros agrícolas, lo cual propicia que
se coloquen en mejores empleos en términos de ingreso, prestaciones y
condiciones laborales, contribuyendo a superar su situación de vulnerabilidad
en el mercado laboral. Para atender la movilidad laboral de trabajadores no
agrícolas, aprovechando desequilibrios de carácter estacional, se necesita
gestionar que los trabajadores migrantes reciban vivienda y otros servicios.
Cuando los desequilibrios no son de carácter estacional se requiere una
migración permanente, para lo cual el SNE debe gestionar un conjunto de apoyos
más amplio que facilite la instalación en el lugar de destino, de las personas
que decidan que migrar es su mejor opción.
Con el fin de mejorar la
atención que brinda el SNE, se llevará a cabo una profunda transformación
digital que, basada en diversas herramientas tecnológicas integradas en una
plataforma digital, permitirá, entre otros beneficios, mejorar el
emparejamiento virtual y presencial entre vacantes y buscadores de empleo,
sistematizar e integrar los procesos operativos y dar seguimiento personalizado
a todos los buscadores de empleo y empleadores.
8.- Estrategias prioritarias
y Acciones puntuales
La STPS y sus organismos
sectorizados tienen como finalidad el respeto al Estado de Derecho y, por
tanto, el cumplimiento de la normativa laboral vigente amparada en el artículo
123 de la CPEUM y lo comprendido en la LFT. Las Estrategias prioritarias y sus
Acciones puntuales buscan subsanar y hacer valer el derecho al trabajo digno.
Enfocaremos nuestros esfuerzos en la inclusión de jóvenes por medio de la
capacitación al trabajo; la implementación de un nuevo modelo laboral en el que
la representación sindical será verdadera; la mejora de los salarios por arriba
de la inflación; el derecho al trabajo digno, y el logro de la inserción en un
empleo formal de las personas desempleadas.
Debido a lo anterior, se han
fijado las siguientes Estrategias y Acciones que permitirán que la STPS y sus
organismos sectorizados participen en el desarrollo y crecimiento económico del
país, promoviendo un ambiente de respeto, igualdad y legalidad para que nadie
quede excluido y para que las y los trabajadores accedan a una mejor calidad de
vida.
Objetivo prioritario 1.- Lograr la inclusión
de jóvenes a través de la capacitación en el trabajo
Estrategia
prioritaria 1.1.- Instrumentar el Programa Jóvenes Construyendo el Futuro a
nivel nacional entre las y los jóvenes de
|
Acción puntual |
|
1.1.1 Propiciar la vinculación de jóvenes, entre 18 y 29 años que no
realicen actividades productivas o educativas y busquen capacitarse
laboralmente, con centros de trabajo de los sectores público, privado y
social dispuestos a capacitarles a través de su incorporación en el PJCF. |
|
1.1.2 Difundir entre jóvenes y centros de trabajo el
PJCF y los derechos de los beneficiarios, especialmente en poblaciones con
alta marginación, con énfasis en la garantía de sus derechos humanos y no discriminación. |
|
1.1.3 Garantizar el pago directo y oportuno de
becas, así como la cobertura del seguro médico del IMSS por enfermedad,
maternidad y riesgos de trabajo para las y los aprendices. |
|
1.1.4
Validar
las constancias de capacitación que se otorguen al concluir la participación
de las y los aprendices. |
|
1.1.5
Otorgar
reconocimientos de Empresa con compromiso social a los centros de trabajo que
lo soliciten. |
|
1.1.6
Monitorear
a las personas aprendices y tutoras en el desarrollo de las capacitaciones, como
la participación efectiva de los centros de trabajo en el PJCF con apego a
las Reglas de Operación, que garanticen el respeto a sus derechos humanos y
prevengan cualquier tipo de discriminación. |
|
1.1.7
Ofrecer
a las y los becarios acceso a espacios y bienes culturales, recreativos y
deportivos, así como a recursos en línea en la plataforma del PJCF que
complementen la capacitación en el trabajo. |
|
1.1.8
Promover
la colaboración de organizaciones e instituciones de los sectores público,
privado y social para la atención integral de las y los jóvenes
históricamente discriminados. |
Estrategia prioritaria 1.2.- Generar, a
través de la estrategia Mes 13, acciones para coadyuvar a una transición
exitosa de la capacitación hacia la construcción y consolidación de un plan de
vida y trabajo digno
|
Acción puntual |
|
1.2.1 Ayudar a la transición exitosa de las y los
egresados del PJCF a
una actividad productiva o educativa, a través de un repositorio de opciones
de salida tales como: empleo, autoempleo, emprendimientos colectivos o
individuales, certificación y retomar estudios. |
|
1.2.2 Dar seguimiento a las y los becarios que
concluyen su capacitación en el trabajo en el PJCF para identificar
trayectorias de vida. |
|
1.2.3 Canalizar a las becarias y becarios que
culminen su periodo de capacitación en el PJCF al Servicio Nacional de Empleo para promover
su inserción laboral formal. |
Objetivo prioritario 2.- Impulsar el diálogo
social, la democracia sindical y la negociación colectiva auténtica conforme al
nuevo modelo laboral
Estrategia prioritaria 2.1.- Instrumentar los
mecanismos idóneos en los procesos de consulta y democracia sindical para
garantizar el voto personal, libre, directo y secreto de los trabajadores
|
Acción puntual |
|
2.1.1 Consolidar el procedimiento de Legitimación de
Contratos Colectivos existentes para que subsistan solo aquellos contratos
que fueron conocidos y aprobados por los trabajadores. |
|
2.1.2 Diseñar e implementar procesos de verificación
en procedimientos de elección de dirigencias sindicales, legitimación de
contratos colectivos existentes, emisión de constancia de representatividad y
consultas en la revisión de contratos colectivos de trabajo. |
|
2.1.3 Promover la adecuación de estatutos de las
organizaciones sindicales mediante la elaboración de guías informativas y
material de difusión sobre el nuevo modelo laboral para que los sindicatos
cumplan con las nuevas disposiciones legales. |
|
2.1.4 Promover la capacitación y la elaboración de materiales referentes al
nuevo modelo laboral y su impacto en el trabajo digno. |
Estrategia prioritaria 2.2.- Promover la solución de conflictos
mediante el fortalecimiento del servicio público de conciliación bajo los
principios del nuevo modelo laboral
|
Acción puntual |
|
2.2.1
Fortalecer el
servicio público de conciliación a través de la legalidad, el diálogo y el
respeto a la libertad de negociación colectiva en revisiones contractuales,
salariales y conflictos laborales, para propiciar la toma de acuerdos a
partir de la armonización de intereses entre capital y trabajo. |
|
2.2.2
Promover la instalación
del CFCRL |
|
2.2.3
Garantizar un servicio público de conciliación auténtico en la solución de
los conflictos laborales de orden colectivo, con legalidad, diálogo social y
respeto al principio de bilateralidad en las negociaciones colectivas
respetando los derechos humanos de las y los trabajadores. |
|
2.2.4 Procurar la solución de los
conflictos laborales derivados de la revisión y aplicación de las condiciones
de trabajo consignadas en los Contratos Ley y Contratos Colectivos de Trabajo
de jurisdicción federal, mediante el servicio público de conciliación, tanto
en la STPS, como en el CFCRL. |
|
2.2.5
Convocar a las convenciones obrero patronales revisoras de los Contratos Ley
Vigentes, ya sea en su aspecto salarial o integral, en tanto entre en
funciones el CFCRL. |
|
2.2.6
Privilegiar la conciliación como mecanismo para la solución de conflictos
individuales laborales. |
Estrategia prioritaria 2.3.- Consolidar los procedimientos para el
registro y actualización de organizaciones sindicales mediante el seguimiento
puntual del nuevo modelo laboral
|
Acción puntual |
|
2.3.1
Resolver las
solicitudes de registro de organizaciones sindicales de competencia federal,
con la debida fundamentación y motivación, con base en la normativa laboral,
así como las demás fuentes de derecho aplicables, en un tiempo menor a 20
días naturales, en beneficio de sindicatos y sus agremiados. |
|
2.3.2
Resolver solicitudes de actualización de comités directivos, reformas
estatutarias y altas y bajas de miembros de sindicatos de competencia
federal, con base en la normativa laboral aplicable, en un tiempo menor a 20
días naturales, en beneficio de sindicatos y agremiados. |
|
2.3.3
Atender solicitudes de copias certificadas realizadas por representantes
legales de sindicatos de competencia federal, en menos de 20 días naturales,
para que estos cuenten con un documento que acredite su personalidad
jurídica, y estén posibilitados para representar debidamente a sus miembros. |
|
2.3.4 Coordinar las acciones de
transferencia de expedientes registrales de las Juntas de Conciliación y
Arbitraje al CFCRL para garantizar la continuidad de los registros de
organizaciones sindicales y contratos colectivos de trabajo. |
|
2.3.5 Publicar la información de las organizaciones
sindicales en el portal de internet de la STPS y del CFCRL cuando entre en
funciones. |
Estrategia prioritaria 2.4.- Remitir los Contratos Colectivos de
Trabajo y Reglamentos Interiores de Trabajo al CFCRL, una vez que éste entre en
funciones, para dar cumplimiento al decreto de la reforma laboral de 2019
|
Acción puntual |
|
2.4.1
Concluir la
clasificación y ordenación de los Contratos Colectivos de Trabajo y
Reglamentos Interiores de Trabajo. |
|
2.4.2
Enviar de manera completa y oportuna, los listados e información digitalizada
de los Contratos Colectivos de Trabajo al CFCRL. |
|
2.4.3
Trasladar físicamente en tiempo y forma, los expedientes de Contratos
Colectivos de Trabajo y Reglamentos Interiores de Trabajo al CFCRL. |
Estrategia prioritaria 2.5.- Implementar el Plan y Programa de Trabajo
para la conclusión de los asuntos en trámite y la ejecución eficaz de los
laudos de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje
|
Acción puntual |
|
2.5.1
Determinar cargas de
trabajo y recursos con que se cuenta para su atención. |
|
2.5.2 Privilegiar la conciliación para acortar los
tiempos de resolución de los asuntos individuales en trámite a cargo de la
Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. |
|
2.5.3 Agilizar el trámite en la etapa de
instrucción. |
|
2.5.4 Emitir con prontitud y calidad
las resoluciones. |
|
2.5.5
Agilizar la ejecución de los laudos y vigilar su total cumplimiento. |
|
2.5.6
Establecer un sistema de evaluación del desempeño de las áreas y personal
jurídico que atiende procesos de alto impacto a los usuarios. |
Objetivo prioritario 3.- Recuperar el poder adquisitivo de los salarios
mínimos y los ingresos para mejorar la calidad de vida de las y los
trabajadores
Estrategia prioritaria 3.1.- Impulsar el incremento sostenido y
responsable de los salarios mínimos con la finalidad de mejorar su poder
adquisitivo y cumplir el mandato constitucional de beneficiar a las personas
trabajadoras y a sus familias
|
Acción puntual |
|
3.1.1 Fijar metas en el incremento de
los salarios mínimos para mejorar el poder adquisitivo. |
|
3.1.2
Elaborar análisis referentes a los efectos de la Nueva Política de Salarios
Mínimos a razón de conocer su impacto en la economía familiar y en variables
económicas clave como empleo, salario promedio e inflación, así como los
efectos desagregados por género, región y grupos etarios y étnicos. |
|
3.1.3
Elaborar una canasta alimentaria y no alimentaria para medir los bienes y
servicios que debe tener una persona trabajadora que perciba un salario
mínimo para tener una vida digna. |
|
3.1.4
Evaluar el sistema de
salarios mínimos profesionales vigente con el fin de desarrollar un nuevo
sistema de salarios mínimos ocupacionales y profesionales acorde con la
estructura laboral y tecnológica actual. |
|
3.1.5 Coadyuvar en la disminución de las brechas
salariales en algunas de las categorías del sistema de salarios mínimos
profesionales para mejorar el poder adquisitivo de las mujeres y jóvenes. |
Estrategia prioritaria 3.2.- Garantizar el acceso a financiamiento en
condiciones favorables a las personas trabajadoras formales, para incrementar
su calidad de vida y la de sus familias
|
Acción puntual |
|
3.2.1 Impulsar la afiliación de los
centros de trabajo al Infonacot, para ampliar el número de personas
trabajadoras en condiciones para acceder al crédito. |
|
3.2.2
Promover mejoras en las condiciones de otorgamiento del crédito, en la
diversificación de fuentes de financiamiento y en la recuperación de cartera,
que garanticen la sustentabilidad financiera del Infonacot y permita el
incremento del monto de financiamiento otorgado a las personas trabajadoras. |
|
3.2.3
Implementar mejoras tecnológicas en procesos operativos del Infonacot para
mejorar la atención a las personas trabajadoras y centros de trabajo; y
capacitar a sus recursos humanos en temas referentes a igualdad y no
discriminación para la atención adecuada a grupos con enfoque diferenciado. |
|
3.2.4 Dar continuidad y fortalecer
iniciativas de financiamiento aprobadas para mujeres trabajadoras y personas
trabajadoras damnificadas por desastres naturales, así como generar
iniciativas que permitan diseñar créditos preferenciales para otros segmentos
específicos de personas trabajadoras formales. |
Objetivo prioritario 4.- Dignificar
el trabajo y estimular la productividad mediante la vigilancia al cumplimiento
de la normativa laboral
Estrategia prioritaria 4.1.- Impulsar
acciones para favorecer la protección social de las personas trabajadoras ante
el futuro del trabajo con perspectiva de igualdad y no discriminación
|
Acción puntual |
|
4.1.1 Elaborar la
estrategia nacional sobre el futuro del trabajo con la participación de
gobierno, academia, trabajadores y empleadores para dignificar el trabajo en
México. |
|
4.1.2 Realizar acciones de
coordinación, información y difusión orientadas a facilitar el acceso al
derecho de las personas trabajadoras a la seguridad social. |
|
4.1.3 Coordinar la
elaboración de estudios, diagnósticos, encuestas y otros documentos de
carácter analítico que permitan conocer el estado de segmentos específicos de
las personas trabajadoras en materia de seguridad social, con especial
énfasis en grupos históricamente discriminados. |
Estrategia prioritaria 4.2.- Promover
el cumplimiento de las condiciones de trabajo digno a través de la utilización
de mecanismos voluntarios, de autogestión y de autoevaluación
|
Acción puntual |
|
4.2.1 Impulsar los mecanismos de cumplimiento
voluntario de normatividad laboral para la prevención de los accidentes y
enfermedades de trabajo. |
|
4.2.2 Reconocer los centros de trabajo
con condiciones de trabajo digno que implementan políticas y buenas prácticas
por encima de la ley en favor de las personas trabajadoras. |
|
4.2.3 Fortalecer
los mecanismos de autogestión para elevar el nivel de cumplimiento de
obligaciones laborales en el marco del trabajo digno, incluyendo la
capacitación y adiestramiento, las condiciones generales de trabajo, la
seguridad y salud en el trabajo y la igualdad sustantiva y no discriminación. |
|
4.2.4 Promover
acuerdos de colaboración con los sectores público, privado y social para la
adopción de mecanismos de autogestión y autoevaluación con el propósito de
favorecer condiciones de trabajo digno. |
Estrategia prioritaria 4.3.-
Propiciar que los centros de trabajo cuenten con condiciones de seguridad y
salud que prevengan los accidentes y enfermedades de trabajo
|
Acción puntual |
|
4.3.1 Definir la política pública en
materia de seguridad y salud en el trabajo con la participación de los
empleadores y personas trabajadoras, procurando la incorporación de nuevas
organizaciones sindicales, así como de interesados en la materia. |
|
4.3.2 Actualizar
la normativa en materia de seguridad y salud en el trabajo, con perspectiva
de igualdad y no discriminación. |
|
4.3.3 Promover la
colaboración entre empleadores y personas trabajadoras en los mecanismos de
participación ciudadana para fortalecer las acciones de prevención de los
riesgos de trabajo. |
|
4.3.4 Difundir la normatividad en
materia de seguridad y salud en el trabajo y promover su cumplimiento, con la
participación de las organizaciones de personas trabajadoras y empleadores,
así como de instituciones educativas y sociales. |
Estrategia prioritaria 4.4.-
Reestructurar la inspección laboral con énfasis en la simplificación normativa,
la capacitación, el uso de nuevas tecnologías y la lucha frontal contra la
corrupción, para garantizar el cumplimiento de la normativa laboral vigente con
una perspectiva de no discriminación e inclusión
|
Acción puntual |
|
4.4.1 Impulsar la reforma normativa para
simplificar y hacer más eficiente el marco legal vigente en materia de
inspección. |
|
4.4.2 Coordinar y
dirigir las inspecciones de trabajo con nuevos enfoques, estrategias e
instrumentos con el fin de contribuir al trabajo digno o decente, con
perspectiva de género, inclusión y no discriminación. |
|
4.4.3 Implementar mecanismos eficaces para
optimizar y consolidar el proceso de inspección como herramienta eficaz para
proteger los derechos de las personas trabajadoras. |
|
4.4.4 Promover el diálogo entre empleadores y personas trabajadoras, con el
fin de mejorar las condiciones de trabajo y la productividad. |
|
4.4.5 Fortalecer los mecanismos de inspección a través de la vinculación con
otros entes gubernamentales, para el intercambio de información con el objeto
de vigilar el marco normativo en materia de subcontratación y subregistro. |
Estrategia prioritaria 4.5.- Impulsar
acciones que promuevan la inclusión laboral, la capacitación y productividad,
la igualdad de oportunidades, la protección a menores en edad permitida para
trabajar y la erradicación del trabajo infantil
|
Acción puntual |
|
4.5.1 Promover prácticas que fomenten la inclusión laboral y la igualdad de
oportunidades con perspectiva antidiscriminatoria y de género. |
|
4.5.2 Fomentar acciones para la protección de
menores en edad permitida para trabajar y para la erradicación del trabajo
infantil, así como la protección de las personas trabajadoras jornaleras
agrícolas. |
|
4.5.3 Organizar encuentros de concertación y
diálogo social en materia de capacitación y productividad, donde se
establezcan y compartan objetivos y se asuman compromisos de recíproca
conveniencia. |
|
4.5.4 Generar convenios de colaboración con los diversos actores vinculados
al mundo del trabajo, para fomentar el cumplimiento de las obligaciones
legales en materia de capacitación, bajo los principios de inclusión, no
discriminación y de interseccionalidad. |
|
4.5.5 Elaborar diagnósticos y estudios regionales y por sectores económicos
en materia de capacitación, productividad laboral, nuevo modelo laboral y
mercado del trabajo, así como indicadores del trabajo decente y perspectiva
de género que permitan valorar las tendencias en el mercado de trabajo. |
|
4.5.6 Coadyuvar en la mejora de las condiciones laborales de las personas
trabajadoras del hogar con perspectiva de género y no discriminación. |
Estrategia prioritaria 4.6.- Impulsar
acciones para el acceso y el fomento a una cultura de trabajo digno o decente,
con perspectiva de igualdad y no discriminatoria
|
Acción puntual |
|
4.6.1 Promover el cumplimiento de las condiciones de trabajo digno o decente
mejorando el conocimiento de obligaciones y derechos de empleadores y
trabajadores. |
|
4.6.2 Fortalecer la procuración de justicia
laboral a través de los servicios de asesoría, mediación y representación
jurídica, con enfoque de derechos y perspectiva de género, en todas las
entidades federativas. |
|
4.6.3 Incrementar la resolución de los conflictos
laborales y de seguridad social en favor de las personas trabajadoras, sus
beneficiarios y los sindicatos, a través de la conciliación y la
representación jurídica efectiva. |
|
4.6.4 Asesorar a las personas trabajadoras, sus beneficiarios y a los sindicatos
con mecanismos de prevención y acceso a la justicia laboral y de seguridad
social en igualdad de condiciones. |
|
4.6.5 Capacitar de manera inclusiva, equitativa y de calidad a las y los
servidores públicos de la Profedet en
materia de Derechos Humanos con el fin de fortalecer el acceso a la
procuración de justicia y de derechos laborales en la atención a grupos
históricamente discriminados. |
|
4.6.6 Fortalecer la capacitación de las personas trabajadoras mediante la
oferta de cursos en las modalidades presencial y a distancia. |
|
4.6.7 Difundir y promover la normatividad vigente en materia de capacitación
y adiestramiento. |
|
4.6.8 Monitorear y dar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones
legales en materia de capacitación. |
|
4.6.9 Participar en las sesiones del Comité Nacional de Concertación y
Productividad y proponer estrategias que promuevan la capacitación de las
personas trabajadoras. |
Objetivo prioritario 5.- Lograr la
inserción en un empleo formal de las personas desempleadas, trabajadores en condiciones
críticas de ocupación y personas inactivas con disponibilidad para trabajar,
con atención preferencial a quienes enfrentan barreras de acceso a un empleo
formal
Estrategia prioritaria 5.1.-
Fortalecer la intermediación laboral con información suficiente, oportuna y
pertinente considerando el perfil de las personas en búsqueda de empleo y los
requerimientos de los puestos de trabajo vacantes
|
Acción puntual |
|
5.1.1 Brindar los servicios de
consejería de empleo y consejería de reclutamiento que otorga el Servicio
Nacional de Empleo, con un esquema de atención basado en ventanilla única y
gradualidad de intervención según las barreras de acceso al empleo. |
|
5.1.2 Mejorar la
profesionalización de los recursos humanos responsables de la consejería de
empleo y la consejería de reclutamiento para implementar y operar eficazmente
el modelo de intermediación laboral, en beneficio de las personas en búsqueda
de empleo y de empleadores. |
|
5.1.3 Desarrollar
y aprovechar una plataforma digital que apoye los procesos de atención a las
personas en búsqueda de empleo y a los empleadores con vacantes, y brinde
información sobre las características de los mercados de trabajo locales. |
|
5.1.4 Implementar un modelo de
seguimiento y evaluación, soportado en todas las fuentes de información
disponibles. |
Estrategia prioritaria 5.2.- Promover
el mejoramiento de las competencias laborales y empleabilidad de las personas
desempleadas que enfrentan barreras de acceso a un empleo formal
|
Acción puntual |
|
5.2.1 Otorgar apoyos para capacitación
de corto plazo que mejoren la empleabilidad de las personas desempleadas con
dificultades para su inserción laboral en un empleo formal. |
|
5.2.2 Asegurar la
pertinencia para la empleabilidad de los contenidos de los cursos de
capacitación, identificando las competencias laborales requeridas por las
vacantes, así como las necesidades y capacidades de aprendizaje de las
personas desempleadas. |
|
5.2.3 Dar seguimiento a los resultados de la
capacitación en términos de inserción laboral y nivel de ingreso de las
personas beneficiadas. |
Estrategia prioritaria 5.3.- Facilitar la migración ordenada y segura
de las personas en búsqueda de empleo que residen en regiones con reducidas
oportunidades de empleo y que deseen migrar por motivos laborales, para acceder
a puestos de trabajo acordes a su perfil e intereses
|
Acción puntual |
|
5.3.1 Gestionar la contratación de
personas trabajadoras migrantes y jornaleros agrícolas en mercados laborales
complementarios, tanto nacionales como extranjeros. |
|
5.3.2 Implementar
y ejecutar mecanismos que aseguren una movilidad laboral interna y externa
que sea ordenada y segura, y que proteja los derechos laborales de las
personas migrantes y de jornaleros agrícolas, basado en un enfoque de pleno
respeto a los derechos humanos. |
9.- Metas para el bienestar y Parámetros
Las Metas para el bienestar y los parámetros se
enfocan en medir la contribución de la STPS y sus organismos sectorizados a la
resolución de los problemas públicos plasmados en este documento, con la
finalidad de generar información que sea de utilidad para la consecución y el
seguimiento de los Objetivos prioritarios, las Estrategias prioritarias y las
Acciones puntuales, siguiendo los principios rectores comprendidos en el PND.
Las Metas para el bienestar y sus parámetros
tienen el objetivo de medir el nivel de cumplimiento de la normativa laboral y
del respeto al derecho a un trabajo digno de las y los trabajadores. Esto
implica que, a largo plazo, el país verá una mejora en la calidad de vida de la
población trabajadora, y permitirá cerrar brechas, incluir a los jóvenes al
ámbito laboral, priorizar la atención de procesos laborales rezagados, impulsar
una democracia sindical auténtica, generar un incremento real de los salarios
mínimos, dignificar el trabajo, estimular la productividad, incorporar
efectivamente a las personas trabajadoras a la seguridad social, así como
insertar en un empleo formal a los buscadores de trabajo.
Meta para el bienestar
del Objetivo prioritario 1
|
ELEMENTOS DE META PARA EL
BIENESTAR O PARÁMETRO |
|||
|
Nombre |
1.1 Porcentaje acumulado
de jóvenes de |
||
|
Objetivo prioritario |
Lograr la inclusión de
jóvenes a través de la capacitación en el trabajo |
||
|
Definición o descripción |
Mide el porcentaje
acumulado de la población total de jóvenes, entre 18 y 29 años, que no
estudian y no trabajan, que fueron beneficiados por el Programa Jóvenes
Construyendo el Futuro para recibir capacitación en el trabajo y apoyos por
concepto de beca mensual y seguro médico del IMSS. |
||
|
Nivel de desagregación |
Nacional |
Periodicidad o frecuencia
de medición |
Anual |
|
Tipo |
Estratégica |
Acumulado o periódico |
Acumulado |
|
Unidad de medida |
Porcentaje |
Periodo de recolección de
datos |
Enero-Diciembre |
|
Dimensión |
Eficacia |
Disponibilidad de la
información |
Febrero |
|
Tendencia esperada |
Ascendente |
Unidad Responsable de
reportar el avance |
14.- Trabajo y Previsión
Social 300.- Subsecretaría de
Empleo y Productividad Laboral |
|
Método de cálculo |
|
||
|
Observaciones |
Beneficiarios: número de
jóvenes entre 18 y 29 años que no estudian y no trabajan al momento de
registrarse para participar en el Programa y que fueron "beneficiarios
pagados" por recibir capacitación en el trabajo a través del mismo. Población objetivo: Número
de jóvenes entre 18 y 29 años que no estudian y no trabajan, pero estarían
disponibles para hacerlo. "Beneficiarios pagados"
incluye solamente a aquellos que recibieron el apoyo por concepto de beca
tras capacitarse en un centro de trabajo y por ello fueron incorporados al
padrón de beneficiarios del Programa. No se harán
actualizaciones respecto de la población objetivo, que a 2018 representa
2,300,000, ya que es un compromiso presidencial que se irá monitoreando. La Unidad Responsable de
esta meta para el bienestar es la Unidad del Programa de Jóvenes Construyendo
el Futuro. |
||
|
APLICACIÓN DEL MÉTODO DE
CÁLCULO DEL INDICADOR PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR DE LA LÍNEA BASE |
|||||||||||||
|
Nombre variable 1 |
1.- Beneficiarios |
Valor variable 1 |
0 |
Fuente de información
variable 1 |
Plataforma digital PJCF |
||||||||
|
Nombre variable 2 |
2.- Población objetivo |
Valor variable 2 |
2300000 |
Fuente de información
variable 2 |
ENOE |
||||||||
|
Sustitución en método de
cálculo del indicador |
(0/2,300,000)*100 = 0 |
||||||||||||
|
VALOR DE LÍNEA BASE Y
METAS |
|||||||||||||
|
Línea base |
Nota sobre la línea base |
||||||||||||
|
Valor |
0 |
La línea base se
establecerá a partir de los resultados de 2019, que es el primer año de
operación del Programa y que estarán disponibles en 2020. |
|||||||||||
|
Año |
2018 |
||||||||||||
|
META 2024 |
Nota sobre la meta 2024 |
||||||||||||
|
100 |
|
||||||||||||
|
SERIE HISTÓRICA DE LA META
PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO |
|||||||||||||
|
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|||||||
|
METAS INTERMEDIAS |
|||||||||||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||||||||
|
60 |
80 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||
Parámetro del Objetivo
prioritario 1
|
ELEMENTOS DE META PARA EL
BIENESTAR O PARÁMETRO |
|||||||
|
Nombre |
1.2 Cobertura del Programa
Jóvenes Construyendo el Futuro en zonas prioritarias. |
||||||
|
Objetivo prioritario |
Lograr la inclusión de
jóvenes a través de la capacitación en el trabajo |
||||||
|
Definición o descripción |
Mide el porcentaje de
municipios de alta y muy alta marginación que son apoyados por el Programa
Jóvenes Construyendo el Futuro en relación al total de municipios de alta y
muy alta marginación existentes en el país. |
||||||
|
Nivel de desagregación |
Nacional |
Periodicidad o frecuencia
de medición |
Anual |
||||
|
Tipo |
Estratégica |
Acumulado o periódico |
Periódico |
||||
|
Unidad de medida |
Porcentaje |
Periodo de recolección de
datos |
Enero-Diciembre |
||||
|
Dimensión |
Eficacia |
Disponibilidad de la información |
Febrero |
||||
|
Tendencia esperada |
Constante |
Unidad Responsable de
reportar el avance |
14.- Trabajo y Previsión
Social 300.- Subsecretaría de
Empleo y Productividad Laboral |
||||
|
Método de cálculo |
(Número de municipios de
alta y muy alta marginación apoyados por el Programa t / Número de municipios
de alta y muy alta marginación existentes en el país t) * 100 = Cobertura del
PJCF en zonas prioritarias |
||||||
|
Observaciones |
La demanda de capacitación
en el trabajo de las y los jóvenes determina la presencia del Programa en
cada uno de los municipios del país, sea o no de alta o muy alta marginación. La demanda de centros de
trabajo se tomaría en cuenta según el municipio de residencia de la o el
joven pues la capacitación puede darse en municipios aledaños. La Unidad Responsable de
esta meta para el bienestar es la Unidad del Programa Jóvenes Construyendo el
Futuro. |
||||||
|
APLICACIÓN DEL MÉTODO DE
CÁLCULO DEL INDICADOR PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR DE LA LÍNEA BASE |
|||||||
|
Nombre variable 1 |
1.- Número de municipios
de alta y muy alta marginación apoyados por el Programa t |
Valor variable 1 |
0 |
Fuente de información
variable 1 |
Plataforma Digital PJCF |
||
|
Nombre variable 2 |
2.- Número de municipios
de alta y muy alta marginación existentes en el país t |
Valor variable 2 |
1100 |
Fuente de información variable
2 |
Índice de Marginación del
Consejo Nacional de Población |
||
|
Sustitución en método de
cálculo del indicador |
((0/1,100) * 100) = 0 |
||||||
|
VALOR DE LÍNEA BASE Y
METAS |
||||||||||
|
Línea base |
Nota sobre la línea base |
|||||||||
|
Valor |
0 |
El indicador es de nueva
creación y su primera medición se realizará para 2019. |
||||||||
|
Año |
2018 |
|||||||||
|
META 2024 |
Nota sobre la meta 2024 |
|||||||||
|
90 |
Se estima que para 2024 se
habrán atendido todos los municipios de alta y muy alta marginación, con
excepción de aquellos donde no hubiera jóvenes solicitantes, que se estima en
máximo de 10% en el momento en el que se realice el corte de información para
su reporte. |
|||||||||
|
SERIE HISTÓRICA DE LA META
PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO |
||||||||||
|
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
0 |
||||
|
METAS INTERMEDIAS |
||||||||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||||||
|
70 |
80 |
90 |
90 |
90 |
||||||
Parámetro del Objetivo
prioritario 1
|
ELEMENTOS DE META
PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO |
|||||||
|
Nombre |
1.3 Porcentaje de
mujeres jóvenes aprendices respecto del total de aprendices del Programa
Jóvenes Construyendo el Futuro. |
||||||
|
Objetivo
prioritario |
Lograr la inclusión
de jóvenes a través de la capacitación en el trabajo |
||||||
|
Definición o
descripción |
Mide el porcentaje
de mujeres jóvenes que fueron beneficiadas respecto de todos los jóvenes
beneficiarios del Programa. |
||||||
|
Nivel de
desagregación |
Nacional |
Periodicidad o
frecuencia de medición |
Anual |
||||
|
Tipo |
Estratégica |
Acumulado o
periódico |
Periódico |
||||
|
Unidad de medida |
Porcentaje |
Periodo de
recolección de datos |
Enero-Diciembre |
||||
|
Dimensión |
Eficacia |
Disponibilidad de
la información |
Febrero |
||||
|
Tendencia esperada |
Constante |
Unidad Responsable
de reportar el avance |
14.- Trabajo y
Previsión Social 300.-
Subsecretaría de Empleo y Productividad Laboral |
||||
|
Método de cálculo |
(Mujeres
beneficiarias pagadas t / Beneficiarios pagados t) * 100= Porcentaje de
mujeres jóvenes aprendices respecto del total de aprendices del Programa
Jóvenes Construyendo el Futuro |
||||||
|
Observaciones |
Mujeres
beneficiarias pagadas t: Número de mujeres beneficiarias pagadas del Programa
en el periodo t. Beneficiarios
pagados t: Número de jóvenes beneficiarios pagados del Programa en el periodo
t. "Beneficiarios
pagados" incluye solamente aquellos que recibieron el apoyo por concepto
de beca tras capacitarse en un centro de trabajo y por ello fueron
incorporados al padrón de beneficiarios del Programa. Un valor observado
por arriba de la meta se considera favorable para el cumplimiento del
objetivo prioritario. La Unidad
Responsable de esta meta para el bienestar es la Unidad del Programa de
Jóvenes Construyendo el Futuro. |
||||||
|
APLICACIÓN DEL
MÉTODO DE CÁLCULO DEL INDICADOR PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR DE LA LÍNEA BASE |
|||||||
|
Nombre variable 1 |
1.- Mujeres
beneficiarias pagadas t |
Valor variable 1 |
0 |
Fuente de
información variable 1 |
Plataforma Digital
PJCF |
||
|
Nombre variable 2 |
2.- Beneficiarios
pagados t |
Valor variable 2 |
0 |
Fuente de
información variable 2 |
Plataforma Digital
PJCF |
||
|
Sustitución en
método de cálculo del indicador |
(0 / 0)*100= 0 |
||||||
|
VALOR DE LÍNEA
BASE Y METAS |
||||||||||
|
Línea base |
Nota sobre la
línea base |
|||||||||
|
Valor |
0 |
La línea base se
establecerá a partir de 2019, que es el primer año de operación del Programa. |
||||||||
|
Año |
2018 |
|||||||||
|
META 2024 |
Nota sobre la meta
2024 |
|||||||||
|
60 |
Al considerar una
tendencia constante, se espera que al finalizar el programa prevalezca o se
supere la meta. |
|||||||||
|
SERIE HISTÓRICA DE
LA META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO |
||||||||||
|
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
0 |
||||
|
METAS INTERMEDIAS |
||||||||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||||||
|
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
||||||
Meta para el bienestar del
Objetivo prioritario 2
|
ELEMENTOS DE META PARA EL
BIENESTAR O PARÁMETRO |
|||||||
|
Nombre |
2.1 Porcentaje de
conclusión de los asuntos laborales |
||||||
|
Objetivo prioritario |
Impulsar el diálogo
social, la democracia sindical y la negociación colectiva auténtica conforme
al nuevo modelo laboral |
||||||
|
Definición o descripción |
Mide el porcentaje de
conclusión de los asuntos colectivos y de los de las Juntas Especiales de la Junta
Federal de Conciliación y Arbitraje, mediante la resolución de los conflictos
de trabajo de competencia federal que se susciten entre trabajadores y
patrones. |
||||||
|
Nivel de desagregación |
Nacional |
Periodicidad o frecuencia
de medición |
Anual |
||||
|
Tipo |
Estratégica |
Acumulado o periódico |
Periódico |
||||
|
Unidad de medida |
Porcentaje |
Periodo de recolección de
datos |
Enero-Diciembre |
||||
|
Dimensión |
Eficacia |
Disponibilidad de la
información |
Enero |
||||
|
Tendencia esperada |
Ascendente |
Unidad Responsable de
reportar el avance |
14.- Trabajo y Previsión
Social 110.- Junta Federal de
Conciliación y Arbitraje |
||||
|
Método de cálculo |
(Número de asuntos
concluidos)/(Número de asuntos recibidos en el periodo) X 100 = Porcentaje de
conclusión de los asuntos laborales |
||||||
|
Observaciones |
Número de Asuntos concluidos:
Resultado de la siguiente fórmula: Número de expedientes en trámite al inicio
del periodo más demandas recibidas (enero-diciembre) menos el Número de
expedientes en trámite al cierre del periodo. Se consideran como asuntos en
trámite aquellos ubicados en las cinco fases del procedimiento laboral
(instrucción, dictamen, amparo directo, laudo y ejecución), asimismo los
asuntos concluidos deben estar en la etapa de Archivo General. En el caso de resultados
que indiquen porcentajes de conclusión por arriba del 100%, significa que las
Juntas Especiales y área colectiva estarán en condiciones de abatimiento de
los asuntos recibidos en años anteriores y la atención de los asuntos que se
reciban mientras permanecen con ventanilla abierta. |
||||||
|
APLICACIÓN DEL MÉTODO DE
CÁLCULO DEL INDICADOR PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR DE LA LÍNEA BASE |
|||||||
|
Nombre variable 1 |
1.- Número de asuntos
recibidos en el periodo |
Valor variable 1 |
66028 |
Fuente de información
variable 1 |
JFCA Informe de Labores
que rinden las 66 Juntas Especiales y la Secretaría Auxiliar de Asuntos
Colectivos |
||
|
Nombre variable 2 |
2.- Número de asuntos
concluidos |
Valor variable 2 |
89174 |
Fuente de información
variable 2 |
JFCA Informe de Labores
que rinden las 66 Juntas Especiales y la Secretaría Auxiliar de Asuntos Colectivos |
||
|
Sustitución en método de
cálculo del indicador |
(66,028 / 89,174) * 100 =
74.0% |
||||||
|
VALOR DE LÍNEA BASE Y
METAS |
||||||||||
|
Línea base |
Nota sobre la línea base |
|||||||||
|
Valor |
74 |
El abatimiento de las
cargas de trabajo, durante 2018, fue el siguiente: la cantidad de asuntos
recibidos se compone de los expedientes en trámite al inicio del periodo
(414,027) más 89,174 demandas recibidas, de los cuales se concluyen 66,028,
cerrando el año con un total de 437,173 asuntos en proceso de atención. |
||||||||
|
Año |
2018 |
|||||||||
|
META 2024 |
Nota sobre la meta 2024 |
|||||||||
|
100 |
Dato que debe considerar
el tiempo en que la JFCA permanezca recibiendo nuevas demandas (ventanilla
abierta). |
|||||||||
|
SERIE HISTÓRICA DE LA META
PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO |
||||||||||
|
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
||||
|
87 |
89.9 |
82.8 |
80.9 |
82.3 |
113.7 |
74 |
||||
|
METAS INTERMEDIAS |
||||||||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||||||
|
90 |
92 |
96 |
98 |
100 |
||||||
Parámetro del Objetivo
prioritario 2
|
ELEMENTOS DE META PARA EL
BIENESTAR O PARÁMETRO |
|||||||
|
Nombre |
2.2 Conciliación en los
conflictos laborales de orden colectivo de competencia federal. |
||||||
|
Objetivo prioritario |
Impulsar el diálogo
social, la democracia sindical y la negociación colectiva auténtica conforme
al nuevo modelo laboral |
||||||
|
Definición o descripción |
Mide la contribución al
desarrollo económico incluyente mediante la procuración del equilibrio entre
los factores de la producción, proporcionando el servicio público de
conciliación en los conflictos laborales de orden colectivo de competencia
federal, con estricto respeto al principio de bilateralidad de la negociación
colectiva. |
||||||
|
Nivel de desagregación |
Nacional |
Periodicidad o frecuencia
de medición |
Anual |
||||
|
Tipo |
Estratégica |
Acumulado o periódico |
Periódico |
||||
|
Unidad de medida |
Porcentaje |
Periodo de recolección de
datos |
Enero-Diciembre |
||||
|
Dimensión |
Eficacia |
Disponibilidad de la
información |
Enero |
||||
|
Tendencia esperada |
Constante |
Unidad Responsable de
reportar el avance |
14.- Trabajo y Previsión
Social 214.- Unidad de
Funcionarios Conciliadores |
||||
|
Método de cálculo |
(Total de convenios
celebrados / Total de asuntos
atendidos ) x 100= Conciliación en los conflictos laborales de orden
colectivo de competencia federal |
||||||
|
Observaciones |
La conciliación
administrativa está sujeta a la voluntad de las partes, por lo que los
porcentajes pueden ser variables de un periodo a otro. |
||||||
|
APLICACIÓN DEL MÉTODO DE
CÁLCULO DEL INDICADOR PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR DE LA LÍNEA BASE |
|||||||
|
Nombre variable 1 |
1.- Total de Convenios
Celebrados |
Valor variable 1 |
408 |
Fuente de información
variable 1 |
Informe diario de labores
que relaciona los asuntos atendidos, seguimiento de pláticas y convenios
celebrados en la Unidad de Funcionarios Conciliadores (UFC); así como el
compendio de estadística y archivos generados de la (UFC) |
||
|
Nombre variable 2 |
2.- Total de Asuntos
Atendidos |
Valor variable 2 |
425 |
Fuente de información
variable 2 |
Informe diario de labores
que relaciona los asuntos atendidos, seguimiento de pláticas y convenios
celebrados en la Unidad de Funcionarios Conciliadores (UFC); así como el
compendio de estadística y archivos generados de la (UFC). |
||
|
Sustitución en método de
cálculo del indicador |
(408/425)*100=96 |
||||||
|
VALOR DE LÍNEA BASE Y
METAS |
|||||||||||
|
Línea base |
Nota sobre la línea base |
||||||||||
|
Valor |
96 |
La conciliación
administrativa está sujeta a la voluntad de las partes, por lo que los
porcentajes pueden ser variables de un periodo a otro. La variable Total de Convenios
Celebrados también considera el número de revisiones de contrato ley que,
para el año 2018, fue de siete”; con lo anterior, de los 408 convenios
celebrados, siete son revisiones de contrato ley. |
|||||||||
|
Año |
2018 |
||||||||||
|
META 2024 |
Nota sobre la meta 2024 |
||||||||||
|
98 |
Hasta en tanto entre en
funciones en materia de Conciliación Colectiva el CFCRL. |
||||||||||
|
SERIE HISTÓRICA DE LA META
PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO |
|||||||||||
|
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
|||||
|
|
98.3 |
98.3 |
98.2 |
95.06 |
96 |
96 |
|||||
|
METAS INTERMEDIAS |
|||||||||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||||||
|
97 |
97 |
98 |
98 |
98 |
|||||||
Parámetro del Objetivo
prioritario 2
|
ELEMENTOS DE META PARA EL
BIENESTAR O PARÁMETRO |
|||||||
|
Nombre |
2.3 Porcentaje de
resoluciones que no son revocadas |
||||||
|
Objetivo prioritario |
Impulsar el diálogo
social, la democracia sindical y la negociación colectiva auténtica conforme
al nuevo modelo laboral |
||||||
|
Definición o descripción |
Mide el porcentaje de
resoluciones de registro y actualización que se sostienen jurídicamente, sea
por no ser impugnadas por las partes interesadas o bien que, siendo
impugnadas, estas sean no revocadas por los órganos jurisdiccionales. |
||||||
|
Nivel de desagregación |
Nacional |
Periodicidad o frecuencia
de medición |
Anual |
||||
|
Tipo |
Gestión |
Acumulado o periódico |
Periódico |
||||
|
Unidad de medida |
Porcentaje |
Periodo de recolección de
datos |
Enero-Diciembre |
||||
|
Dimensión |
Eficacia |
Disponibilidad de la
información |
Diciembre |
||||
|
Tendencia esperada |
Constante |
Unidad Responsable de
reportar el avance |
14.- Trabajo y Previsión
Social 211.- Dirección General de
Registro de Asociaciones |
||||
|
Método de cálculo |
(R1/X)=Porcentaje de
resoluciones que no son revocadas |
||||||
|
Observaciones |
En donde: R1= Número de resoluciones
emitidas por la Dirección General de Registro de Asociaciones que no son
revocadas. X= Número de resoluciones
emitidas por la Dirección General de Registro de Asociaciones. |
||||||
|
APLICACIÓN DEL MÉTODO DE
CÁLCULO DEL INDICADOR PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR DE LA LÍNEA BASE |
|||||||
|
Nombre variable 1 |
1.- Número de resoluciones
emitidas por la Dirección General de Registro de Asociaciones que no son
revocadas |
Valor variable 1 |
3990 |
Fuente de información
variable 1 |
Registros administrativos
de la DGRA |
||
|
Nombre variable 2 |
2.- Número de resoluciones
emitidas por la Dirección General de Registro de Asociaciones |
Valor variable 2 |
4000 |
Fuente de información
variable 2 |
Registros administrativos
de la DGRA |
||
|
Sustitución en método de
cálculo del indicador |
(3990/4000)*100= 99.75% |
||||||
|
VALOR DE LÍNEA BASE Y
METAS |
||||||||||
|
Línea base |
Nota sobre la línea base |
|||||||||
|
Valor |
99.75 |
El valor de las variables
depende de factores externos (tanto el número de solicitudes presentadas que
deben ser atendidas mediante la emisión del acuerdo o resolución
correspondiente, como los recursos interpuestos por la parte interesada). |
||||||||
|
Año |
2018 |
|||||||||
|
META 2024 |
Nota sobre la meta 2024 |
|||||||||
|
99.75 |
Emitir resoluciones
debidamente fundadas y motivadas por la Dirección General de Registro de
Asociaciones para evitar que sean impugnadas y, por ende, reducir el número
de resoluciones revocadas por los órganos jurisdiccionales. |
|||||||||
|
SERIE HISTÓRICA DE LA META
PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO |
||||||||||
|
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
99.75 |
||||
|
METAS INTERMEDIAS |
||||||||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||||||
|
99.75 |
99.75 |
99.75 |
99.75 |
99.75 |
||||||
Meta para el bienestar del
Objetivo prioritario 3
|
ELEMENTOS DE META PARA EL
BIENESTAR O PARÁMETRO |
|||||||
|
Nombre |
3.1 Porcentaje de
cobertura del salario mínimo general respecto a la Línea de Pobreza por
Ingresos urbana familiar. |
||||||
|
Objetivo prioritario |
Recuperar el poder
adquisitivo de los salarios mínimos y los ingresos para mejorar la calidad de
vida de las y los trabajadores |
||||||
|
Definición o descripción |
Mide el porcentaje que representa
el salario mínimo general con respecto al valor de la Línea de Pobreza por
Ingresos urbana familiar, en términos reales. |
||||||
|
Nivel de desagregación |
Nacional |
Periodicidad o frecuencia
de medición |
Anual |
||||
|
Tipo |
Estratégico |
Acumulado o periódico |
Periódico |
||||
|
Unidad de medida |
Porcentaje |
Periodo de recolección de
datos |
Enero-Diciembre |
||||
|
Dimensión |
Eficacia |
Disponibilidad de la
información |
Enero |
||||
|
Tendencia esperada |
Ascendente |
Unidad Responsable de
reportar el avance |
14.- Trabajo y Previsión
Social PBJ.- Comisión Nacional de
los Salarios Mínimos |
||||
|
Método de cálculo |
CSM=(SMR/LPIUF)*100=
Porcentaje de cobertura del salario mínimo general con respecto a la Línea de
Pobreza por Ingresos Urbana Familiar SMR: Salario mínimo real LPIU: Línea de Pobreza por
Ingresos Urbana real LPIUF: Línea de Pobreza
por Ingresos Urbana Familiar real (LPIU multiplicada por 1.7)* Pesos a diciembre de 2018. *De acuerdo con los
resultados de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares
(ENIGH) 2018, en México hay 34.7 millones de hogares que, en promedio,
tienen: 3.6 integrantes, 2.38 perceptores de ingresos y 1.7 personas ocupadas
por hogar”. |
||||||
|
Observaciones |
Es el porcentaje que
representa el salario mínimo respecto a la Línea de Pobreza por Ingresos
Urbana Familiar, en términos reales. |
||||||
|
APLICACIÓN DEL MÉTODO DE
CÁLCULO DEL INDICADOR PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR DE LA LÍNEA BASE |
|||||||
|
Nombre variable 1 |
1.- LPIUF Línea de Pobreza
por Ingresos Urbana Familiar real (en pesos) |
Valor variable 1 |
88.36 |
Fuente de información
variable 1 |
Consejo Nacional de
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) |
||
|
Nombre variable 2 |
2.- SMR Salario mínimo
real (en pesos) |
Valor variable 1 |
171.07 |
Fuente de información
variable 3 |
Comisión Nacional de los
Salario Mínimos (Conasami) |
||
|
Sustitución en método de
cálculo del indicador |
(88.36/171.07)*100 =
51.65% SMR= 88.36 LPIUF= 171.07 |
||||||
|
VALOR DE LÍNEA BASE Y
METAS |
||||||||||
|
Línea base |
Nota sobre la línea base |
|||||||||
|
Valor |
51.65 |
|
||||||||
|
Año |
2018 |
|||||||||
|
META 2024 |
Nota sobre la meta 2024 |
|||||||||
|
100 |
|
|||||||||
|
SERIE HISTÓRICA DE LA META
PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO |
||||||||||
|
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
||||
|
46.66 |
46.56 |
45.93 |
46.75 |
48.48 |
50.04 |
51.65 |
||||
|
METAS INTERMEDIAS |
||||||||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||||||
|
66.43 |
73.58 |
81.5 |
90.28 |
100 |
||||||
Parámetro del Objetivo
prioritario 3
|
ELEMENTOS DE META PARA EL
BIENESTAR O PARÁMETRO |
|||||||
|
Nombre |
3.2 Porcentaje del salario
mínimo respecto al salario promedio del sector formal. |
||||||
|
Objetivo prioritario |
Recuperar el poder
adquisitivo de los salarios mínimos y los ingresos para mejorar la calidad de
vida de las y los trabajadores |
||||||
|
Definición o descripción |
Mide el porcentaje de lo
que representa el salario mínimo respecto al salario base de cotización del
IMSS |
||||||
|
Nivel de desagregación |
Nacional |
Periodicidad o frecuencia
de medición |
Anual |
||||
|
Tipo |
Estratégica |
Acumulado o periódico |
Periódico |
||||
|
Unidad de medida |
Porcentaje |
Periodo de recolección de
datos |
Enero-Diciembre |
||||
|
Dimensión |
Eficacia |
Disponibilidad de la
información |
Enero |
||||
|
Tendencia esperada |
Ascendente |
Unidad Responsable de
reportar el avance |
14.- Trabajo y Previsión
Social PBJ.- Comisión Nacional de
los Salarios Mínimos |
||||
|
Método de cálculo |
PSM_SBC=(SMR/SBCR)*100=
Porcentaje del salario mínimo real respecto al salario base de cotización
promedio real SMR: Salario mínimo real SBCR: Salario base de
cotización promedio real |
||||||
|
Observaciones |
Es el porcentaje de lo que
representa el salario mínimo respecto al salario base de cotización promedio
del IMSS en términos reales. |
||||||
|
APLICACIÓN DEL MÉTODO DE
CÁLCULO DEL INDICADOR PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR DE LA LÍNEA BASE |
|||||||
|
Nombre variable 1 |
1.- Salario mínimo real
(en pesos) |
Valor variable 1 |
88.36 |
Fuente de información
variable 1 |
Comisión Nacional de los
Salarios Mínimos (Conasami) |
||
|
Nombre variable 2 |
2.- Salario base de
cotización promedio real del IMSS (en pesos) |
Valor variable 2 |
351.31 |
Fuente de información
variable 2 |
Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS) |
||
|
Sustitución en método de
cálculo del indicador |
PSM_SBC=(SMR/SBCR)*100=25.15% SMR=
88.36 SBCR=
351.31 |
||||||
|
VALOR DE LÍNEA BASE Y
METAS |
||||||||||
|
Línea base |
Nota sobre la línea base |
|||||||||
|
Valor |
25.15 |
|
||||||||
|
Año |
2018 |
|||||||||
|
META 2024 |
Nota sobre la meta 2024 |
|||||||||
|
34.51 |
Se espera que para el fin
de sexenio el salario mínimo represente el 34.5% del promedio de salario base
de cotización del IMSS. |
|||||||||
|
SERIE HISTÓRICA DE LA META
PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO |
||||||||||
|
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
||||
|
22.34 |
22.42 |
22.3 |
22.6 |
22.97 |
24.23 |
25.15 |
||||
|
METAS INTERMEDIAS |
||||||||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||||||
|
28.65 |
30.01 |
31.44 |
32.94 |
34.51 |
||||||
Parámetro del Objetivo prioritario 3
|
ELEMENTOS DE META PARA EL
BIENESTAR O PARÁMETRO |
|||||||
|
Nombre |
3.3 Tasa de crecimiento
del importe de crédito ejercido por trabajadores formales. |
||||||
|
Objetivo prioritario |
Recuperar el poder
adquisitivo de los salarios mínimos y los ingresos para mejorar la calidad de
vida de las y los trabajadores |
||||||
|
Definición o descripción |
Mide la tasa de
crecimiento del importe de crédito ejercido en términos reales, dispuesto por
los trabajadores con el objetivo de mejorar su calidad de vida y la de sus
familias mediante la adquisición de bienes de consumo duradero y pago de
servicios. |
||||||
|
Nivel de desagregación |
Nacional |
Periodicidad o frecuencia
de medición |
Anual |
||||
|
Tipo |
Estratégico |
Acumulado o periódico |
Periódico |
||||
|
Unidad de medida |
Porcentaje |
Periodo de recolección de
datos |
Enero-Diciembre |
||||
|
Dimensión |
Eficacia |
Disponibilidad de la
información |
Enero |
||||
|
Tendencia esperada |
Constante |
Unidad Responsable de reportar
el avance |
14.- Trabajo y Previsión
Social P7R.- Instituto del Fondo
Nacional para el Consumo de los Trabajadores |
||||
|
Método de cálculo |
TCICE=(ICErUE-ICErEP/ICErEP)*100=Tasa
de crecimiento del importe de crédito ejercido por trabajadores formales. ICErUE=Importe de crédito
ejercido real del último ejercicio. ICErEP=Importe de crédito
ejercido real del ejercicio previo. |
||||||
|
Observaciones |
No hay observaciones. |
||||||
|
APLICACIÓN DEL MÉTODO DE
CÁLCULO DEL INDICADOR PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR DE LA LÍNEA BASE |
|||||||
|
Nombre variable 1 |
1.- ICErUE=Importe de
crédito ejercido real del último ejercicio |
Valor variable 1 |
18,148 |
Fuente de información
variable 1 |
Sistema CREDERE |
||
|
Nombre variable 2 |
2.- ICErEP=Importe de
crédito ejercido real del ejercicio previo. |
Valor variable 2 |
17,486 |
Fuente de información
variable 2 |
Sistema CREDERE. |
||
|
Sustitución en método de
cálculo del indicador |
TCICE=(18148-17486/17486)*100=
3.79%. |
||||||
|
VALOR DE LÍNEA BASE Y
METAS |
||||||||||
|
Línea base |
Nota sobre la línea base |
|||||||||
|
Valor |
3.79 |
|
||||||||
|
Año |
2018 |
|||||||||
|
META 2024 |
Nota sobre la meta 2024 |
|||||||||
|
6.8 |
La meta 2024 refleja el
mantenimiento de un crecimiento constante en el importe de crédito ejercido
por los trabajadores formales. |
|||||||||
|
SERIE HISTÓRICA DE LA META
PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO |
||||||||||
|
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
||||
|
17.53 |
18.36 |
2.45 |
24.56 |
4.69 |
1.13 |
3.79 |
||||
|
METAS INTERMEDIAS |
||||||||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||||||
|
6.8 |
6.8 |
6.8 |
6.8 |
6.8 |
||||||
Meta para el bienestar del
Objetivo prioritario 4
|
ELEMENTOS DE META PARA EL
BIENESTAR O PARÁMETRO |
|||||||
|
Nombre |
4.1 Tasa de informalidad
laboral en el sector formal |
||||||
|
Objetivo prioritario |
Dignificar el trabajo y
estimular la productividad mediante la vigilancia al cumplimiento de la
normativa laboral |
||||||
|
Definición o descripción |
Mide el porcentaje de
personas trabajadoras subordinadas y remuneradas que trabajan en el sector
formal de la economía pero para las que su condición de trabajo es informal
(no se considera en la estimación a las y los trabajadores domésticos). |
||||||
|
Nivel de desagregación |
Nacional |
Periodicidad o frecuencia
de medición |
Anual |
||||
|
Tipo |
Estratégica |
Acumulado o periódico |
Periódico |
||||
|
Unidad de medida |
Porcentaje |
Periodo de recolección de
datos |
Enero-Diciembre |
||||
|
Dimensión |
Eficacia |
Disponibilidad de la
información |
Enero |
||||
|
Tendencia esperada |
Descendente |
Unidad Responsable de
reportar el avance |
14.- Trabajo y Previsión
Social Unidad de Trabajo Digno |
||||
|
Método de cálculo |
(Total de personas
trabajadoras en situación de informalidad en el sector formal) / (Total de
personas trabajadoras en el sector formal) *100 = Tasa de Informalidad
Laboral en el Sector Formal |
||||||
|
Observaciones |
La Unidad Responsable de
esta meta para el bienestar es la Unidad de Trabajo Digno. |
||||||
|
APLICACIÓN DEL MÉTODO DE
CÁLCULO DEL INDICADOR PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR DE LA LÍNEA BASE |
|||||||
|
Nombre variable 1 |
1.- Personas trabajadoras
en situación de informalidad en el sector formal |
Valor variable 1 |
9551908 |
Fuente de información
variable 1 |
ENOE, INEGI |
||
|
Nombre variable 2 |
2.- Total de personas
trabajadoras en el sector formal |
Valor variable 2 |
32017272 |
Fuente de información
variable 2 |
ENOE, INEGI |
||
|
Sustitución en método de
cálculo del indicador |
(9,551,908/32,017,272)*100=29.8% |
||||||
|
VALOR DE LÍNEA BASE Y
METAS |
||||||||||
|
Línea base |
Nota sobre la línea base |
|||||||||
|
Valor |
29.8 |
La línea base es 29.8%
retomando el cálculo del cuarto trimestre de 2018 de la ENOE. |
||||||||
|
Año |
2018 |
|||||||||
|
META 2024 |
Nota sobre la meta 2024 |
|||||||||
|
25.8 |
Se plantea alcanzar esta
meta a través de acciones para formalizar un alto número de las personas
trabajadoras con especial énfasis en empleos informales en unidades
económicas públicas y de negocios constituidos y privados. |
|||||||||
|
SERIE HISTÓRICA DE LA META
PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO |
||||||||||
|
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
||||
|
31.3 |
30.3 |
29.6 |
30.3 |
29.9 |
30.2 |
29.8 |
||||
|
METAS INTERMEDIAS |
||||||||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||||||
|
29.6 |
28.5 |
27 |
26 |
25.8 |
||||||
Parámetro del Objetivo
prioritario 4
|
ELEMENTOS DE META PARA EL
BIENESTAR O PARÁMETRO |
|||||||
|
Nombre |
4.2 Número de personas
beneficiadas por programas y acciones de trabajo digno. |
||||||
|
Objetivo prioritario |
Dignificar el trabajo y
estimular la productividad mediante la vigilancia al cumplimiento de la
normativa laboral |
||||||
|
Definición o descripción |
Mide el total de personas
que trabajan en centros de trabajo que están en el Cumplilab. |
||||||
|
Nivel de desagregación |
Nacional |
Periodicidad o frecuencia
de medición |
Anual |
||||
|
Tipo |
Estratégica |
Acumulado o periódico |
Periódico |
||||
|
Unidad de medida |
Personas trabajadoras |
Periodo de recolección de
datos |
Enero-Diciembre |
||||
|
Dimensión |
Eficacia |
Disponibilidad de la
información |
Enero |
||||
|
Tendencia esperada |
Ascendente |
Unidad Responsable de
reportar el avance |
14.- Trabajo y Previsión
Social Unidad de Trabajo Digno |
||||
|
Método de cálculo |
Suma de las personas
trabajadoras de las empresas que se adhieran al Cumplilab = Número de
personas beneficiadas por programas y acciones de trabajo digno |
||||||
|
Observaciones |
La Unidad Responsable de
este parámetro es la Unidad de Trabajo Digno. |
||||||
|
APLICACIÓN DEL MÉTODO DE
CÁLCULO DEL INDICADOR PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR DE LA LÍNEA BASE |
|||||||
|
Nombre variable 1 |
1.- Personas trabajadoras
de las empresas que se adhieran al Cumplilab. |
Valor variable 1 |
0 |
Fuente de información
variable 1 |
Registros administrativos
de la Unidad de Trabajo Digno. |
||
|
Sustitución en método de
cálculo del indicador |
Personas trabajadoras en
centros de trabajo adheridos al Cumplilab= 0 |
||||||
|
VALOR DE LÍNEA BASE Y
METAS |
||||||||||
|
Línea base |
Nota sobre la línea base |
|||||||||
|
Valor |
0 |
La línea base es 0 porque
aún no se implementa esta acción. |
||||||||
|
Año |
2018 |
|||||||||
|
META 2024 |
Nota sobre la meta 2024 |
|||||||||
|
10000000 |
El Cumplilab será un
elemento obligatorio para todas las acciones en favor del trabajo digno
instrumentadas por la STPS, por lo que las personas que trabajan en centros
de trabajo que están en el Cumplilab será el mismo número que el de personas
beneficiadas por programas y acciones de trabajo digno. |
|||||||||
|
SERIE HISTÓRICA DE LA META
PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO |
||||||||||
|
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
0 |
||||
|
METAS INTERMEDIAS |
||||||||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||||||
|
2500000 |
4500000 |
7000000 |
8800000 |
10000000 |
||||||
Parámetro del Objetivo prioritario 4
|
ELEMENTOS DE META PARA EL
BIENESTAR O PARÁMETRO |
|||||||
|
Nombre |
4.3 Porcentaje de
cumplimiento de la normatividad laboral en centros de trabajo inspeccionados |
||||||
|
Objetivo prioritario |
Dignificar el trabajo y
estimular la productividad mediante la vigilancia al cumplimiento de la
normativa laboral |
||||||
|
Definición o descripción |
Mide el porcentaje de
medidas atendidas respecto de las medidas dictadas en visitas de inspección
en el período. |
||||||
|
Nivel de desagregación |
Nacional |
Periodicidad o frecuencia
de medición |
Anual |
||||
|
Tipo |
Estratégica |
Acumulado o periódico |
Periódico |
||||
|
Unidad de medida |
Porcentaje |
Periodo de recolección de
datos |
Enero-Diciembre |
||||
|
Dimensión |
Eficacia |
Disponibilidad de la
información |
Enero |
||||
|
Tendencia esperada |
Ascendente |
Unidad Responsable de
reportar el avance |
14.- Trabajo y Previsión
Social 210.- Dirección General de
Inspección Federal del Trabajo |
||||
|
Método de cálculo |
(Número de medidas
atendidas en visitas de inspección del año t / número de medidas dictadas en
visitas de inspección del año t)*100= Porcentaje de cumplimiento de la
normatividad laboral en centros de trabajo inspeccionados |
||||||
|
Observaciones |
|
||||||
|
APLICACIÓN DEL MÉTODO DE
CÁLCULO DEL INDICADOR PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR DE LA LÍNEA BASE |
|||||||
|
Nombre variable 1 |
1.- Número de medidas
atendidas en visitas de inspección del año 2018 |
Valor variable 1 |
210422 |
Fuente de información
variable 1 |
Registros administrativos
de la Dirección General de Inspección Federal del Trabajo/Unidad de Trabajo
Digno. |
||
|
Nombre variable 2 |
2.- Número de medidas
dictadas en visitas de inspección del año 2018 |
Valor variable 2 |
316848 |
Fuente de información
variable 2 |
Registros administrativos
de la Dirección General de Inspección Federal del Trabajo/Unidad de Trabajo
Digno. |
||
|
Sustitución en método de
cálculo del indicador |
(210,422/ 316,848) * 100=
66.41% |
||||||
|
VALOR DE LÍNEA BASE Y
METAS |
||||||||||
|
Línea base |
Nota sobre la línea base |
|||||||||
|
Valor |
66.41 |
|
||||||||
|
Año |
2018 |
|||||||||
|
META 2024 |
Nota sobre la meta 2024 |
|||||||||
|
80 |
|
|||||||||
|
SERIE HISTÓRICA DE LA META
PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO |
||||||||||
|
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
||||
|
|
|
|
|
66.47 |
70.45 |
66.41 |
||||
|
METAS INTERMEDIAS |
||||||||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||||||
|
69.3 |
71 |
74 |
77 |
80 |
||||||
Meta para el bienestar del
Objetivo prioritario 5
|
ELEMENTOS DE META PARA EL
BIENESTAR O PARÁMETRO |
|||||||
|
Nombre |
5.1 Tasa de inserción en
un empleo formal de las personas en búsqueda de trabajo atendidas por el
Servicio Nacional de Empleo (SNE). |
||||||
|
Objetivo prioritario |
Lograr la inserción en un
empleo formal de las personas desempleadas, trabajadores en condiciones críticas
de ocupación y personas inactivas con disponibilidad para trabajar, con
atención preferencial a quienes enfrentan barreras de acceso a un empleo
formal |
||||||
|
Definición o descripción |
Mide el porcentaje de
personas insertadas en un empleo formal por el SNE, respecto a la población
atendida por el SNE. |
||||||
|
Nivel de desagregación |
Nacional |
Periodicidad o frecuencia
de medición |
Anual |
||||
|
Tipo |
Estratégica |
Acumulado o periódico |
Periódico |
||||
|
Unidad de medida |
Porcentaje |
Periodo de recolección de
datos |
Enero-Diciembre |
||||
|
Dimensión |
Eficacia |
Disponibilidad de la
información |
Abril |
||||
|
Tendencia esperada |
Ascendente |
Unidad Responsable de
reportar el avance |
Unidad del Servicio
Nacional del Empleo |
||||
|
Método de cálculo |
(PIEFSNEt/PASNEt)*100=
TIEFSNEt (Tasa de inserción en un empleo formal de las personas en búsqueda
de trabajo atendidas por el Servicio Nacional de Empleo) |
||||||
|
Observaciones |
La información estará
disponible cuatro meses después de cierre del periodo. |
||||||
|
APLICACIÓN DEL MÉTODO DE
CÁLCULO DEL INDICADOR PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR DE LA LÍNEA BASE |
|||||||
|
Nombre variable 1 |
1.- PIEFSNEt =Población
Insertada en Empleo Formal por el SNE que fue atendida en el año t
(Confirmada con registros del IMSS) |
Valor variable 1 |
62741 |
Fuente de información
variable 1 |
Registros administrativos
de la Unidad del Servicio Nacional de Empleo y Bases de datos del Instituto Mexicano del
Seguro Social |
||
|
Nombre variable 2 |
2.- PASNEt = Población
Atendida por el SNE en el año t (Confirmada con CURP en registros
administrativos) |
Valor variable 2 |
1638318 |
Fuente de información
variable 2 |
Registros administrativos
de la Unidad del Servicio Nacional de Empleo |
||
|
Sustitución en método de
cálculo del indicador |
(62,741/ 1,638,318 )*100=
3.83% |
||||||
|
VALOR DE LÍNEA BASE Y
METAS |
||||||||||
|
Línea base |
Nota sobre la línea base |
|||||||||
|
Valor |
3.83 |
La estimación de la
inserción en empleo formal apoyada por el Servicio Nacional de Empleo se
obtuvo de las bases de datos del Instituto Mexicano del Seguro Social |
||||||||
|
Año |
2018 |
|||||||||
|
META 2024 |
Nota sobre la meta 2024 |
|||||||||
|
19.1 |
Se espera lograr una
tendencia creciente en la tasa de inserción que logra el programa (se pasará
de insertar a 62,741 personas en año base, a 627,410 en 2024) |
|||||||||
|
SERIE HISTÓRICA DE LA META
PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO |
||||||||||
|
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
3.83 |
||||
|
METAS INTERMEDIAS |
||||||||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||||||
|
5.9 |
8.6 |
11.2 |
14.6 |
19.1 |
||||||
Parámetro del Objetivo prioritario 5
|
ELEMENTOS DE META PARA EL
BIENESTAR O PARÁMETRO |
|||||||
|
Nombre |
5.2 Contribución del
Servicio Nacional de Empleo (SNE) a la formalización del empleo |
||||||
|
Objetivo prioritario |
Lograr la inserción en un
empleo formal de las personas desempleadas, trabajadores en condiciones
críticas de ocupación y personas inactivas con disponibilidad para trabajar,
con atención preferencial a quienes enfrentan barreras de acceso a un empleo
formal |
||||||
|
Definición o descripción |
Mide el porcentaje de
nuevas inscripciones en un empleo formal apoyadas por el SNE respecto al
total de nuevas inscripciones en un empleo formal registradas en el IMSS. |
||||||
|
Nivel de desagregación |
Nacional |
Periodicidad o frecuencia
de medición |
Anual |
||||
|
Tipo |
Estratégica |
Acumulado o periódico |
Periódico |
||||
|
Unidad de medida |
Porcentaje |
Periodo de recolección de
datos |
Enero-Diciembre |
||||
|
Dimensión |
Eficacia |
Disponibilidad de la
información |
Abril |
||||
|
Tendencia esperada |
Ascendente |
Unidad Responsable de
reportar el avance |
Unidad del Servicio
Nacional del Empleo |
||||
|
Método de cálculo |
(PIEFSNEt/NIEFIMSSt)*100 =
TNIEFSNEt (Tasa de Nuevas Inscripciones en un Empleo Formal apoyadas por el
SNE) |
||||||
|
Observaciones |
La información estará
disponible cuatro meses después del cierre del periodo. |
||||||
|
APLICACIÓN DEL MÉTODO DE
CÁLCULO DEL INDICADOR PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR DE LA LÍNEA BASE |
|||||||
|
Nombre variable 1 |
1.- PIEFSNEt =Población
Insertada en Empleo Formal por el SNE que fue atendida en el año t
(Confirmada con registros del IMSS) |
Valor variable 1 |
62741 |
Fuente de información
variable 1 |
Registros administrativos
de la Unidad del Servicio Nacional de Empleo y Bases de datos del IMSS |
||
|
Nombre variable 2 |
2.- NIEFIMSSt = Nuevas
inscripciones en un empleo formal registradas en el IMSS en el mismo período
en que fue insertada en un empleo formal la población atendida por el SNE en
el año t |
Valor variable 2 |
7518163 |
Fuente de información
variable 2 |
Bases de datos del IMSS |
||
|
Sustitución en método de
cálculo del indicador |
(62741/7518163)*100= 0.83% |
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VALOR DE LÍNEA BASE Y
METAS |
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Línea base |
Nota sobre la línea base |
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Valor |
0.83 |
La estimación de la
inserción en empleo formal apoyada por el SNE y los datos sobre nuevos
empleos formales se obtuvieron de las bases de datos del IMSS. |
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Año |
2018 |
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META 2024 |
Nota sobre la meta 2024 |
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7.2 |
Se espera multiplicar por
más de ocho veces respecto al año base la proporción en que el SNE incide en
el incremento de la ocupación formal. |
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SERIE HISTÓRICA DE LA META
PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO |
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2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
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|
|
|
|
|
0.83 |
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|
METAS INTERMEDIAS |
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|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
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|
1.5 |
2.4 |
3.5 |
5 |
7.2 |
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Parámetro del Objetivo prioritario 5
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ELEMENTOS DE META PARA EL
BIENESTAR O PARÁMETRO |
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Nombre |
5.3 Cobertura del Servicio
Nacional de Empleo (SNE) |
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|
Objetivo prioritario |
Lograr la inserción en un
empleo formal de las personas desempleadas, trabajadores en condiciones
críticas de ocupación y personas inactivas con disponibilidad para trabajar,
con atención preferencial a quienes enfrentan barreras de acceso a un empleo
formal |
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Definición o descripción |
Mide el porcentaje de
personas en búsqueda de trabajo atendidas por el SNE respecto a su población
objetivo. |
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Nivel de desagregación |
Nacional |
Periodicidad o frecuencia
de medición |
Anual |
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Tipo |
Estratégica |
Acumulado o periódico |
Periódico |
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Unidad de medida |
Porcentaje |
Periodo de recolección de
datos |
Enero-Diciembre |
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|
Dimensión |
Eficacia |
Disponibilidad de la
información |
Febrero |
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|
Tendencia esperada |
Ascendente |
Unidad Responsable de
reportar el avance |
Unidad del Servicio
Nacional del Empleo |
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|
Método de cálculo |
(PASNEt/POt-1)*100= CSNEt
(Cobertura del Servicio Nacional de Empleo) |
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Observaciones |
La información estará
disponible dos meses después de cierre de periodo. |
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APLICACIÓN DEL MÉTODO DE
CÁLCULO DEL INDICADOR PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR DE LA LÍNEA BASE |
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Nombre variable 1 |
1.- PASNEt = Población
Atendida por el SNE en el año t |
Valor variable 1 |
1638318 |
Fuente de información
variable 1 |
Registros administrativos
de la Unidad del Servicio Nacional de Empleo |
||
|
Nombre variable 2 |
2.- POt = Población
Objetivo del SNE en el año t Donde: PO
= Suma de la población desempleada, población ocupada en condiciones críticas
de ocupación, trabajadores informales que no están en condiciones críticas de
ocupación y que buscan empleo, y población inactiva disponible en el año. |
Valor variable 2 |
33157800 |
Fuente de información
variable 2 |
INEGI ENOE |
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|
Sustitución en método de
cálculo del indicador |
(1,638,318 /
33,157,800)*100= 4.9% |
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VALOR DE LÍNEA BASE Y
METAS |
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Línea base |
Nota sobre la línea base |
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Valor |
4.9 |
Establece la proporción en
que el Servicio Nacional de Empleo atiende a su población objetivo |
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Año |
2018 |
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|
META 2024 |
Nota sobre la meta 2024 |
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9.9 |
Se prevé duplicar la
participación respecto del año base en la población objetivo, conformada por
la suma de la población desempleada, población ocupada en condiciones
críticas de ocupación, trabajadores informales que no están en condiciones
críticas de ocupación y que buscan empleo y población inactiva disponible. |
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SERIE HISTÓRICA DE LA META
PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO |
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|
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
4.9 |
||||
|
METAS INTERMEDIAS |
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|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||||||
|
6.2 |
7 |
7.8 |
8.8 |
9.9 |
||||||
10.- Epílogo: Visión hacia el futuro
Desde comienzos del siglo XXI, el bono
demográfico se perfilaba como una gran oportunidad para el desarrollo del país.
El desempleo o el empleo precario de las y los jóvenes constituyen un
desaprovechamiento de capital humano, pero más aún, representan la negligencia
de las administraciones pasadas para prestar atención a todo un segmento de la
población a la que se le ha negado el derecho al trabajo digno y las
oportunidades de futuro. Con el Programa Jóvenes Construyendo el Futuro, no
habrá ningún joven en el país que no estudie y no trabaje por falta de una
oportunidad para su desarrollo por medio de la capacitación. Se busca dotar de
aprendizaje laboral práctico y experiencia a toda una generación de jóvenes que
serán el motor de la Cuarta Transformación del país en el ámbito económico y
social.
Esta generación es el presente y el futuro de
nuestro país; con los resultados de las políticas diseñadas por la presente
administración se reconstruirá el tejido social a partir de la inclusión y el
desarrollo de las y los jóvenes. En 2024, tras haber conseguido el Objetivo
Prioritario de lograr la inclusión de jóvenes a través de la capacitación en el
trabajo, México contará con una fuerza productiva más especializada, las
mujeres tendrán mayores oportunidades de insertarse en el mercado laboral y se
contribuirá a la pacificación nacional, todo esto a partir de la articulación y
corresponsabilidad entre los sectores público, privado y social.
Por otro lado, el Gobierno de México cumple con
una deuda histórica con las y los trabajadores y con el movimiento sindical
democrático al impulsar una profunda reforma al Sistema de Justicia Laboral. La
reforma del 1° de mayo de 2019 parte de la convicción de que el mundo del
trabajo solo puede transformarse garantizando los derechos de libertad,
democracia sindical y acceso a una justicia laboral pronta, expedita e
imparcial. Los gobiernos federal y locales ya no podrán ser jueces y parte en
los conflictos individuales y colectivos, ni garantes de una “paz laboral”
basada en el control sindical y la manipulación artificial de los salarios. Al
modernizar nuestro marco legal, se incorporan derechos laborales progresivos,
mecanismos de participación democrática y normas internacionales del trabajo
que beneficiarán tanto a los trabajadores como a las empresas, asumiendo
también los compromisos internacionales que México ha suscrito.
En los siguientes meses y años, la vida de
millones de trabajadoras se verá transformada. Comienza el cambio no solo de
reglas sino de mentalidad. Gobierno, sindicatos, empresas y sociedad civil
coinciden en que la transformación del modelo laboral era urgente y necesaria,
y si bien llega tarde, existe una aspiración común y la voluntad política para
lograrlo. Un objetivo sectorial prioritario para los siguientes años será
seguir impulsando la reforma laboral y coadyuvar en su implementación en el
orden federal y local. Esto se logrará a través de la coordinación comprometida
y constante entre las autoridades laborales y, sobre todo, de los actores
principales de este nuevo modelo: trabajadoras, sindicatos y empresas.
En 2024, cuando el nuevo sistema de justicia
laboral se encuentre implementado en su totalidad, se tendrá certeza de que los
contratos colectivos depositados ante la autoridad registral independiente
están activos y son legítimos, pues fueron respaldados por las y los
trabajadores mediante el voto personal, libre, directo y secreto. Además, no
habrán huelgas por extorsión ni conflictos irresolubles por la titularidad de
un contrato, pues solo los sindicatos auténticos que cuenten con líderes
representativos, elegidos democráticamente en urnas, podrán negociar a nombre
de las y los trabajadores. La libertad sindical y la negociación colectiva
auténtica serán la regla y no la excepción.
Los conflictos laborales que se susciten entre
los factores de la producción serán resueltos a través del diálogo y la
conciliación efectiva. La justicia laboral no estará supeditada a la
discrecionalidad injerencista de los gobiernos, sino a la pericia técnica de
tribunales especializados regidos por procedimientos orales, ágiles e
imparciales. La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje habrá cumplido con
las estrategias y acciones para concluir su rezago y cerrar sus puertas, con
absoluto respeto a los derechos de las y los trabajadores, estableciendo como
eje rector la prevención y erradicación de la corrupción. Además, los procedimientos
administrativos registrales serán ágiles y transparentes, y se valdrán de la
innovación tecnológica para modernizar trámites y servicios, técnicas
operativas y procedimientos de democracia sindical.
En México, en el discurrir de la actual
administración, las y los trabajadores tendrán acceso a salarios mínimos
apegados a la Línea de Pobreza por Ingresos Urbana (LPIU) familiar, mediante
incrementos graduales, responsables y sostenidos que establezcan las bases para
el cumplimiento del mandato constitucional establecido para el salario mínimo.
La recuperación del salario mínimo tiene
incidencia no solo en el ámbito económico sino en el social, es pieza clave en
la mejora de las condiciones de vida de la población. Existe el compromiso de
que el salario mínimo nunca más estará por debajo de la inflación, sino que
siempre sea, al menos, dos puntos porcentuales por encima de esta, lo que
responde a una política integral del actual gobierno en materia de justicia
social para las y los trabajadores de México.
Al término del sexenio, existirá una mejoría en
los indicadores de crecimiento económico y desigualdad, asociado con la
recuperación de los salarios mínimos y el incremento de los ingresos
familiares. El incremento del salario mínimo incidirá en la reducción de la
pobreza y será un elemento de contención a la informalidad, toda vez que, ante
ingresos laborales más atractivos, los incentivos de las personas trabajadoras
a formalizarse serán mayores. Asimismo, dado que los salarios son la principal
fuente de ingresos de los hogares, los incrementos salariales coadyuvarán a
consolidar el mercado interno y un crecimiento económico más distributivo y
menos dependiente del sector externo.
Se vislumbra una reducción de brechas
salariales y la desigualdad que afectan a mujeres y jóvenes. Asimismo, se
contribuiría con el avance en términos de trabajo y salario digno, derechos
humanos que deben ser garantizados para todas las personas trabajadoras.
Estas acciones coadyuvarán a la reducción de
los niveles de desigualdad y como un mecanismo más para el combate contra la
pobreza; una banca social sin fines de lucro puede ayudar a resolver las fallas
de mercado que, con la estrategia para no dejar a nadie atrás y no dejar a
nadie afuera, permitirá el acceso al financiamiento de las y los trabajadores
formales, con un nivel cada vez mayor de cobertura en el otorgamiento de
créditos responsables, y en las condiciones más favorables.
También se fortalecerá el poder adquisitivo de
las personas trabajadoras, particularmente de los estratos más bajos de
ingreso, a partir de la disposición de ingresos complementarios que les
permitan la adquisición de bienes o pago de servicios necesarios en situaciones
determinadas, mejorando sus condiciones de vida y las de sus familias, lo que a
su vez les permita su inclusión y permanencia en el sistema financiero
nacional, y por lo tanto el impulso a la dinámica económica interna.
La dignificación del trabajo, y aparejado a
ella, el estímulo de una productividad basada en la mejora de las condiciones
laborales y en el fomento a la actividad empresarial fundamentada en el más
estricto apego a una cultura de legalidad y de justicia social, quedará
sustentada orgánica y estructuralmente en la mejora, reforma y rediseño de la
Inspección Federal del Trabajo y en el fomento masivo de los mecanismos de
autogestión y autocumplimiento del marco legal laboral en las empresas. En 2024
el Gobierno de México a través de la STPS tendrá consolidado y en operación
estos mecanismos necesarios para, desde la más contundente lucha contra la
corrupción, dejar asentadas y en pleno desarrollo las bases para garantizar que
el Trabajo en México sea una actividad digna.
Gracias a una política transversal nacional de
justicia social, los cambios se realizarán con una perspectiva de igualdad y no
discriminación que impulsen para el futuro la inclusión laboral efectiva y la
igualdad de oportunidades. A trabajos iguales corresponderán salarios iguales.
Un salario mínimo justo incidirá directamente en la empleabilidad de las personas
trabajadoras, quienes estando mejor capacitadas y con habilidades adecuadas al
marco productivo nacional generarán un crecimiento real en la empleabilidad. El
país podrá construir con soberanía el modelo productivo que diseñe para el
futuro.
Las bases de una protección social universal
estarán asentadas, haciendo mayor énfasis en los grupos poblacionales
tradicionalmente discriminados en el trabajo. Con el propósito de resarcir el
daño hecho por el neoliberalismo a la población en situación de vulnerabilidad,
la brecha que sume a un gran número de la población bajo la línea de pobreza
estará en franco proceso de superación. Solo entonces el Estado será capaz de
garantizar la seguridad social de todas las personas, para proteger la salud y
asegurar pensiones dignas para las y los mexicanos.
En conjunto con los centros de trabajo se
propiciarán condiciones de seguridad y salud para prevenir accidentes y
enfermedades de trabajo. Esto será posible gracias a la constante actualización
de la normativa laboral especializada, con la intención de que esta responda a
los retos de las nuevas y las tradicionales ocupaciones laborales
En 2024 las nuevas tecnologías serán aliadas
para enfrentar la corrupción y fomentar el cumplimiento de la normativa
laboral. En este cambio estarán involucrados de manera directa tanto las
personas trabajadoras como las empleadoras, mediante la participación en
mecanismos voluntarios de autogestión y autoevaluación.
La Inspección Federal del Trabajo y los
mecanismos de autoevaluación permitirán que los centros de trabajo sean seguros
y que las condiciones de trabajo sean dignas. Las personas tendrán mayor
conciencia de sus derechos laborales y sabrán exigirlos y denunciar cualquier
situación irregular. Los mecanismos que dinamicen y optimicen la inspección
laboral, darán pie a la optimización de estos procesos y harán posible una
vigilancia focalizada en los centros de trabajo donde existan incumplimientos.
Al mismo tiempo, una mejor coordinación entre
las autoridades federales entre sí, y con las locales y municipales, habrá
eliminado las barreras artificiales que hoy padece el Estado mexicano para
enfrentar sus responsabilidades para con la población trabajadora.
Con el fortalecimiento de la intermediación laboral y la capacitación
para la empleabilidad se facilitará la inserción en un trabajo formal de las
personas en búsqueda de empleo, en especial de las personas que enfrentan
barreras de acceso a un empleo formal. Con ello se espera que para 2024 se
multiplique 10 veces el número de personas que obtienen un empleo formal con
apoyo del SNE, por lo que ascenderán de 62,741 personas en
La mayor inserción en un empleo formal apoyada por el SNE también implica un incremento en la formalización del empleo. Actualmente solo 0.83% de las nuevas inscripciones en un empleo formal en el IMSS se refieren a trabajadores apoyados por el SNE para conseguir un empleo. Se plantea que para 2024 se multiplique por más de ocho veces, respecto al año base, la proporción en que el SNE incide en el incremento de la ocupación formal, llegando a 7.2%.
Con los avances del funcionamiento del mercado laboral se espera contribuir a lograr un desarrollo económico más incluyente, con mejores trabajos para toda la población y en particular para quienes enfrentan barreras de acceso al empleo. Si bien la STPS no genera empleos de manera directa, una intermediación laboral de calidad sí contribuye a que las personas empleadoras y trabajadoras aprovechen las opciones que se presentan en el marcado laboral, propiciando que se formen más y mejores contratos laborales. En la medida que se establecen vínculos laborales de calidad, se fomenta la productividad y competitividad de las empresas e, indirectamente, se promueve el crecimiento económico y la generación de empleos, mediante mejor adecuación de las competencias laborales a los requerimientos del puesto de trabajo y menor rotación laboral que aumenta el rendimiento de la inversión en capacitación en el trabajo y propicia su ampliación.
En adición a los beneficios para las personas trabajadoras por el mayor aprovechamiento de las opciones laborales, así como por la generación de empleos, la creación de vínculos laborales de calidad mejora el bienestar de las y los trabajadores debido a que obtienen mayores salarios y prestaciones laborales, mejores condiciones laborales y mayor estabilidad en el empleo.
Los ejes que definen el rumbo de esta nueva política laboral, permitirán el acceso a millones de trabajadoras y trabajadores a condiciones laborales más justas, equitativas y libres de discriminación, a partir de las cuales puedan alcanzar su desarrollo integral y el de sus familias; en las que no exista el trabajo infantil ni el trabajo forzoso; gocen del pleno ejercicio de sus derechos de asociación y negociación colectiva; y se eliminen las brechas y barreras que por tanto tiempo limitaron su inserción al mercado laboral.
Por ello los esfuerzos que el Gobierno de México ha adoptado durante esta administración, de cara a los grandes cambios que la realidad laboral de este país requiere, y que no tenían precedente alguno, están encaminados hacia una transformación más profunda, de la que se tiene la firme convicción, será determinante para subsanar aquellas desigualdades históricas con las que el Estado mexicano estuvo en deuda por tantos años.
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