PLAN Nacional de Desarrollo 2019-2024.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- MÉXICO.- Presidencia de la República.
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2019-2024
Índice General
Presentación
Honradez y honestidad
No al gobierno rico con pueblo
pobre
Al margen de la ley, nada; por
encima de la ley, nadie
Economía para el bienestar
El mercado no sustituye al
Estado
Por el bien de todos, primero
los pobres
No dejar a nadie atrás, no
dejar a nadie fuera
No puede haber paz sin
justicia
El respeto al derecho ajeno es
la paz
No más migración por hambre o
por violencia
Democracia significa el poder
del pueblo
Ética, libertad, confianza
1. Política y Gobierno
Erradicar la corrupción, el dispendio y la frivolidad
Recuperar el estado de derecho
Separar el poder político del poder económico
Cambio de paradigma en seguridad
i. Erradicar la corrupción y reactivar la
procuración de justicia
ii. Garantizar empleo, educación, salud y
bienestar
iii. Pleno respeto a los derechos humanos
iv. Regeneración ética de las instituciones y
de la sociedad
v. Reformular el combate a las drogas
vi. Emprender la construcción de la paz
vii. Recuperación y dignificación de las
cárceles
viii. Articular la seguridad nacional, la
seguridad pública y la paz
ix. Repensar la seguridad nacional y
reorientar las Fuerzas Armadas
x. Establecer la Guardia Nacional
xi. Coordinaciones nacionales,
estatales y regionales
xii. Estrategias específicas
Hacia una democracia
participativa
Revocación del mandato
Consulta popular
Mandar obedeciendo
Política exterior:
recuperación de los principios
Migración: soluciones de
raíz
Libertad e Igualdad
2. Política Social
Construir
un país con bienestar
Desarrollo
sostenible
Programas
i. El Programa para el
Bienestar de las Personas Adultas Mayores
ii. Programa Pensión para el
Bienestar de las Personas con Discapacidad
iii. Programa Nacional de
Becas para el Bienestar Benito Juárez
iv. Jóvenes Construyendo el
Futuro
v. Jóvenes escribiendo el
futuro
vi. Sembrando vida
vii. Programa Nacional de
Reconstrucción
viii. Desarrollo Urbano y
Vivienda
ix. Tandas para el bienestar
Derecho
a la educación
Salud
para toda la población
Instituto
Nacional de Salud para el Bienestar
Cultura
para la paz, para el bienestar y para todos
3. Economía
Detonar
el crecimiento
Mantener
finanzas sanas
No
más incrementos impositivos
Respeto
a los contratos existentes y aliento a la inversión privada
Rescate
del sector energético
Impulsar
la reactivación económica, el mercado interno y el empleo
Creación
del Banco del Bienestar
Construcción
de caminos rurales
Cobertura
de Internet para todo el país
Proyectos
regionales
Aeropuerto
Internacional “Felipe Ángeles” en Santa Lucía
Autosuficiencia
alimentaria y rescate del campo
Ciencia
y tecnología
El
deporte es salud, cohesión social y orgullo nacional
4. Epílogo: Visión de 2024
PRESENTACIÓN
La Constitución ordena al Estado mexicano velar por la estabilidad de
las finanzas públicas y del sistema financiero; planificar, conducir, coordinar
y orientar la economía; regular y fomentar las actividades económicas y
“organizar un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que
imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al
crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política,
social y cultural de la nación”. Para este propósito, la Carta Magna faculta al
Ejecutivo Federal para establecer “los procedimientos de participación y
consulta popular en el sistema nacional de planeación democrática, y los
criterios para la formulación, instrumentación, control y evaluación del plan y
los programas de desarrollo”. El Plan Nacional de Desarrollo (PND) es, en esta
perspectiva, un instrumento para enunciar los problemas nacionales y enumerar
las soluciones en una proyección sexenal.
El primer antecedente del Plan Nacional de Desarrollo fue el Plan Sexenal elaborado por el general Lázaro Cárdenas como plataforma de su campaña
electoral y, una vez iniciado su mandato, como orientación general de su
gobierno. Los lineamientos constitucionales mencionados buscaron convertir esa
práctica en obligación de toda presidencia a fin de dar coherencia y
continuidad a la administración pública federal. Por ello, todo ejercicio
presidencial debe plasmar en un documento estructurado y consensuado con la
sociedad los objetivos que se propone alcanzar y los medios para lograrlo.
El significado de un documento rector del desarrollo podría parecer
evidente, pero no lo es, porque los sucesivos gobiernos de 1934 a la fecha han
operado con concepciones y definiciones muy distintas y hasta contrapuestas de
desarrollo y de las políticas para lograrlo. En la penúltima década del siglo
pasado tuvo lugar un brusco viraje que implicó pasar del desarrollo
estabilizador al desarrollo privatizador. El primero se caracterizaba por una
fuerte presencia del sector público en la economía, el monopolio del Estado en
sectores estratégicos, la sustitución de importaciones, el proteccionismo
comercial, el fortalecimiento del mercado interno, la construcción de
infraestructura por parte del Estado y políticas de fomento a la
industrialización en sus modalidades privada y público-privada; tal estrategia
tenía como correlato el fortalecimiento de las condiciones y prestaciones
laborales, los mecanismos de redistribución y de movilidad social y el apoyo
simultáneo a la producción agrícola y al abasto popular en las ciudades. El
modelo permitió que el país creciera a tasas anuales superiores al 6 por ciento
y entró en crisis en los años setenta.
El sexenio de Miguel de la Madrid fue una transición hacia las
políticas neoliberales, las cuales fueron implantadas de lleno en el salinato.
El neoliberalismo se significó por el desmantelamiento sostenido de la
presencia del sector público y la dramática reducción del sector social; la
apertura comercial indiscriminada; la desregulación en todos los frentes; la
supresión o reducción de derechos y conquistas laborales; la eliminación de los
subsidios generales y su remplazo por sistemas clientelares focalizados en los
sectores más depauperados; el parcelamiento de las facultades gubernamentales
en comisiones y organismos autónomos y la abdicación de potestades del gobierno
en diversas instancias internacionales, en el marco de la inserción del país en
la economía global.
Si se observa de manera retrospectiva, el ciclo neoliberal no fue la
superación ni la salida de las crisis finales del desarrollo estabilizador sino
su perpetuación y ahondamiento. Así lo señalan los indicadores de crecimiento,
la multiplicación de la deuda externa, la pérdida del poder adquisitivo de la
moneda y del salario y el crecimiento de la desigualdad, la pobreza y la
marginación. Los gobiernos neoliberales fueron reprobados por su propio
fetiche, que eran las cifras macroeconómicas. En estas más de tres décadas el
ejercicio del poder público, lejos de resolver los conflictos entre los
distintos sectores, los ha agudizado y llevado hasta peligrosos puntos de
quiebre. La aplicación de los preceptos del Consenso de Washington en el país
se tradujeron en un desarrollo desestabilizador que incrementó las dificultades
y los obstáculos para la convivencia y que generó una oligarquía
político-empresarial. Lejos de superar o atenuar los aspectos políticos y
sociales más inaceptables del desarrollo estabilizador, el neoliberalismo los
acentuó y los llevó a niveles generalizados: la corrupción, el carácter antidemocrático
de las instituciones y la desigualdad, entendida ésta no sólo como una
diferenciación creciente entre segmentos de la población sino también entre
regiones del país y entre el campo y la ciudad. Las mediocres tasas de
crecimiento económico del periodo son promedios que no reflejan la realidad
contrastada: mientras que algunas regiones y entidades –particularmente, en el
norte y centro del país– crecieron a tasas cercanas al 4 por ciento, en otras
se registraron índices negativos de crecimiento, es decir, se retrocedió en
forma sostenida y se agudizaron la marginación, la pobreza y la desigualdad.
El mayor desastre de este periodo de 36 años fue sin duda la
destrucción del contrato social construido por los gobiernos posrevolucionarios
y la incapacidad de remplazarlo por un nuevo pacto. La prueba de esa
incapacidad es que las facciones que ejercieron el poder en este lapso no
pudieron dotarse de una nueva constitución, que es el documento en el que se
plasma el pacto social, y hubieron de recurrir a reformas que adulteraron mucho
del espíritu de la de 1917 pero que no pudieron, en definitiva, suprimir la
totalidad de su carácter social. En estas circunstancias, los gobiernos que se
sucedieron en México entre 1982 y 2018 recurrieron a una simulación generalizada
como sucedáneo del cumplimiento efectivo de la ley suprema y de las derivadas.
En correspondencia, el lenguaje del discurso oficial fue
sistemáticamente desvirtuado. A la manipulación se le llamó solidaridad, al
saqueo se le denominó rescate, la opacidad y el encubrimiento fueron bautizados
como confidencialidad, información reservada o protección de datos personales,
a la apropiación indebida de bienes públicos fue llamada desincorporación y la
corrupción fue denominada licitación o adjudicación directa. La falsificación
regular y sostenida del lenguaje es uno de los factores que explican la
bancarrota política en la que desembocó el régimen oligárquico y neoliberal: el
escepticismo social ante la palabra de las autoridades terminó convirtiéndose
en repudio general porque, a fuerza de mentir, los gobernantes llegaron al
total agotamiento de su credibilidad. Esa situación permite aquilatar la
capacidad de convocatoria que logró el precepto “No mentir, no robar, no
traicionar”. Otro elemento que explica la derrota del bando neoliberal en 2018
es la propuesta, contenida en forma embrionaria en el Proyecto de Nación 2018-2024, de construir un nuevo pacto social capaz de
contener y remontar el desbarajuste al que fue conducido el país. La promesa
allí expresada es simple y profunda: los distintos sectores de la sociedad
mexicana necesitan objetivos nacionales distintos que los instaurados por el
neoliberalismo, una nueva ruta para alcanzarlos y un nuevo conjunto de reglas
explícitas e implícitas de convivencia. El crecimiento económico, el incremento
de la productividad y la competitividad no tienen sentido como objetivos en sí
mismos sino como medios para lograr un objetivo superior: el bienestar general
de la población; el poder público debe servir en primer lugar al interés
público, no a los intereses privados y la vigencia del estado de derecho debe
ser complementada por una nueva ética social, no por la tolerancia implícita de
la corrupción.
Si un plan nacional de desarrollo expresa la parte del pacto social que
le corresponde cumplir al gobierno, los elaborados en el periodo de referencia
fueron falsos en sus propósitos y mendaces en sus términos, como lo fueron los
informes presidenciales y otras expresiones del poder público. Es evidente que
el documento correspondiente al sexenio 2018-2024 tendrá carácter histórico
porque marcará el fin de los planes neoliberales y debe distanciarse de ellos
de manera clara y tajante; esto implica, en primer lugar, la restitución de los
vínculos entre las palabras y sus significados y el deslinde con respecto al
lenguaje oscuro y tecnocrático que, lejos de comunicar los propósitos
gubernamentales, los escondía. Desde luego en la elaboración del nuevo
documento debe recogerse el cambio de paradigma aprobado en las urnas el 1 de
julio de 2018 y ese cambio incluye el del concepto mismo de desarrollo.
México fue uno de los países en los que este modelo fue aplicado de
manera más encarnizada, brutal y destructiva, y uno en los que duró más tiempo.
Ello fue así porque la pequeña élite político-empresarial que lo impuso se
adueñó de las instituciones y se perpetuó en ellas mediante sucesivos fraudes
electorales. Pero ese largo y oscuro periodo terminó. En la elección del 1 de
julio de 2018 el pueblo de México determinó un cambio de rumbo en la vida
pública y en las instituciones. Fue una sublevación legal, pacífica y
democrática fruto de una paulatina toma de conciencia; el pueblo se unió y se
organizó para enterrar el neoliberalismo.
Hemos llamado a este mandato popular y social la Cuarta Transformación,
porque así como a nuestros antepasados les correspondió construir modelos de
sociedad para remplazar el orden colonial, el conservadurismo aliado a la
intervención extranjera y el Porfiriato, a nosotros nos toca edificar lo que
sigue tras la bancarrota neoliberal, que no es exclusiva de México, aunque en
nuestro país sea más rotunda y evidente. Sin faltar al principio de no
intervención y en pleno respeto a la autodeterminación y la soberanía de las
naciones, lo que edifiquemos será inspiración para otros pueblos.
Tenemos ante el mundo la responsabilidad de construir una propuesta
posneoliberal y de convertirla en un modelo viable de desarrollo económico,
ordenamiento político y convivencia entre los sectores sociales. Debemos demostrar
que sin autoritarismo es posible imprimir un rumbo nacional; que la modernidad
puede ser forjada desde abajo y sin excluir a nadie y que el desarrollo no
tiene porqué ser contrario a la justicia social. Tales son los lineamientos en
los que se enmarca el Plan
Nacional de Desarrollo 2019-2024 y estos
son los principios rectores de su propuesta:
Honradez y honestidad
La característica más destructiva y perniciosa de los neoliberales
mexicanos fue la corrupción extendida y convertida en práctica administrativa
regular. La corrupción ha sido el principal inhibidor del crecimiento
económico. Por eso estamos empeñados, en primer lugar, en acabar con la
corrupción en toda la administración pública, no sólo la corrupción monetaria
sino la que conllevan la simulación y la mentira.
No al gobierno rico con pueblo pobre
Los robos monumentales de recursos públicos fueron acompañados por el
dispendio, la suntuosidad y la frivolidad a expensas del erario y los
gobernantes enriquecidos han sido la insultante contraparte de la pobreza de
millones. El saqueo del presupuesto y los lujos faraónicos de los altos
funcionarios consumieron los recursos que debieron emplearse en el cumplimiento
de las obligaciones del Estado para con la población, particularmente con los
más desposeídos, y en poner fin a los dispendios con una política de austeridad
republicana.
Al margen de la ley, nada; por encima
de la ley, nadie
Ante el sistemático quebrantamiento de las leyes, tanto en su espíritu
como en su letra, hemos de desempeñar el poder con estricto acatamiento al
orden legal, la separación de poderes, el respeto al pacto federal, en
observancia de los derechos sociales, colectivos y sociales, empezando por los
derechos humanos, y el fin de la represión política; nada por la fuerza; todo,
por la razón; solución de los conflictos mediante el diálogo; fin de los
privilegios ante la ley y cese de los fueros.
Economía para el bienestar
El objetivo de la política económica no es producir cifras y
estadísticas armoniosas sino generar bienestar para la población. Los
macroindicadores son un instrumento de medición, no un fin en sí. Retomaremos
el camino del crecimiento con austeridad y sin corrupción, disciplina fiscal,
cese del endeudamiento, respeto a las decisiones autónomas del Banco de México,
creación de empleos, fortalecimiento del mercado interno, impulso al agro, a la
investigación, la ciencia y la educación.
El mercado no sustituye al Estado
Durante décadas, la élite neoliberal se empeñó en reducir el Estado a
un aparato administrativo al servicio de las grandes corporaciones y un
instrumento coercitivo en contra de las mayorías. Su idea de que las
instituciones públicas debían renunciar a su papel como rectoras e impulsoras
del desarrollo, la justicia y el bienestar, y que bastaba “la mano invisible
del mercado” para corregir distorsiones, desequilibrios, injusticias y
aberraciones, fue una costosa insensatez. El Estado recuperará su fortaleza
como garante de la soberanía, la estabilidad y el estado de derecho, como
árbitro de los conflictos, como generador de políticas públicas coherentes y
como articulador de los propósitos nacionales.
Por el bien de todos, primero los
pobres
Así como Benito Juárez consumó la separación entre la Iglesia y el
Estado, la Cuarta Transformación se ha propuesto separar el poder político del
poder económico. La connivencia y la fusión entre ambos llevó a un ejercicio
gubernamental orientado a beneficiar los intereses privados y corporativos en
detrimento de la población. Pero una sociedad que se desentiende de sus
miembros más débiles y desvalidos rompe el principio de empatía que es factor
indispensable de cohesión, instaura la ley del más fuerte y acaba en un total
envilecimiento.
No dejar a nadie atrás, no dejar a
nadie fuera
El crecimiento económico excluyente, concentrador de la riqueza en unas
cuantas manos, opresor de sectores poblacionales y minorías, depredador del
entorno, no es progreso sino retroceso. Somos y seremos respetuosos de los
pueblos originarios, sus usos y costumbres y su derecho a la autodeterminación
y a la preservación de sus territorios; propugnamos la igualdad sustantiva
entre mujeres y hombres, la dignidad de los adultos mayores y el derecho de los
jóvenes a tener un lugar en el mundo; rechazamos toda forma de discriminación
por características físicas, posición social, escolaridad, religión, idioma,
cultura, lugar de origen, preferencia política e ideológica, identidad de
género, orientación y preferencia sexual. Propugnamos un modelo de desarrollo
respetuoso de los habitantes y del hábitat, equitativo, orientado a subsanar y
no a agudizar las desigualdades, defensor de la diversidad cultural y del
ambiente natural, sensible a las modalidades y singularidades económicas
regionales y locales y consciente de las necesidades de los habitantes futuros
del país, a quienes no podemos heredar un territorio en ruinas.
No puede haber paz sin justicia
La inseguridad, la delincuencia y la violencia tienen un costo
inaceptable en vidas humanas y bienes materiales, cohesión social y
gobernabilidad, inhiben el crecimiento económico y debilitan la confianza de la
población en su país, su estado, su municipio y su barrio. Las estrategias de
seguridad pública aplicadas por las administraciones anteriores han sido
catastróficas: lejos de resolver o atenuar la catástrofe la han agudizado.
Estamos aplicando ya un nuevo paradigma en materia de paz y seguridad que se
plantea como prioridades restarle base social a la criminalidad mediante la
incorporación masiva de jóvenes al estudio y al trabajo para apartarlos de
conductas antisociales; recuperación del principio de reinserción social; fin
de la “guerra contra las drogas” y adopción de una estrategia de prevención y
tratamiento de adicciones; impulso a procesos regionales de pacificación con
esclarecimiento, justicia, reparación, garantía de no repetición y
reconciliación nacional, y medidas contra el lavado de dinero e inteligencia
policial. Ya fue promulgada la reforma constitucional que nos permite contar
con la Guardia Nacional como policía de paz y proximidad, con presencia
permanente en todo el territorio. Desde el primer día de mi mandato realizamos
reuniones diarias con el gabinete de seguridad para contar con información y
seguimiento precisos y puntuales de los hechos delictivos.
El respeto al derecho ajeno es la paz
México ha recuperado los principios que hicieron de su política
exterior un ejemplo mundial: no intervención, autodeterminación, relaciones con
todos los pueblos basadas en la cooperación para el desarrollo, solución
pacífica de los conflictos mediante el diálogo y rechazo a la violencia y a la
guerra, respeto a los derechos humanos.
No más migración por hambre o por
violencia
La mayor riqueza de las naciones es su población; sin embargo, el
modelo neoliberal agudizó la emigración de mexicanos y hoy tenemos que un alto
porcentaje de nuestra gente reside fuera del país, muchas veces en condiciones
de precariedad y sujeta a discriminación y atropellos. Aspiramos a ofrecer a
todos los ciudadanos las condiciones adecuadas para que puedan vivir con
dignidad y seguridad en la tierra en la que nacieron. Nuestros consulados en
Estados Unidos funcionarán como defensorías del migrante y lograremos que nadie
más tenga que dejar su lugar de origen para ganarse la vida o buscar refugio en
otros países. México tiene una larga tradición como tierra de asilo y refugio
que ha salvado innumerables vidas y enriquecido al país. A los extranjeros que
llegan a nuestro territorio brindaremos respeto a sus derechos, hospitalidad y
la posibilidad de que construyan aquí una nueva vida.
Democracia significa el poder del
pueblo
Nos dotaremos de una democracia participativa para socializar el poder
político e involucrar a la sociedad en las grandes decisiones nacionales. Tal
es el sentido de mecanismos como la consulta popular o ciudadana, la revocación
periódica de mandato y las asambleas comunitarias como instancias efectivas de
participación. Reivindicamos el principio de que el gobierno mande obedeciendo
y queremos una sociedad que mandando se obedezca a sí misma.
Ética, libertad, confianza
El paradigma que estamos construyendo se basa en la convicción de que
es más fuerte la generosidad que el egoísmo, más poderosa la empatía que el
odio, más eficiente la colaboración que la competencia, más constructiva la
libertad que la prohibición y más fructífera la confianza que la desconfianza.
Tenemos la certeza de que los principios éticos y civilizatorios de nuestro
pueblo son las claves del nuevo pacto social y del modelo de desarrollo para el
México que está renaciendo tras la larga y oscura noche del neoliberalismo.
Los arriba mencionados son los puntos centrales del nuevo consenso
nacional, el cual tiene como centro la convicción de que el quehacer nacional
en su conjunto –el económico, el político, el social, el cultural– no debe ser orientado a alcanzar a otros
países, a multiplicar de manera irracional y acrítica la producción, la
distribución y el consumo, a embellecer los indicadores y mucho menos a
concentrar la riqueza en unas cuantas manos, sino al bienestar de la población.
En esa tarea hay lugar para empresarios y campesinos, para artistas y
comerciantes, para trabajadores y profesionistas, para jóvenes y viejos, para
hombres y mujeres, para indígenas y mestizos, para norteños y sureños, para
potentados y desempleados. Las instituciones forjadas con el modelo de
democracia representativa deben ser ampliadas y complementadas con mecanismos
de democracia participativa que permitan hacer efectivos los principios
contenidos en el Artículo 39 constitucional: “la soberanía nacional reside
esencial y originariamente en el pueblo” y “todo poder público dimana del
pueblo y se instituye para beneficio de éste.” El gobierno federal debe
recuperar su función de árbitro auspicioso y constructivo de los conflictos,
empezar a cumplir sus mandatos constitucionales como guardián de los derechos
individuales y colectivos y asumir plenamente sus facultades como impulsor y
conductor de la economía. El Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 debe plasmar tales propósitos de manera llana y clara y ser accesible a
la población en general, la de hoy y la de las décadas venideras, porque será
uno de los documentos fundamentales de la transformación histórica que estamos
viviendo.
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2019-2024
I. POLÍTICA Y GOBIERNO
Erradicar la corrupción, el dispendio y la frivolidad
La corrupción es la forma más extrema
de la privatización, es decir, la transferencia de bienes y recursos públicos a
particulares. Las prácticas corruptas, agudizadas en el periodo neoliberal,
dañaron severamente la capacidad de las instituciones para desempeñar sus
tareas legales, para atender las necesidades de la población, para garantizar
los derechos de los ciudadanos y para incidir en forma positiva en el
desarrollo del país.
Por ello, erradicar la corrupción del
sector público es uno de los objetivos centrales del sexenio en curso. Con este
propósito, el Poder Ejecutivo Federal pondrá en juego todas sus facultades
legales a fin de asegurar que ningún servidor público pueda beneficiarse del
cargo que ostente, sea del nivel que sea, salvo en lo que se refiere a la
retribución legítima y razonable por su trabajo.
Lo anterior significa un combate
total y frontal a las prácticas del desvío de recursos, la concesión de
beneficios a terceros a cambio de gratificaciones, la extorsión a personas
físicas o morales, el tráfico de influencias, el amiguismo, el compadrazgo, la
exención de obligaciones y de trámites y el aprovechamiento del cargo o función
para lograr cualquier beneficio personal o de grupo.
Tal es el propósito de tipificar la
corrupción como delito grave, prohibir las adjudicaciones directas, establecer
la obligatoriedad de las declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses de
todos los servidores públicos, eliminar el fuero de los altos funcionarios,
fomentar la colaboración internacional tendiente a erradicar los paraísos
fiscales, monitorear en línea y en tiempo real el dinero para adquisiciones y
realizar verificaciones obligatorias de los precios de mercado antes de
cualquier adquisición. Con ese mismo objetivo se propondrá al Congreso de la
Unión la Ley Federal de Combate de Conflictos de Interés, se centralizarán las
instancias de contraloría, se reforzarán mecanismos fiscalizadores como la
Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Auditoría Superior de la Federación
(ASF), se reorientará la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público (SHCP) y se creará una unidad policial especializada
en lavado de dinero.
El aparato gubernamental, tal y como
se recibió el 1 de diciembre de 2018, estaba plagado de instituciones
redundantes, de duplicidad de funciones y de oficinas y partidas presupuestales
sin propósito o resultados. En apego al marco legal, el gobierno federal
eliminará los despachos inútiles, concentrará las funciones y tareas en las
dependencias centralizadas y reorientará los presupuestos dispersos a los
programas significativos y de alto impacto social y económico.
Los lujos, los dispendios y la
opulencia que caracterizaban el ejercicio del poder han llegado a su fin. El
gobierno actual está decidido a eliminar los privilegios y prebendas de que han
disfrutado los funcionarios de nivel alto y medio y pondrá fin a la
contratación generalizada e indiscriminada de personal de confianza, a la
asignación abusiva de oficinas, vehículos, mobiliario, equipos de comunicación
y viáticos; al pago con cargo al erario de seguros de gastos médicos; a los
presupuestos para fiestas y banquetes y a los viajes sin sentido. Únicamente
los titulares de las secretarías de Estado podrán disponer de vehículo y
chofer, y sólo se asignarán escoltas a aquellos funcionarios que, por la
naturaleza de su trabajo, requieran de medidas de seguridad.
Recuperar el estado de derecho
Durante décadas, el cumplimiento de
las normas legales fue asumido por los gobernantes como optativo y
discrecional. Semejante conducta generó un gravísimo daño a las instituciones y
a la moral pública, por cuanto generalizó el ejemplo de la ilegalidad en
sectores de la población. En el actual gobierno todos los empleados públicos
deberán acatar y aplicar el conjunto de leyes vigentes en el país, en la
inteligencia de que sólo una autoridad respetuosa de la legalidad puede
restaurar la confianza en ella por parte de la población.
Lo anterior significa abstenerse de
simulaciones de constitucionalidad como las que practicaron los gobiernos
anteriores y, por lo que hace al gobierno federal, atenerse escrupulosamente a
las delimitaciones impuestas por el pacto federal y la división de poderes.
Explícitamente, el Poder Ejecutivo no intervendrá de manera alguna en las
determinaciones del Legislativo ni del Judicial, respetará las atribuciones y
jurisdicciones de las instancias estatales y municipales y respetará las
decisiones de la Fiscalía General de la República, el Banco de México, las
autoridades electorales y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Asimismo, el gobierno federal reconocerá y respetará las atribuciones y
facultades que el marco legal del país otorga a las comunidades indígenas y a
sus instancias de decisión, y se someterá a los fallos de los organismos e
instrumentos internacionales de los que México es miembro y signatario, como la
Organización de las Naciones Unidas, la Corte Penal Internacional y la
Organización Mundial de Comercio.
No se tolerarán las faltas de
observancia a las leyes y reglamentos por parte de funcionarios y empleados
públicos; éstas darán lugar a las sanciones administrativas que correspondan y
serán turnadas, en los casos que lo ameriten, a la Fiscalía General de la República.
Se erradicarán el robo de
combustibles y la evasión fiscal y se combatirán el lavado de dinero, el
tráfico de armas y otros ilícitos que no podrían perpetrarse sin la complicidad
entre infractores y funcionarios públicos.
Las diferencias de salarios entre un
agente ministerio público federal, un miembro de una institución policial
federal y un juez federal, actualmente abismales, serán reducidas al mínimo,
dependiendo del rango y los niveles. Se analizará el establecimiento de
mecanismos institucionales y disposiciones legales para evitar que efectivos
policiales sometidos a proceso o sancionados por la comisión de delitos sean
recontratados en otras corporaciones.
Separar el poder político del poder económico
Durante décadas, el poder político en
México ha sido distorsionado y pervertido por la connivencia entre equipos de
gobierno y grupos empresariales, hasta el punto en que se hizo imposible
distinguir entre unos y otros. De esa manera, las instituciones gubernamentales
fueron puestas al servicio de los intereses corporativos y usadas para la
creación, consolidación y expansión de fortunas, en tanto que diversos
consorcios han disfrutado en los hechos de una perversa proyección política,
legislativa, judicial y administrativa.
El gobierno federal actual se ha
planteado el objetivo de separar esos dos ámbitos y restaurar el principio
constitucional de que “todo poder público dimana del pueblo y se instituye para
beneficio de éste”. En lo sucesivo, la capacidad económica y financiera de
personas físicas o morales no debe orientar el nombramiento de funcionarios, la
adopción de políticas públicas, las decisiones administrativas, la realización
de reformas legales, la elaboración de fallos legales y mucho menos la
distorsión de la voluntad popular en procesos electorales, como ha ocurrido en
el pasado. Las instituciones de gobierno deben velar por las necesidades del
país y de toda la población y no sólo por los intereses de grupos de presión
empresariales y mediáticos.
La dinámica de los negocios es indispensable
para el desarrollo nacional y para el buen desempeño de la economía, pero es
indispensable sacar del ámbito político las legítimas actividades para obtener
ganancias. Con este propósito se mantendrá una estricta vigilancia de los
conflictos de interés de los servidores públicos, se combatirá la corrupción en
la asignación de contratos y concesiones y se sancionará como delito grave todo
intento de distorsión electoral mediante la inyección de recursos no
autorizados en campañas políticas o para ofrecer beneficios personales de
cualquier clase a cambio del voto.
Cambio de paradigma en seguridad
El Ejecutivo federal ha emprendido un
cambio de paradigma en materia de seguridad nacional y seguridad pública. Entre
2006 y 2018 los gobernantes pretendieron resolver la inseguridad y la violencia
delictiva mediante acciones de fuerza militar y policial y el llamado
“populismo penal”, consistente en endurecer los castigos a las acciones
delictivas. El resultado fue catastrófico y esa estrategia dejó un saldo pavoroso
de muertos, desaparecidos, lesionados, una crisis de derechos humanos, una
descomposición institucional sin precedentes y un gravísimo daño al tejido
social. Se recurrió al empleo de las Fuerzas Armadas en su configuración de
cuerpos de combate, se omitió la profesionalización de las corporaciones
policiales y se entregó el manejo de la seguridad a autoridades extranjeras.
Actualmente el país padece aún las consecuencias de esa política equivocada.
Con la convicción de que la violencia
engendra más violencia, y tomando en cuenta el justificado reclamo ciudadano
por la inseguridad, el actual gobierno decidió cambiar las medidas de guerra
por una política de paz y seguridad integral que ataque las raíces mismas del
descontrol delictivo y de la pérdida de seguridad y que tenga como objetivo
inmediato la reducción de los índices delictivos.
La Estrategia Nacional de Seguridad
Pública, aprobada recientemente por el Senado de la República, establece los
siguientes objetivos:
1. Erradicar la corrupción y reactivar la procuración de justicia, en
los términos ya descritos en apartados anteriores.
2. Garantizar empleo, educación, salud y bienestar mediante la
creación de puestos de trabajo, el cumplimiento del derecho de todos los
jóvenes del país a la educación superior, la inversión en infraestructura y
servicios de salud y por medio de los programas regionales, sectoriales y
coyunturales de desarrollo: Jóvenes Construyendo el Futuro, Instituto Nacional
de Salud para el Bienestar, Universidades para el Bienestar, Pensión Universal
para Personas Adultas Mayores, Becas “Benito Juárez”, Crédito Ganadero a la Palabra, Producción
para el Bienestar, Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos,
programas de Comunidades Sustentables “Sembrando Vida”, de Infraestructura
Carretera, Zona Libre de la Frontera Norte, Tren Maya, Corredor Multimodal
Interoceánico y Aeropuerto “Felipe Ángeles” en Santa Lucía.
3. Pleno respeto a los derechos humanos que permee todas las acciones
e instituciones de gobierno; se buscarán las reformas que permitan dotar de
obligatoriedad legal, con sanción en caso de incumplimiento grave, a las
resoluciones que emitan las comisiones nacionales y estatales de Derechos
Humanos; el conocimiento y observancia de estos derechos será asignatura regular
en la formación de los nuevos elementos policiales. Se excarcelará, en
observancia de las disposiciones legales, a las personas que, sin haber
cometido acciones violentas, se encuentren en prisión por motivos políticos y
se buscarán las vías para dejar sin efecto los actos procesales de vinculación
a proceso y los juicios penales originados por los acusados en actos de
protesta legal y pacífica; se erradicará la represión y nadie será torturado,
desaparecido o asesinado por un cuerpo de seguridad del Estado. El gobierno
federal no tolerará los atropellos impunes desde el poder en contra de la
ciudadanía.
4. Regeneración ética de las instituciones y de la sociedad. La crisis
de valores y de convivencia que constituye uno de los componentes del estallido
de violencia y criminalidad se origina, en buena medida, en el resentimiento
social a causa de la pobreza, la marginación, la negación regular de derechos
básicos y la falta de horizontes de realización, derivada de la supresión de
mecanismos de movilidad social. Ante este panorama, la regeneración moral es,
al mismo tiempo, un medio y un propósito de la Cuarta Transformación. La
regeneración ética es la intención ejemplificante de un ejercicio de gobierno
austero, honesto, transparente, incluyente, respetuoso de las libertades,
apegado a derecho, sensible a las necesidades de los más débiles y vulnerables
y pendiente en todo momento del interés superior. En el ámbito de la seguridad
pública y el combate a la delincuencia organizada, la regeneración ética se
traducirá en la opción preponderante por los métodos pacíficos y la confianza
previa en el buen comportamiento de la gran mayoría de las personas.
5. Reformular el combate a las drogas. En materia de estupefacientes,
la estrategia prohibicionista es ya insostenible, no sólo por la violencia que
ha generado sino por sus malos resultados en materia de salud pública: en la
mayoría de los países en los que ha sido aplicada, esa estrategia no se ha
traducido en una reducción del consumo. Peor aún, el modelo prohibicionista
criminaliza de manera inevitable a los consumidores y reduce sus probabilidades
de reinserción social y rehabilitación. La “guerra contra las drogas” ha
escalado el problema de salud pública que representan las sustancias
actualmente prohibidas hasta convertirlo en una crisis de seguridad pública. La
alternativa es que el Estado renuncie a la pretensión de combatir las
adicciones mediante la prohibición de las sustancias que las generan y se
dedique a mantener bajo control las de quienes ya las padecen mediante un
seguimiento clínico y el suministro de dosis con prescripción para, en un
segundo paso, ofrecerles tratamientos de desintoxicación personalizados y bajo
supervisión médica. La única posibilidad real de reducir los niveles de consumo
de drogas residen en levantar la prohibición de las que actualmente son
ilícitas y reorientar los recursos actualmente destinados a combatir su
trasiego y aplicarlos en programas –masivos, pero personalizados– de
reinserción y desintoxicación. Ello debe procurarse de manera negociada, tanto
en la relación bilateral con Estados Unidos como en el ámbito multilateral, en
el seno de la ONU.
6. Emprender la construcción de la paz. Como elementos consustanciales
a la estrategia de seguridad se promoverá la adopción de modelos de justicia
transicional, la cultura de paz y la recuperación de la confianza en la
autoridad. Ante la imposibilidad de derrotar las diversas expresiones
delictivas por medios exclusiva o preponderantemente policiales y militares y
frente al absurdo de querer pacificar con métodos violentos, resulta imperativo
considerar la adopción de modelos de justicia transicional que garanticen los
derechos de las víctimas y que, al mismo tiempo, hagan posible el desarme y la
entrega de los infractores, a quienes se les respetará sus derechos legales y
se les propondrá un cambio de vida; se revisarán los expedientes de acusados y
sentenciados a la luz de las lógicas de pacificación a fin de determinar si sus
casos pueden ser objeto de amnistía o indulto, condicionados en todos los casos
al cumplimiento de los cuatro ejes de la justicia transicional: verdad,
justicia, reparación y garantía de no repetición. Se establecerá lo antes
posible el Consejo para la Construcción de la Paz, que será una instancia de vinculación
y articulación entre todas las instituciones y actores de México y del
extranjero que trabajen por la paz. El gobierno federal invitará en todas estas
acciones a representaciones de la CNDH y a observadores designados por la
Organización de las Naciones Unidas.
7. Recuperación y dignificación de las cárceles. Las graves
distorsiones que enfrenta el sistema penal del país lo convierten en un
mecanismo que pervierte el carácter disuasorio del castigo para transformarlo
en multiplicador de la criminalidad. Las prisiones se han convertido en
escuelas de delincuentes y en centros operativos de grupos del crimen
organizado. Es necesario recuperar el control de los penales de las mafias,
combatir la corrupción de las autoridades carcelarias, establecer el respeto a
los derechos de los internos, implementar mecanismos de supervisión externa y
dignificar las condiciones de alojamiento, salud y alimentación de los
reclusos, en atención a recomendaciones de expertos nacionales e
internacionales. El hundir a los infractores –presuntos o sentenciados– en
entornos de descomposición y crueldad es la peor manera de impulsar su
reinserción. Ante la vieja discusión entre la parte que señala la maldad innata
de los individuos y la que considera las conductas antisociales como producto
de las circunstancias, el Gobierno Federal tomará partido por la segunda y
actuará basado en la premisa de que, salvo una pequeña porción de casos, la
reinserción social es posible.
8. Articular la seguridad nacional, la seguridad pública y la paz. El
Gobierno de México entiende la Seguridad Nacional como una condición
indispensable para garantizar la integridad y la soberanía nacionales, libres
de amenazas al Estado, a fin de construir una paz duradera y fructífera. La
actual administración fortalecerá las capacidades institucionales para alcanzar
los siguientes objetivos estratégicos:
● Coordinar la ejecución del
Programa para la Seguridad Nacional del Gobierno, por medio del Consejo de
Seguridad Nacional.
● Establecer un Sistema
Nacional de Inteligencia.
● Actualizar el catálogo y
clasificación de Instalaciones Estratégicas.
● Fortalecer y mantener la
Seguridad Interior del país y garantizar la defensa exterior de México.
● Promover el concepto de
cultura de Seguridad Nacional postulado por el gobierno para contribuir al
conocimiento colectivo sobre el tema.
● Mejorar las capacidades tecnológicas
de investigación científica en los ámbitos de seguridad pública, seguridad
interior, generación de inteligencia estratégica y procuración de justicia.
● Construir las bases para la
creación de un Documento Único de Identificación Nacional biometrizado.
9. Repensar la seguridad nacional y reorientar a las Fuerzas Armadas.
Los soldados y marinos de México son pueblo uniformado. El gobierno federal
procurará incrementar la confianza de la población civil hacia las Fuerzas
Armadas, impulsará la colaboración entre una y las otras y enfatizará el papel
de éstas como parte de la sociedad. El Ejército Mexicano y la Armada de México
conservarán sus tareas constitucionales en la preservación de la seguridad
nacional y la integridad territorial del país, la defensa de la soberanía
nacional y la asistencia a la población en casos de desastre; asimismo, los
institutos armados seguirán aportando a diversas esferas del quehacer nacional:
aeronáutica, informática, industria, ingeniería, entre otras.
10. Establecer la Guardia Nacional. Ante la carencia de una
corporación nacional de policía profesional y capaz de afrontar el desafío de
la inseguridad y la violencia, es necesario seguir disponiendo de las
instituciones castrenses en la preservación y recuperación de la seguridad
pública y el combate a la delincuencia por un periodo de cinco años, que
termina en 2023, en tanto se completa la formación de la Guardia Nacional. Esta
nueva corporación será el instrumento primordial del Ejecutivo Federal en la
prevención del delito, la preservación de la seguridad pública, la recuperación
de la paz y el combate a la delincuencia en todo el país. Será una institución
permanente de carácter policial, lo que implica que realizará tareas de
prevención y combate del delito, tendrá un enfoque de proximidad con la
ciudadanía y comunicación con la comunidad y sus integrantes se regirán por una
doctrina policial fundada en el pleno respeto a los derechos humanos.
La Guardia Nacional estará adscrita a
la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y será el titular de esta
secretaría quien presida el órgano de mando estratégico y táctico, el cual
consistirá en una Junta de Jefes de Estado Mayor compuesta por integrantes de
la dependencia de los ramos de Seguridad, Defensa Nacional y Marina. Será una
institución de carácter mixto o intermedio, es decir, que si bien será un
órgano con mando civil, sus integrantes tendrán entrenamiento, jerarquía y
estructura militar, lo que permitirá contar con una institución mucho más
disciplinada y capacitada para hacer frente a la delincuencia.
La Guardia Nacional dispondrá de
elementos suficientes, instalaciones fijas y equipamiento en diversas zonas del
territorio nacional y en su despliegue regional no sustituirá a las policías
municipales ni estatales; actuará, en cambio, de manera subsidiaria y en apoyo
a estas instituciones en la medida de sus necesidades. En su fase inicial la
nueva corporación se conformará con elementos procedentes de la Policía
Militar, la Policía Naval y la Policía Federal. La Secretaría de Seguridad y
Protección Ciudadana y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública tendrán como otra prioridad el fortalecimiento y la
profesionalización de las corporaciones policiales estatales y municipales.
En su fase inicial la nueva
corporación se conformará con elementos procedentes de la Policía Militar, la
Policía Naval y la Policía Federal y sus integrantes tendrán garantizados el
respeto a sus derechos adquiridos en las corporaciones de las que provengan, la
paulatina homologación de términos laborales, la estabilidad en el cargo, la
seguridad social y el bienestar.
Los objetivos sexenales de la Guardia
Nacional serán el crecimiento hasta 140 mil elementos y la cobertura de 266
regiones distribuidas en las 32 entidades federativas. Serán prioritarias en la
cobertura las zonas más violentas y conflictivas.
11. Coordinaciones nacionales, estatales y regionales. En el ámbito
nacional se tiene ya un mando coordinado, el Gabinete de Seguridad, que es
encabezado por el Presidente de la República; sesiona diariamente en Palacio
Nacional y en él participan los Secretarios de Seguridad y Protección
Ciudadana, Gobernación, Marina y Defensa, y se convoca con regularidad al
Fiscal General de la República. Se busca replicar ese modelo a escala estatal y
regional, con la participación de los coordinadores federales, los ejecutivos
estatales y sus comandancias de policía y seguridad pública, e invitaciones
especiales a las fiscalías y autoridades judiciales locales.
12. Estrategias específicas.
Como parte fundamental de la
Estrategia Nacional de Seguridad Pública se han desarrollado las siguientes
estrategias específicas para asuntos prioritarios y urgentes:
● Nuevo Modelo Policial. Se
desarrollará un Modelo Nacional de Policía que considere y articule los
esfuerzos y aportaciones de los tres órdenes de gobierno y tome en cuenta las
condiciones, contextos y necesidades locales; debe considerar un enfoque de derechos
humanos, proximidad y participación ciudadana; debe velar por la construcción
colectiva y la coordinación efectiva entre cuerpos policíacos municipales,
estatales y federales, al tiempo de estandarizar los rubros relacionados con la
capacitación, profesionalización, certificación y dignificación policial.
● Prevención del Delito. La
prevención es uno de los ejes estratégicos de la seguridad pública. Se han
impulsado acciones en lo inmediato para consolidar una amplia política de
prevención y participación ciudadana. El gobierno, por medio de la Secretaría de
Seguridad y Protección Ciudadana, enfocará sus esfuerzos en las siguientes
acciones:
Desarrollo Alternativo. Crear, de la mano de las dependencias
encargadas de la política económica y social, alternativas económicas
sostenibles para los hogares y comunidades que dependen del ingreso provisto
por actividades ilícitas como el cultivo de drogas, la extracción y
distribución ilegal de hidrocarburos, el robo de autotransporte, etc.
Prevención Especial de la Violencia y
el Delito. Se trabajará en disuadir a los autores de conductas delictivas de su
reincidencia mediante intervenciones restaurativas, orientadas a su protección,
resocialización y a la reparación del daño cometido a las víctimas. Se pondrá
especial énfasis en el combate a los crímenes que causan mayor exasperación
social como los delitos sexuales, la violencia de género en todas sus
expresiones, la desaparición forzada, el secuestro y el asalto en transporte
público.
Hacia una democracia participativa
El sentido supremo de la democracia
es gobierno del pueblo. El marco constitucional de México establece una
institucionalidad representativa, conformada por funcionarios electos en los
que la sociedad deposita de manera periódica, por medio de elecciones, un
mandato temporal. Se fue conformando así una clase política separada del pueblo
que terminó actuando en función de sus propios intereses. Ese proceso se vio
acentuado en el periodo neoliberal, cuando la connivencia entre el poder
público y el económico, la creciente corrupción y la utilización facciosa de
las instituciones conformaron una oligarquía excluyente, una pequeña élite que
manejó el país a su antojo, sin atender las necesidades nacionales y atenta
sólo a la expansión de sus negocios.
El creciente divorcio entre el poder
oligárquico y el pueblo generó una percepción social de la política como una
actividad intrínsecamente corrupta e inmoral. La población perdió la fe en su
propia capacidad de influir en las decisiones nacionales y hasta en la
posibilidad de cambiar el rumbo del país por medio de la participación
electoral. La superación de ese estado de impotencia, abatimiento y desinterés
fue resultado de un arduo trabajo de información y organización social, del
surgimiento de movimientos sociales y de la ruptura del monopolio de los medios
informativos. A los escasos espacios noticiosos y publicaciones veraces se sumó
la aparición de las redes sociales, las cuales hicieron posible la circulación
de información independiente del poder oligárquico y de las verdades oficiales.
Se hizo posible, así, difundir entre grandes sectores que la postración
nacional era resultado de un ejercicio perverso y distorsionado del poder
público, que México no estaba condenado a vivir para siempre en el desastre
neoliberal y que la sociedad podía ser protagonista de una gran transformación
si se organizaba para la participación electoral y para contrarrestar las
innumerables prácticas del fraude.
Esa revolución de las conciencias
permitió derrotar al régimen oligárquico en los comicios de 1 de julio de 2018
e imprimir una nueva dirección al país. Hoy, la sociedad mexicana está
consciente de las realidades políticas y mantiene una constante vigilancia
sobre el quehacer gubernamental e institucional. Este cambio trascendente debe
ser conducido a una forma superior de ejercicio del poder: la democracia
participativa.
No es suficiente con que la sociedad
esté informada y atenta; debe, además, participar e involucrarse en las
decisiones relevantes de quienes la representan en la función pública; debe
borrarse para siempre la separación entre el pueblo y el gobierno.
Revocación del mandato
El principio constitucional que
señala el derecho del pueblo de cambiar “en todo tiempo” la forma de su
gobierno no ha tenido, en la práctica, ninguna posibilidad de concretarse. Por
eso es necesario establecer el mecanismo de revocación del mandato, como una
forma efectiva de control de los mandantes sobre los mandatarios y de
corrección de ineficiencias y de malas prácticas y actitudes en el ejercicio
gubernamental.
Consulta popular
No basta con la posibilidad de elegir
a los funcionarios; la sociedad debe tener también el derecho de incidir en sus
determinaciones. Por eso el gobierno federal someterá a consulta las decisiones
estratégicas de interés nacional, consultará a las poblaciones los asuntos de
interés regional o local y someterá al veredicto de las comunidades las
acciones gubernamentales que las afecten o involucren, acatando así las
disposiciones contenidas en varios artículos de la Constitución y en tratados
internacionales de los que México es signatario, como el Convenio 169 de la
Organización Internacional del Trabajo.
Mandar obedeciendo
Antes de tomar determinaciones, los
gobernantes deben escuchar a sus gobernados y actuar en consecuencia. Los
funcionarios públicos de todos los niveles están obligados a servir, no a
servirse; a desempeñarse como representantes de la voluntad popular, no como
sus usurpadores; a acordar, no a imponer; a recurrir siempre a la razón, no a
la fuerza, y a tener siempre presente el carácter temporal de su función y no
aferrarse a puestos y cargos.
Política exterior: recuperación de los principios
El ciclo de gobiernos oligárquicos y
neoliberales conllevó la liquidación de los principios históricos de la
política exterior mexicana, principios que hunden sus raíces en la historia
nacional y que colocaron al país como punto de referencia y ejemplo de buena
diplomacia ante la comunidad internacional. Las actitudes sumisas, la
incoherencia y el extremado pragmatismo fueron, en materia de política exterior,
del manejo entreguista, depredador y corrupto de la conducción económica.
En el presente sexenio el gobierno
federal ha recuperado la tradición diplomática del Estado mexicano que tan
positiva resultó para nuestro país y para el mundo y que está plasmada en la
Carta Magna en los principios normativos que a continuación se enumeran: la
autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de
controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las
relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación
internacional para el desarrollo; el respeto, la protección y promoción de los
derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales.
El Ejecutivo Federal ofrece
cooperación, amistad y respeto para todos los países del mundo y,
particularmente, para las naciones hermanas de América Latina y el Caribe. En
este gobierno México ratifica su pertenencia histórica y cultural a esa región
e impulsará con énfasis los intercambios económicos, culturales, científicos y
tecnológicos que abonen a la causa de la integración latinoamericana. Esta
disposición será especialmente marcada hacia las naciones centroamericanas, con
las cuales hay estrechos vínculos por vecindad, cercanía, cultura e historia
compartida.
Por otra parte, México forma parte de
la región de Norteamérica, junto con Estados Unidos y Canadá, de los que es
socio comercial. La relación con el primero de esos países, con el que comparte
más de tres mil kilómetros de frontera, está marcada por una historia de
invasiones, despojo territorial e intervenciones, pero también por un intenso
intercambio económico, cultural y demográfico. Nuestra pertenencia al Tratado
entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC, sucesor del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte, TLCAN), la compleja relación fronteriza y la
presencia de unos doce millones de mexicanos en territorio estadunidense y de
más de ciento veinte mil en Canadá, así como la residencia en nuestro país de
cerca de un millón de ciudadanos de Estados Unidos, colocan la relación con
esas naciones como la principal prioridad de la política exterior.
El Ejecutivo federal buscará que la
relación bilateral con Estados Unidos se conduzca con base en el respeto mutuo,
la cooperación para el desarrollo y la búsqueda negociada de soluciones a
problemas comunes, entre los cuales los más significativos son sin duda los
fenómenos migratorios de Sur a Norte, las situaciones adversas que enfrentan
millones de mexicanos que viven en el país vecino y las expresiones de la
delincuencia transnacional: el tráfico de personas y el trasiego de armas,
drogas ilícitas y divisas.
Migración: soluciones de raíz
Los gobernantes del ciclo neoliberal
dieron por hecho que la emigración de mexicanos hacia Estados Unidos –la mayor
parte de ellos, sin documentos de residencia– era un fenómeno natural e
inevitable. Soslayaron el hecho de que la salida de poblaciones enteras de sus
lugares de origen era consecuencia de las políticas económicas aplicadas por
ellos mismos, políticas que tuvieron como consecuencia la aniquilación de la
industria nacional, el abandono del campo, el incremento de la pobreza, el
desempleo y la marginación, la eliminación de los mecanismos de redistribución
y de movilidad social y la agudización de la inseguridad y la violencia,
factores que detonaron la virtual huida de connacionales hacia el norte, en
busca de trabajo, seguridad y perspectivas de vida. El régimen oligárquico no sólo no se ocupó de
resolver de raíz el fenómeno de la emigración, sino que hasta lo alentó,
incluso de manera explícita.
Para paliar los sufrimientos,
atropellos y dificultades que han padecido los mexicanos en Estados Unidos, las
presidencias neoliberales mexicanas trataron de impulsar en el país vecino una
reforma migratoria y en ese afán recurrieron al cabildeo legislativo y a la
formulación de propuestas de negociación. Pero, en rigor, la política
migratoria es un asunto soberano de cada país, y en ese sentido los
representantes del viejo régimen incurrieron en prácticas intervencionistas
injustificables y perniciosas, por cuanto debilitaban la defensa de la
soberanía propia. Y mientras abogaban por un trato digno y justo a los
mexicanos en Estados Unidos, las autoridades migratorias mexicanas sometían a
toda suerte de atropellos a los migrantes extranjeros en el territorio
nacional, demoliendo así toda autoridad moral para defender a nuestros
connacionales al norte del Río Bravo.
El actual gobierno federal defenderá
a los mexicanos en Estados Unidos con respeto a la soberanía del país vecino y
con todos los instrumentos legales a su alcance; el principal de ellos es la
red de consulados, que deberán operar como defensorías de los migrantes, en el
marco de las convenciones internacionales y las propias leyes estadunidenses, a
fin de prevenir o remediar las violaciones a los derechos de los mexicanos en
la nación vecina.
Sin embargo, México no insistirá más
en una modificación a las leyes y normas migratorias del país vecino; en
cambio, el Poder Ejecutivo Federal atacará las causas profundas de la
emigración mediante la creación de empleos dignos, el desarrollo regional, la
edificación de un estado de bienestar y el impulso a los procesos de
construcción de la paz. El propósito de esta política es que ningún ciudadano
mexicano se vea obligado a abandonar su lugar de residencia por pobreza,
marginación, falta de perspectivas de realización personal o inseguridad.
Se espera que los programas sociales
sectoriales tengan una incidencia concreta en la mejoría de las condiciones de
vida en las principales zonas expulsoras de mano de obra y que los proyectos
regionales de desarrollo actúen como “cortinas” para captar el flujo migratorio
en su tránsito hacia el norte: el Tren Maya, el Corredor Transístmico y la Zona
Libre de la Frontera Norte generarán empleos y condiciones de vida digna para
atraer y anclar a quienes huyen de la pobreza.
El objetivo central de esta política
no es, como se ha querido interpretar, resolverle a Estados Unidos el problema
de la llegada de migrantes, sino garantizarles a éstos los derechos al trabajo,
la vivienda, la seguridad, la educación y la salud que el país les ha negado
por décadas.
El Ejecutivo federal buscará
involucrar en esta solución a Estados Unidos y a los países hermanos de
Centroamérica que son origen de flujos migratorios crecientes. Al contrario de
lo que se ha afirmado durante décadas, la emigración no es un asunto
irresoluble, sino una consecuencia de políticas de saqueo, empobrecimiento de
las poblaciones y acentuación de las desigualdades, y sus efectos pueden
contrarrestarse con desarrollo y con bienestar. Mediante la negociación y el
diálogo franco se buscará involucrar a los gobiernos de Estados Unidos y a los
del llamado Triángulo del Norte centroamericano –Guatemala, Honduras y El
Salvador– en la construcción de mecanismos de reactivación económica, bienestar
y desarrollo capaces de desactivar el fenómeno migratorio.
El propósito final de esta política
es lograr que todas las personas puedan trabajar, estudiar y tener salud y perspectivas
en los lugares en los que nacieron, que no se vean forzadas a abandonarlos por
hambre o violencia y que únicamente emigren quienes deseen hacerlo por voluntad
y no por necesidad.
En lo que respecta al tratamiento de
extranjeros migrantes en México –ya sea que se encuentren de paso hacia el país
del norte o con propósitos de residencia en el territorio nacional–, la
política del gobierno federal ha dado ya un giro en relación con la que había
venido poniendo en práctica el régimen anterior.
Si bien es cierto que el ingreso de
extranjeros requiere de un proceso de registro por razones de seguridad
–empezando por la de los propios interesados–, estadística e instrumentación de
mecanismos de acogida, México ha retomado su tradición de país hospitalario,
tierra de asilo e integrador de migraciones.
El Ejecutivo Federal aplicará las
medidas necesarias para garantizar que los extranjeros puedan transitar con
seguridad por el territorio nacional o afincarse en él. Es preciso adelantarse
a posibles situaciones de una crisis humanitaria debida al arribo al país de
flujos masivos procedentes de otras naciones, pero, sobre todo, es necesario
sensibilizar a la población nacional con una campaña de erradicación del
racismo, la xenofobia y la paranoia que, por desgracia, han anidado en algunos
sectores de la sociedad.
Libertad e Igualdad
El gobierno federal priorizará las
libertades por sobre las prohibiciones, impulsará los comportamientos éticos
más que las sanciones y respetará escrupulosamente la libertad de elección de
todos los ciudadanos en todos los aspectos: las posturas políticas e
ideológicas, las creencias religiosas, las preferencias sexuales. Se
construirán escuelas, universidades, recintos culturales y centros deportivos,
pero no reclusorios, y entre la coerción y la concientización se optará por la
segunda.
En el presente sexenio el quehacer
gubernamental impulsará la igualdad como principio rector: la igualdad efectiva
de derechos entre mujeres y hombres, entre indígenas y mestizos, entre jóvenes
y adultos, y se comprometerá en la erradicación de las prácticas
discriminatorias que han perpetuado la opresión de sectores poblacionales
enteros.
II. POLÍTICA SOCIAL
Construir un país con bienestar
El objetivo más importante del
gobierno de la Cuarta Transformación es que en 2024 la población de México esté
viviendo en un entorno de bienestar. En última instancia, la lucha contra la
corrupción y la frivolidad, la construcción de la paz y la seguridad, los
proyectos regionales y los programas sectoriales que opera el Ejecutivo Federal
están orientados a ese propósito sexenal.
El Estado de bienestar no es un
concepto nuevo. Desde el Siglo XIX, los movimientos obreros impulsaron en
muchos países del mundo reivindicaciones que más tarde habrían de quedar plasmadas
en políticas sociales tales como los servicios universales y gratuitos de
educación y salud, las vacaciones pagadas, la jornada máxima de trabajo y los
salarios mínimos. Con marcadas diferencias, tanto en Europa como en Estados
Unidos se edificaron Estados de bienestar. En el caso de México, los artículos
3, 27, 123 y otros de la Constitución de 1917 sentaron las bases para un Estado
de Bienestar con características propias en un país predominantemente agrario y
de tradiciones indígenas comunitarias.
Para edificar el bienestar de las
mayorías se requería de una fuerte presencia del sector público en la economía,
de enérgicas políticas recaudatorias y de una intervención estatal que moderara
las enormes desigualdades sociales en las que desemboca de manera inevitable
una economía de mercado sin control alguno. Así pues, hasta hace unas décadas
era normal y aceptado que en los países capitalistas industrializados el Estado
detentara el monopolio de sectores estratégicos como las telecomunicaciones y
los ferrocarriles, la operación de puertos y aeropuertos, los sistemas de
pensiones y, por supuesto, los sistemas de educación y salud.
En la crisis económica de 1973 los
grandes capitales y sus ideólogos, los economistas neoliberales, vieron la
oportunidad de desmantelar en provecho propio los mecanismos de redistribución,
los derechos laborales, los sistemas de enseñanza y salud y todo lo que fuera
de propiedad pública. Se alzó en el mundo un clamor concertado que señalaba al
sector público como intrínsecamente corrupto y mal administrador, se afirmó que
resultaba demasiado costoso mantener los derechos laborales y sociales adujo
que el gasto social era inflacionario y generador de déficits incontrolables
que acabarían llevando a los países a la bancarrota. El modelo alternativo, que
fue el desmantelamiento del Estado de bienestar y la privatización de todo lo
imaginable, tuvo en la dictadura militar chilena (instaurada de manera criminal
y violenta en 1973) su primer laboratorio. De allí pasó a Gran Bretaña, en donde
fue aplicado por los conservadores y, posteriormente, en 1981, en los Estados
Unidos de América en donde se eliminaron un sinfín de leyes que regulaban la
economía y las finanzas, se redujeron los impuestos y se emprendió una ofensiva
en contra de los sindicatos.
Las crisis financieras que padeció
México en 1976 y de 1982 en adelante llevaron al colapso al modelo económico
propio, que fue denominado desarrollo estabilizador y, a partir de 1982, los
gobernantes empezaron a adoptar medidas de claro corte neoliberal. Seis años
más tarde, con la imposición de Carlos Salinas en la presidencia de la
república, la receta fue aplicada de lleno y se inició el desastroso periodo
que culminó en 2018 y que dejó una dolorosa herencia de pobreza multiplicada,
desigualdad social, marginación, corrupción, deterioro institucional, pérdida
de soberanía, inseguridad y violencia.
Hoy, en 2019, el país y el mundo han
cambiado mucho y en muchos sentidos, y sería imposible y hasta disparatado
intentar un retorno a las estrategias del desarrollo estabilizador. Esas
estrategias atenuaron, pero no erradicaron la pobreza y la miseria y fueron
obra de un régimen claramente antidemocrático. Actualmente México vive en una
economía mundial abierta, el antiguo orden bipolar ha desaparecido, la
revolución digital ha trastocado las viejas lógicas del comercio y de las
relaciones sociales, el grado de integración económica con Estados Unidos es
mucho mayor que en 1982 o 1988, en los tiempos previos al Tratado de Libre
Comercio, y la sociedad es mucho más consciente y participativa y no toleraría
un régimen autoritario como el que se mantuvo hasta el 2018.
En estas circunstancias, el gobierno
federal impulsará una nueva vía hacia el desarrollo para el bienestar, una vía
en la que la participación de la sociedad resulta indispensable y que puede
definirse con este propósito: construiremos la modernidad desde abajo, entre
todos y sin excluir a nadie.
La referencia a ese “abajo” social
refiere el protagonismo histórico que se han ganado los siempre desposeídos,
oprimidos, despojados y discriminados, aquellos que han sido tradicionalmente
atropellados por los grandes intereses económicos, ignorados por los medios y
privados del ejercicio de sus derechos por el poder político; pero hace
referencia también a la formidable reserva de civilización contenida en la
herencia cultural y social mesoamericana y que ha resistido trescientos años de
dominio colonial, un siglo de guerras e intestinas durante la república
independiente y, por supuesto, más de tres décadas de neoliberalismo rapaz.
Será una construcción colectiva, que incluya la vasta diversidad de posturas
políticas, condiciones socioeconómicas, espiritualidades, culturas, regiones e
idiomas, ocupaciones y oficios, edades e identidades y preferencias sexuales
que confluye en la población actual de México. Y no excluirá a nadie porque
será, precisamente, una respuesta positiva y constructiva a las décadas de
exclusión en las que las mayorías fueron impedidas de participar, mediante la
manipulación política, la desinformación y la represión abierta, en las
decisiones nacionales.
En esta nueva etapa de la vida
nacional el Estado no será gestor de oportunidades, que es como se presentó de
manera explícita la política social del régimen neoliberal. Será, en cambio,
garante de derechos. La diferencia entre unas y otros es clara: las
oportunidades son circunstancias azarosas y temporales o concesiones
discrecionales sujetas a término que se le presentan a un afortunado entre
muchos y que pueden ser aprovechadas o no. Los derechos son inmanentes a la
persona, irrenunciables, universales y de cumplimiento obligatorio.
El derecho a la vida, a la integridad
física y a la propiedad serán garantizados por medio de la ya descrita
Estrategia Nacional de Paz y Seguridad. El gobierno federal hará realidad el
lema “Primero los pobres”, que significa empezar el combate a la pobreza y la
marginación por los sectores más indefensos de la población.
Desarrollo sostenible
El gobierno de México está
comprometido a impulsar el desarrollo sostenible, que en la época presente se
ha evidenciado como un factor indispensable del bienestar. Se le define como la
satisfacción de las necesidades de la generación presente sin comprometer la
capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades.
Esta fórmula resume insoslayables mandatos éticos, sociales, ambientales y
económicos que deben ser aplicados en el presente para garantizar un futuro
mínimamente habitable y armónico. El hacer caso omiso de este paradigma no sólo
conduce a la gestación de desequilibrios de toda suerte en el corto plazo, sino
que conlleva una severa violación a los derechos de quienes no han nacido. Por
ello, el Ejecutivo Federal considerará en toda circunstancia los impactos que
tendrán sus políticas y programas en el tejido social, en la ecología y en los
horizontes políticos y económicos del país. Además, se guiará por una idea de
desarrollo que subsane las injusticias sociales e impulse el crecimiento
económico sin provocar afectaciones a la convivencia pacífica, a los lazos de
solidaridad, a la diversidad cultural ni al entorno.
Programas:
1. El Programa para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores da un
apoyo universal a mujeres y hombres de más de 68 años en todo el país. La mayor
parte de ellos se encuentra en pobreza y sin acceso a un sistema de protección
social que les garantice una vejez digna y plena. Según datos oficiales solo 23
por ciento de las mujeres y 40 por ciento de los hombres tienen acceso a una
pensión contributiva. Pero lo más grave es que 26 por ciento de las personas
adultas mayores no tienen ni pensión contributiva ni apoyo de programas
sociales. El apoyo económico se entrega de manera directa –sin intermediarios-
mediante el uso de una tarjeta bancaria. En las comunidades indígenas del país,
la edad mínima para inscribirse en el programa es de 65 años. Lo mismo ocurre
en el caso de personas mayores de 65 años que se hayan inscrito en el Padrón de
derechohabientes del programa Pensión para Adultos Mayores activos a diciembre
de 2018. Para 2019 el monto del apoyo económico es de mil 275 pesos mensuales y
se entrega en forma bimestral mediante depósito directo en tarjeta bancaria.
2. El Programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad
apoya a niñas, niños y jóvenes de hasta 29 años que tienen discapacidad
permanente, así como a personas con discapacidad de 0 a 64 años que vivan en
comunidades indígenas. Más de la mitad de las personas con discapacidad se
encuentran además en situación de pobreza. Con este programa el gobierno de la
república busca la vigencia efectiva de los derechos de niñas, niños, jóvenes e
indígenas con discapacidad, así como eliminar la marginación, la discriminación
y el racismo de las y los mexicanos con discapacidad. El monto del apoyo
económico es de 2 mil 250 pesos bimestrales y se entrega en forma bimestral
mediante depósito directo en tarjeta bancaria.
3. El Programa Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez está
dirigido a niñas, niños y jóvenes menores de 18 años, cuyos hogares se
encuentren en situación de pobreza extrema y que estudien en una escuela
pública, desde Educación Inicial y Básica, Educación Media Superior y Educación
Superior. Está limitado a una beca por familia y el apoyo es de 800 pesos
mensuales que serán entregados de manera bimestral al beneficiario, ya sea
mediante depósito en tarjeta bancaria, con una orden de pago en sucursales o,
cuando no haya otra forma, en efectivo en mesas de pago. En el caso de los
niños, el apoyo se entregará a sus padres o tutores. La duración será la misma
que la del ciclo escolar (cinco bimestres) y los beneficiarios deberán
reincorporarse anualmente al programa.
4. Jóvenes Construyendo el Futuro tiene como propósito que jóvenes de
entre 18 y 29 años de edad que no se encuentren estudiando ni trabajando
reciban capacitación laboral. El alcance del programa es de 2.3 millones de
jóvenes. El gobierno federal les otorga una beca mensual de 3 mil 600 pesos
para que se capaciten durante un año en empresas, instituciones públicas y
organizaciones sociales, en donde recibirán capacitación para desarrollar
habilidades que les permitan insertarse con éxito en el ámbito laboral. La
capacitación tendrá una duración máxima de doce meses. La relación entre
becarios y tutores no se considerará de carácter laboral. Los becarios reciben
un apoyo mensual de 3 mil 600 pesos que se entrega directamente y de manera
igualitaria entre mujeres y hombres. Los becarios reciben, además, por medio
del IMSS, un seguro médico que cubre accidentes, enfermedades, maternidad y
riesgos de trabajo durante el periodo de permanencia en el programa. Los
becarios no deben realizar labores como asistentes personales, de seguridad
privada, veladores, promotores de partidos políticos ni trabajo doméstico.
Pueden participar como tutores
empresas de todos los tamaños y sectores; personas físicas como: plomeros,
electricistas, artesanos y profesionistas; instituciones públicas tales como
secretarías, municipios, gobiernos locales, poderes legislativo y judicial, órganos
autónomos o desconcentrados y organismos internacionales; organizaciones de la
sociedad civil; universidades, sindicatos, escuelas, hospitales y museos, entre
otras.
5. Jóvenes escribiendo el futuro es un programa nacional dirigido a
jóvenes que estén inscritos en algún centro de educación superior en modalidad
escolarizada, tengan menos de 29 años, no reciban otra beca del gobierno
federal, y vivan en un hogar en situación de pobreza. Se aplica en una primera
etapa en las escuelas normales, universidades interculturales, Universidad
Nacional Agraria, Universidad de Chapingo y Universidad Benito Juárez. Se dará
prioridad a mujeres indígenas y afrodescendientes, a hombres indígenas y
afrodescendientes, a personas que vivan en una zona de atención prioritaria y a
personas que vivan en contextos de violencia. A cada becario se dará un apoyo
de 4 mil 800 pesos bimestrales durante el ciclo escolar (cinco bimestres) y
tendrá como requisitos que la institución educativa tenga el expediente escolar
completo del becario, que éste tenga un número de matrícula y un grupo asignado
y que asista a clases con regularidad. Los becarios podrán inscribirse
anualmente en tanto concluyen su educación superior, con el límite máximo del
número de años previsto en el plan de estudios de la carrera que cursen.
6. Sembrando vida es un programa dirigido a las y los sujetos agrarios
para impulsar su participación efectiva en el desarrollo rural integral. Cubre
los estados de Campeche, Chiapas, Chihuahua, Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo,
Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa,
Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán. Incentiva a los sujetos
agrarios a establecer sistemas productivos agroforestales, el cual combina la
producción de los cultivos tradicionales en conjunto con árboles frutícolas y
maderables, y el sistema de Milpa Intercalada entre Árboles Frutales (MIAF),
con lo que se contribuirá a generar empleos, se incentivará la autosuficiencia
alimentaria, se mejorarán los ingresos de las y los pobladores y se recuperará
la cobertura forestal de un millón de hectáreas en el país. Se otorgará apoyo
económico a sujetos agrarios mayores de edad, que habiten en localidades
rurales y que tengan un ingreso inferior a la línea de bienestar rural y que
sean propietarios o poseedores de 2.5 hectáreas disponibles para proyectos
agroforestales. Los beneficiarios recibirán un apoyo mensual de 5 mil pesos,
así como apoyos en especie para la producción agroforestal (plantas, insumos,
herramientas) y acompañamiento técnico para la implementación de sistemas
agroforestales. Los técnicos del programa compartirán conocimientos y
experiencias con los campesinos y aprenderán de la sabiduría de las personas
que han convivido con la naturaleza y con el territorio.
7. El Programa Nacional de Reconstrucción está orientado a la atención de
la población afectada por los sismos de septiembre de 2017 y febrero de 2018,
con un enfoque de derechos humanos, y se aplica en Chiapas, México, Guerrero,
Hidalgo, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y
Ciudad de México. Se prioriza la atención a quienes habiten en zonas con mayor
grado de marginación, con población mayoritariamente indígena o con altos
índices de violencia, y considerando las localidades con mayor concentración de
daños materiales, la proporcionalidad de la afectación por el número de
inmuebles en la localidad, y el mayor daño en la infraestructura y las
viviendas. El programa es operado por la Comisión Intersecretarial para la Reconstrucción,
creada mediante decreto presidencial, es encabezada por la Secretaría de
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y participan en ella las Secretarías
de Hacienda y Crédito Público, Educación Pública, Salud, Cultura, Seguridad
Pública y Protección Ciudadana. Está a cargo de la reconstrucción, reparación,
reubicación, acondicionamiento, equipamiento, restauración, rehabilitación,
mantenimiento y capacitación para la prevención y la conservación de los bienes
afectados por los sismos en los sectores de vivienda, educación, salud y
cultura. Para la realización de los proyectos y acciones se promoverá la
participación de profesionistas, instituciones académicas, pequeñas empresas,
cooperativas, trabajadores de la construcción y de servicios, privilegiando la
participación de empresas y profesionistas de la entidad correspondiente, así
como de la mano de obra de las localidades en las que se llevarán a cabo los
proyectos y acciones del programa, cuando no se trate de actividades de alta
especialización para recuperar y preservar el patrimonio cultural de la Nación.
En todos los casos se buscará contribuir al fortalecimiento de la economía
local. Este programa tiene un presupuesto de ocho mil millones de pesos que
serán ejercidos por las secretarías de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
(cinco mil 600 millones) y Educación Pública, Salud, y Cultura (800 millones
cada una).
8. Desarrollo Urbano y Vivienda. Hemos comenzado el
Programa de Mejoramiento Urbano y Vivienda en 14 municipios del país, tanto en
ciudades de la frontera norte como en polos de desarrollo turístico, para
aminorar el contraste entre zonas con hoteles de gran lujo, desarrollos urbanos
exclusivos y colonias marginadas. Se realizarán obras de rehabilitación y/o
mejoramiento de espacios públicos.
El
programa abarca ciudades fronterizas como Tijuana, Mexicali, San Luis Río
Colorado, Nogales, Ciudad Juárez, Acuña, Piedras Negras, Nuevo Laredo, Reynosa
y Matamoros; así como colonias marginadas de cuatro turísticos: Los Cabos,
Bahía de Banderas, Acapulco y Solidaridad.
La
vivienda social será una prioridad y se realizarán miles de acciones de
mejoramiento, ampliación y sustitución de vivienda. Solo este año se van a
reestructurar 194 mil créditos del Infonavit, lo que va a beneficiar a miles de
familias trabajadoras.
9. Tandas para el bienestar. Un millón de pequeños negocios recibirán
el beneficio de un crédito a la palabra para la adquisición de insumos y
herramientas. El objetivo de este programa es mejorar las condiciones de todo
tipo de pequeñas unidades económicas con el fin de fortalecer la economía con
un enfoque de justicia social. Los créditos iniciales serán de 6 mil pesos y al
término de un año, si el crédito ha sido pagado, el beneficiario podrá acceder
a otro préstamo por 10 mil pesos; en el siguiente ciclo la cantidad a financiar
será de 15 mil pesos y el tope máximo será de 20 mil pesos. El gobierno federal
dispone de seis mil millones de pesos para financiar este programa.
Derecho a la educación
Durante el periodo neoliberal el sistema
de educación pública fue devastado por los gobiernos oligárquicos; se pretendió
acabar con la gratuidad de la educación superior, se sometió a las
universidades públicas a un acoso presupuestal sin precedentes, los ciclos
básico, medio y medio superior fueron vistos como oportunidades de negocio para
venderle al gobierno insumos educativos inservibles y a precios inflados, se
emprendió una ofensiva brutal en contra de las escuelas normales rurales y en
el sexenio pasado se operó una mal llamada reforma educativa que era en
realidad una contrarreforma laboral, contraria a los derechos laborales del
magisterio y orientada a crear las condiciones para la privatización
generalizada de la enseñanza.
Esta estrategia perversa se tradujo
en la degradación de la calidad de la enseñanza en los niveles básico, medio y
medio superior y en la exclusión de cientos de miles de jóvenes de las
universidades. En los hechos, el derecho constitucional a la educación resultó
severamente mutilado y ello no sólo privó al país de un número incalculable de
graduados, sino que agravó el auge de la delincuencia y las conductas
antisociales. En el sexenio anterior la alteración del marco legal de la
educación derivó en un enconado conflicto social y en acciones represivas
injustificables.
Ante esta circunstancia, el gobierno
federal se comprometió desde un inicio a mejorar las condiciones materiales de
las escuelas del país, a garantizar el acceso de todos los jóvenes a la
educación y a revertir la mal llamada reforma educativa. La Secretaría de
Educación Pública tiene la tarea de dignificar los centros escolares y el
Ejecutivo federal, el Congreso de la Unión y el magisterio nacional se
encuentran en un proceso de diálogo para construir un nuevo marco legal para la
enseñanza.
Las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García iniciaron sus
actividades en marzo de 2019 con 100 planteles en 31 entidades. Para la
instalación de los planteles se dio preferencia a zonas de alta densidad
poblacional en las que haya nula oferta de estudios universitarios y con alto
grado de rezago social, marginación y violencia. Las escuelas universitarias se
distribuyen en Oaxaca (11 planteles), Ciudad de México (10), Veracruz (8),
Chiapas y Guanajuato (6). Las otras entidades tienen entre 2 y 5 escuelas. En
conjunto, las Universidades para el Bienestar ofrecen 32 mil plazas para
estudiantes, los cuales recibirán una beca de 2 mil 400 pesos mensuales.
Los edificios permanentes en los que
operarán las Universidades para el Bienestar serán construidos con el concurso
del trabajo comunitario y de trabajadores locales, en terrenos donados o
entregados en comodato por campesinos, municipios o comisariados ejidales. Las
carreras que se ofrecen son Ingenierías Civil, Industrial, Forestal,
Agroalimentaria, Ambiental, Agroforestal, Electromecánica, Agronomía, en Minas,
Piscícola, en Acuacultura, en Desarrollo Regional Sustentable, Química de la
Industria Petrolera, en Administración de la Industria Energética y en Procesos
Petroleros, en Energías Renovables; Medicina Integral y Salud Comunitaria;
Enfermería y Obstetricia; Medicina Veterinaria y Zootecnia; Contabilidad y
Administración Pública; Derecho; Patrimonio Histórico e Industria de Viajes;
Gestión Integrada del Agua; Normal de Educación Básica; Estudios Sociales;
Patrimonio Histórico y Biocultural; Educación Física; Administración Municipal
y Políticas Públicas; Música y Laudería y Normales Rural e Intercultural
Bilingüe.
Salud para toda la población
La administración que inició el 1 de
diciembre de 2018 encontró un sistema de salud pública insuficiente,
ineficiente, depauperado y corroído por la corrupción. Millones de personas no tienen acceso a
ninguna de las instituciones o modalidades de ese sistema o bien enfrentan
padecimientos para los cuales no hay cobertura. Como en otros terrenos, el
desastre del sistema de salud pública es resultado de los afanes privatizadores
y de los lineamientos emitidos por organismos internacionales copados por la
ideología neoliberal. El resultado: en un periodo en el que proliferaron los
dispensarios, clínicas y hospitales privados de todas las categorías, incluso
los de gran lujo, los establecimientos públicos han sido librados al saqueo de
la corrupción, la indolencia burocrática y el estrechamiento presupuestal. Es
casi normativo el que los pacientes de los hospitales del Estado tengan que
llevar sus propios materiales de curación y que se vean obligados a esperar
meses antes de ser sometidos a una intervención quirúrgica, tanto por la
saturación de los quirófanos como por descomposturas o faltantes de equipo.
Otros ni siquiera logran acceso a terapias y tratamientos porque no están
afiliados a ninguna institución de seguridad social o bien porque la cobertura
del Seguro Popular es insuficiente. En suma, el derecho a la salud le es
denegado parcial o totalmente al sector más desprotegido de la población
mexicana.
Instituto Nacional de Salud para el Bienestar
El gobierno federal realizará las
acciones necesarias para garantizar que hacia 2024 todas y todos los habitantes
de México puedan recibir atención médica y hospitalaria gratuita, incluidos el
suministro de medicamentos y materiales de curación y los exámenes clínicos.
Este objetivo se logrará mediante la
creación del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, que dará servicio
en todo el territorio nacional a todas las personas no afiliadas al IMSS o al
ISSSTE. La atención se brindará en atención a los principios de participación
social, competencia técnica, calidad médica, pertinencia cultural, trato no
discriminatorio, digno y humano.
● El combate a la corrupción
será permanente en todo el sector salud.
● Se dignificarán los
hospitales públicos de las diversas dependencias federales.
● Se priorizará la prevención
de enfermedades mediante campañas de concientización e inserción en programas
escolares de temas de nutrición, hábitos saludables y salud sexual y
reproductiva.
● Se emprenderá una campaña
informativa nacional sobre las adicciones.
● Se impulsarán las prácticas
deportivas en todas sus modalidades.
Cultura para la paz, para el bienestar y para todos
Todos los individuos son poseedores y
generadores de cultura. En rigor, el adjetivo “inculto”, particularmente cuando
se le utiliza en término peyorativo, denota una condición imposible: los
humanos viven en sistemas culturales que van desde el lenguaje hasta las
celebraciones y conmemoraciones, desde los patrones de comportamiento hasta la
alimentación, desde el universo simbólico que cada persona construye hasta el
disfrute y consumo de productos tradicionalmente denominados culturales, como
la música, las artes plásticas, las letras y las artes escénicas.
Desde esta perspectiva, nadie debe
ser excluido a las actividades y los circuitos de la cultura, los cuales
representan, en la actual circunstancia, factores de paz, cohesión social,
convivencia y espiritualidad.
Al igual que en otros rubros, el
gobierno federal priorizará en éste las necesidades de los sectores más
marginados, indefensos y depauperados, e impulsará una vigorosa acción cultural
en las zonas más pobres del país.
Al mismo tiempo, sin descuidar las
materias que por tradición han recaído en el Instituto Nacional de Bellas Artes
y Literatura, la Secretaría de Cultura promoverá la difusión, el
enriquecimiento y la consolidación de la vasta diversidad cultural que posee el
país y trabajará en estrecho contacto con las poblaciones para conocer de
primera mano sus necesidades y aspiraciones en materia cultural. Los recintos
tradicionalmente consagrados a la difusión del arte no deben centralizar y
menos monopolizar la actividad cultural. Ésta debe poblar los barrios y las
comunidades y hacerse presente allí en donde es más necesaria, que son los
entornos sociales más afectados por la pobreza, la desintegración social y
familiar, las adicciones y la violencia delictiva.
III. ECONOMÍA
Detonar el crecimiento
Desde principios de los años ochenta
del siglo pasado el crecimiento económico de México ha estado por debajo de los
requerimientos de su población, a pesar de que los gobernantes neoliberales
definieron el impulso al crecimiento como una prioridad por sobre las
necesidades de la población; además, ha crecido en forma dispareja por regiones
y por sectores sociales: mientras que las entidades del Norte exhiben tasas de
crecimiento moderadas pero aceptables, las del Sur han padecido un
decrecimiento real. Y mientras que los grandes consorcios y potentados han
visto multiplicadas sus fortunas, decenas de millones han cruzado las líneas de
la pobreza y de la pobreza extrema. Ante la brutal concentración de riqueza
generada por sus políticas, los gobernantes neoliberales afirmaban que lo
importante era que esa riqueza se generara en la élite de la pirámide social y
que ya iría goteando hacia abajo para acabar beneficiando a todos. La
afirmación resultó falsa. Un puñado de empresas y de magnates acapararon el
exiguo crecimiento económico y la riqueza jamás llegó a los sectores
mayoritarios de la población. Puede afirmarse que más bien ocurrió lo
contrario: la riqueza fluyó de abajo hacia arriba, de modo que empobreció más a
los pobres y enriqueció por partida doble a los ricos.
El ejemplo más claro de lo anterior
es el atraco que se cometió en el sexenio de Ernesto Zedillo con el Fondo
Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), que encubrió los desvíos y los
desfalcos perpetrados por un grupo de banqueros, financieros y empresarios y
transfirió la deuda resultante –que originalmente ascendía a 552 mil millones
de pesos de 1997– al conjunto de la población. Por añadidura, muchos de los
defraudadores iniciales, más otros, hicieron pingües negocios al comprar a
precios irrisorios los activos adquiridos por el Estado. De esa manera, un
puñado de integrantes del grupo político-empresarial multiplicaron sus fortunas
de manera exponencial, en tanto que la gran mayoría de los mexicanos siguen pagando,
año con año, una deuda que no deja de crecer: desde aquel impresentable
rescate, el país ha pagado cerca de 700 mil millones de pesos y aún adeuda más
de 900 mil millones. Mientras tanto, los bancos rescatados y adquiridos en su
mayor parte por empresas financieras extranjeras han ganado decenas de miles de
millones de dólares, buena parte de los cuales ha sido enviada a los países de
origen de los poseedores.
En general, las privatizaciones
perversas de la era neoliberal consistían en vender a precios de remate los
bienes públicos; si los nuevos propietarios los administraban mal, el Estado
los recompraba a precios desmesurados, los saneaba y los volvía a vender a los
privados por menos de su valor real.
Durante esos 36 años la
administración pública llevó a cabo una política fiscal claramente orientada a
beneficiar a unas cuantas empresas privadas mediante exenciones, créditos
fiscales y deducciones injustificadas. La mayor parte de la recaudación cayó en
los hombros de las clases medias, las pequeñas y medianas empresas y el pueblo
en general. Adicionalmente, la economía se resintió por el peso de la
corrupción y la extorsión institucionalizada, por el estancamiento del mercado
interno y, desde hace unos años, por la inseguridad generalizada.
Mantener finanzas sanas
El gobierno de la Cuarta
Transformación recibió la pesada herencia de una deuda pública de 10 billones
de pesos, resultado de la irresponsabilidad y la corrupción del régimen
anterior, lo que obliga a destinar 800 mil millones de pesos del presupuesto
para pagar el servicio de esa deuda. En este sexenio no se recurrirá a
endeudamiento para financiar los gastos del Estado ni para ningún otro
propósito.
No se gastará más dinero del que
ingrese a la hacienda pública. Los recursos destinados a financiar los
programas sociales provendrán de lo que se ahorre con el combate a la
corrupción y la eliminación de gastos suntuarios, desperdicio de recursos y
robo de combustibles.
En materia de política monetaria el
gobierno federal respetará la autonomía del Banco de México.
No más incrementos impositivos
No habrá incrementos de impuestos en
términos reales ni aumentos a los precios de los combustibles por encima de la
inflación. Tanto estos como las tarifas eléctricas se reducirán hacia mediados
del sexenio, cuando se completen las obras de la nueva refinería de Dos Bocas,
rehabilitación de las ya existentes y la recuperación de la capacidad de
generación de la Comisión Federal de Electricidad.
Al mismo tiempo, la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, por medio de la Unidad de Inteligencia Financiera,
combatirá con rigor la evasión fiscal –que es, a fin de cuentas, una modalidad
de la corrupción– y se abstendrá de conceder exenciones, créditos y otros
beneficios que solían otorgarse en forma consuetudinaria a los causantes
mayores.
Respeto a los contratos existentes y aliento a la inversión privada
El gobierno federal respetará los
contratos suscritos por administraciones anteriores, salvo que se comprobara
que fueron obtenidos mediante prácticas corruptas, en cuyo caso se denunciarán
ante las instancias correspondientes.
Se alentará la inversión privada,
tanto la nacional como la extranjera, y se establecerá un marco de certeza
jurídica, honestidad, transparencia y reglas claras. El concurso de entidades privadas
será fundamental en los proyectos regionales del Tren Maya y el Corredor
Transístmico, en modalidades de asociación público-privada.
Rescate del sector energético
La reforma energética impuesta por el
régimen anterior causó un daño gravísimo a Petróleos Mexicanos y la Comisión
Federal de Electricidad, empresas productivas del Estado que ya venían
sufriendo el embate de los designios privatizadores. En el sexenio pasado la
producción petrolera cayó en una forma tan sostenida que México pasó de ser exportador
a importador de crudo y combustibles refinados. Sin embargo, la producción de
las entidades privadas fue insignificante, a pesar de las ventajosísimas
condiciones en las que recibió las concesiones correspondientes.
Un propósito de importancia estratégica
para la presente administración es el rescate de Pemex y la CFE para que
vuelvan a operar como palancas del desarrollo nacional. En ese espíritu,
resulta prioritario rehabilitar las refinerías existentes, que se encuentran en
una deplorable situación de abandono y saqueo, la construcción de una nueva
refinería y la modernización de las instalaciones generadoras de electricidad
propiedad del Estado, particularmente las hidroeléctricas, algunas de las
cuales operan con maquinaria de 50 años de edad y producen, en general, muy por
debajo de su capacidad. Ambas empresas recibirán recursos extraordinarios para
la modernización de sus respectivas infraestructuras y se revisará sus cargas
fiscales.
Se buscará la rehabilitación de las
plantas de producción de fertilizantes para apoyar a productores agrícolas.
Se superarán mediante el diálogo los
conflictos con poblaciones y comunidades generados por instalaciones de Pemex y
la CFE, así como las inconformidades sociales por altas tarifas. La nueva
política energética del Estado mexicano impulsará el desarrollo sostenible
mediante la incorporación de poblaciones y comunidades a la producción de
energía con fuentes renovables, mismas que serán fundamentales para dotar de
electricidad a las pequeñas comunidades aisladas que aún carecen de ella y que
suman unos dos millones de habitantes. La transición energética dará pie para
impulsar el surgimiento de un sector social en ese ramo, así como para alentar
la reindustrialización del país.
Impulsar la reactivación económica, el mercado interno y el empleo
Una de las tareas centrales del
actual gobierno federal es impulsar la reactivación económica y lograr que la
economía vuelva a crecer a tasas aceptables. Para ello se requiere, en primer
lugar, del fortalecimiento del mercado interno, lo que se conseguirá con una
política de recuperación salarial y una estrategia de creación masiva de
empleos productivos, permanentes y bien remunerados. Hoy en día más de la mitad
de la población económicamente activa permanece en el sector informal, la mayor
parte con ingresos por debajo de la línea de pobreza y sin prestaciones
laborales. Esa situación resulta inaceptable desde cualquier perspectiva ética
y perniciosa para cualquier perspectiva económica: para los propios informales,
que viven en un entorno que les niega derechos básicos, para los productores,
que no pueden colocar sus productos por falta de consumidores, y para el fisco,
que no puede considerarlos causantes.
El sector público fomentará la
creación de empleos mediante programas sectoriales, proyectos regionales y
obras de infraestructura, pero también facilitando el acceso al crédito a las
pequeñas y medianas empresas (que constituyen el 93 por ciento y que generan la
mayor parte de los empleos) y reduciendo y simplificando los requisitos para la
creación de empresas nuevas.
El gobierno federal impulsará las
modalidades de comercio justo y economía social y solidaria.
Creación del Banco del Bienestar
La gran mayoría de la población que
se encuentra en situación de pobreza carece de acceso al sistema bancario. En
muchos municipios del país no existe una sola sucursal de instituciones
financieras y ni siquiera un cajero automático. Tomando como base la estructura
del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi), el gobierno
federal está construyendo el Banco del Bienestar, cuyo propósito principal es
ofrecer servicios bancarios a los beneficiarios de los programas sociales y
eliminar el manejo de dinero en efectivo en la dispersión de los recursos de
tales programas. De esta forma se eliminará la posibilidad de que se generen
prácticas corruptas o clientelares en el manejo de los apoyos. El Banco del
Bienestar ampliará las menos de 500 sucursales con las que cuenta actualmente
hasta alcanzar siete mil en todo el territorio nacional.
Construcción de caminos rurales
Este programa, ya en curso, permitirá
comunicar 350 cabeceras municipales de Oaxaca y Guerrero con carreteras de
concreto; generará empleos, reactivará las economías locales y desalentará la
migración.
Cobertura de Internet para todo el país
Mediante la instalación de Internet
inalámbrico en todo el país se ofrecerá a toda la población conexión en
carreteras, plazas públicas, centros de salud, hospitales, escuelas y espacios
comunitarios. Será fundamental para combatir la marginación y la pobreza y para
la integración de las zonas deprimidas a las actividades productivas.
Proyectos regionales
1. El Tren Maya es el más importante proyecto de infraestructura,
desarrollo socioeconómico y turismo del presente sexenio. Tendrá un recorrido
de mil 525 kilómetros, pasará por los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche,
Yucatán y Quintana Roo e interconectará las principales ciudades y sitios
turísticos de la Península de Yucatán. La mayor parte de su ruta pasará por
derechos de vía ya existentes, como vías férreas, carreteras y tendidos
eléctricos, tendrá 15 estaciones y requerirá de entre 120 mil y 150 mil
millones de pesos que provendrán de fuentes públicas, privadas y sociales.
El Tren Maya es un proyecto orientado
a incrementar la derrama económica del turismo en la Península de Yucatán,
crear empleos, impulsar el desarrollo sostenible, proteger el medio ambiente de
la zona –desalentando actividades como
la tala ilegal y el tráfico de especies– y propiciar el ordenamiento
territorial de la región. Se procurará integrar a la obra y a sus beneficios a
los pobladores; se gestionarán los derechos de vía que aún no se tengan
mediante acuerdos con los propietarios de los terrenos respectivos; se buscarán
acuerdos benéficos en los casos en los que las vías de propiedad federal se
encuentren invadidas y se pedirá la aprobación de las comunidades y pueblos
originarios mediante consultas.
2. Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec. Su objetivo
es impulsar el crecimiento de la economía regional con pleno respeto a la
historia, la cultura y las tradiciones del Istmo oaxaqueño y veracruzano. Su
eje será el Corredor Multimodal
Interoceánico, que aprovechará la posición del Istmo para competir en los
mercados mundiales de movilización de mercancías, a través del uso combinado de
diversos medios de transporte. En este marco se modernizará el ferrocarril del
Istmo de Tehuantepec, los puertos de Coatzacoalcos, Veracruz, y Salina Cruz,
Oaxaca, para que puedan ofrecer servicios de carga, transporte, almacenaje,
embalaje y servicios logísticos diversos; se fortalecerá la infraestructura
carretera y de caminos rurales y la red aeroportuaria y se construirá un
gasoducto para abastecer a empresas y consumidores domésticos. A lo largo del
recorrido entre ambos océanos se crearán zonas libres para atraer inversiones
del sector privado, las cuales se dotarán de infraestructura y se garantizará
el abasto de energía, agua, conectividad digital y otros insumos básicos para
cubrir las necesidades de las empresas y de la población trabajadora.
En los 76 municipios oaxaqueños y
veracruzanos involucrados en este programa se disminuirán el IVA y el ISR y se
ofrecerá combustible a precios reducidos. Se construirá infraestructura urbana
y se proveerá de servicios educativos y formación de capital humano, vivienda,
movilidad e infraestructura para la investigación y el desarrollo tecnológico.
En el curso de 2019 se invertirán ocho mil millones de pesos en el proyecto y
se ha fijado como objetivo que, a partir de 2020, el Corredor pueda competir en
costos y tiempos frente a otras opciones de transporte interoceánico. El 30 y
31 de marzo del presente año, en una consulta realizada mediante asambleas
regionales, se obtuvo la autorización del proyecto por parte de los pueblos de
la región –binnizá o zapoteco, ayuuk o mixe, zoque, ikoots o huave, chontal,
chinanteco, mazateco, mixteco, popoluca, náhuatl y afromexicano–, de acuerdo
con los artículos constitucionales 1 y 133, el artículo 6 del Convenio de la
Organización Internacional del Trabajo y los artículos 19 y 32 de la
Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
3. El Programa Zona Libre de la Frontera Norte empezó su aplicación desde el pasado 1 de enero en los 43 municipios fronterizos con Estados Unidos y pertenecientes a los estados de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, en los cuales se genera el 7.5 del Producto Interno Bruto nacional y ofrece beneficios al desarrollo como la reducción del pago del IVA del 16 al 8 por ciento, la disminución al ISR al 20 por ciento, el incremento del salario mínimo regional al doble y la homologación del precio de los combustibles con los de Estados Unidos.
Aeropuerto Internacional “Felipe Ángeles” en Santa Lucía
El Aeropuerto “Felipe Ángeles” en
Santa Lucía, Estado de México, se sumará a la infraestructura aeroportuaria del
centro del país para conformar una triada de terminales aéreas en la que se
cuentan además el actual Aeropuerto Internacional Benito Juárez y el Aeropuerto
Internacional de Toluca. La cancelación del proyecto aeroportuario de Texcoco y
la edificación de la nueva terminal en la actual base aérea militar de Santa
Lucía permitirá un ahorro estimado en 100 mil millones de pesos, tendrá tres
pistas (dos de uso civil y una, para operaciones militares) y permitirá
realizar 190 mil operaciones aéreas anuales y atender a unos 20 millones de
pasajeros cada año. Adicionalmente, se construirá una tercer terminal en el
actual Aeropuerto Internacional Benito Juárez.
Autosuficiencia alimentaria y rescate del campo
El sector agrario ha sido uno de los
más devastados por las políticas neoliberales. A partir de 1988 se destruyeron
mecanismos que resultaban fundamentales para el desarrollo agrario, se orientó
el apoyo público a la manipulación electoral y se propició el vaciamiento
poblacional del agro. Las comunidades indígenas, que han vivido desde hace
siglos la opresión, el saqueo y la discriminación, padecieron con particular
intensidad esta ofensiva. Las políticas oficiales han favorecido la
implantación de las agroindustrias y los megaproyectos y han condenado al
abandono a comuneros, ejidatarios y pequeños propietarios. Ello no sólo ha
resultado desastroso para los propios campesinos sino para el resto del país:
actualmente México importa casi la mitad de los alimentos que consume, así como
la mayor parte de los insumos, maquinaria, equipo y combustibles para la
agricultura.
El gobierno federal se ha propuesto
como uno de sus objetivos romper ese círculo vicioso entre postración del campo
y dependencia alimentaria. Para ello ha emprendido los siguientes programas:
1. Programa Producción
para el Bienestar.
Está
orientado a los productores de pequeña y mediana escala, beneficiará a unos 2.8
millones de pequeños y medianos productores (hasta 20 hectáreas), que conforman
el 85 por ciento de las unidades productivas del país, con prioridad para 657
mil pequeños productores indígenas. Canaliza apoyos productivos por hectárea
con anticipación a las siembras e impulsa entre los productores prácticas
agroecológicas y sustentables, la conservación del suelo, el agua y la
agrodiversidad; alienta la autosuficiencia en la producción de semillas y otros
insumos, así como en maquinaria y equipo apropiado a la agricultura de pequeña
escala, y la implantación de sistemas de energía renovable. Se entrega un apoyo
de mil 600 pesos por hectárea para parcelas de hasta 5 hectáreas, y de mil
pesos para parcelas de entre 5 y 20 hectáreas.
2. Programa de apoyo a cafetaleros
y cañeros del país.
Se
establecerán dos programas emergentes orientados a apoyar a los pequeños
productores de café y de caña de azúcar, mediante el cual estaremos
beneficiando 420 mil productores. Doscientos cincuenta mil pequeños productores
de café y 170 mil de caña de azúcar.
Nuestro
programa de café está orientado a canalizar apoyos productivos por un monto de
5 mil pesos por productor de hasta una hectárea, mientras que el programa de
caña de azúcar está orientado a apoyar a productores de hasta cuatro hectáreas
que recibirán un apoyo directo de 7 mil 300 pesos por productor.
Los
apoyos que estamos otorgando se orientan a impulsar la renovación de cafetales,
el uso de mejores materiales genéticos, la implementación de prácticas de
producción sustentables, a la agregación de valor y diferenciación de sus
productos y a la conservación y mejor uso del suelo y del agua y a la
conservación de la biodiversidad.
3. Programa de Precios de
Garantía para los cultivos de maíz, frijol, trigo panificable, arroz y leche.
Se
establecieron precios de garantía para alimentos básicos en beneficio de 2
millones de pequeños productores, a quienes se les pagará durante la cosecha 5
mil 610 pesos la tonelada de maíz, 6 mil 120 pesos el arroz, 14 mil 500 el
frijol; 5 mil 790 el trigo; y a 8 pesos con 20 centavos el litro de leche; lo
cual significa, con relación al año pasado, un aumento promedio de más de 30
por ciento.
4. Crédito ganadero a la
palabra.
El
programa de crédito ganadero a la palabra, que consiste en entregar de una a 10
novillonas y hasta un toro por productor, lo cual representa adquirir 200 mil reses, con un presupuesto autorizado de 4
mil millones de pesos, en beneficio de 19 mil 200 ejidatarios y pequeños
propietarios.
5. Distribución de
fertilizantes químicos y biológicos.
Implementar
un programa de entrega de fertilizantes, donde éstos no dañen los suelos y sean
en beneficio de productores agrícolas empezando por el estado de Guerrero.
También se iniciará la operación de la planta de fertilizantes de
Coatzacoalcos, Veracruz.
6. Creación del organismo
Seguridad Alimentaria Mexicana (SEGALMEX)
Tiene
como funciones coordinar la adquisición de productos agroalimentarios a precios
de garantía; vender y distribuir fertilizantes, semillas mejoradas o cualquier
otro producto que contribuya a elevar la productividad del campo; promover
tanto la industrialización de alimentos básicos, leche y sus derivados como la
comercialización de los excedentes de la producción agroalimentaria dentro y
fuera del país; promover la creación de micro, pequeñas y medianas empresas
privadas asociadas a la comercialización de productos alimenticios; apoyar las
tareas de investigación científica y desarrollo tecnológico que se encuentren
vinculadas con su objeto y distribuir la canasta básica en regiones de alta
marginación económica.
Ciencia y tecnología
El gobierno federal promoverá la
investigación científica y tecnológica; apoyará a estudiantes y académicos con
becas y otros estímulos en bien del conocimiento. El CONACYT coordinará el Plan
Nacional para la Innovación en beneficio de la sociedad y del desarrollo
nacional con la participación de universidades, pueblos, científicos y
empresas.
El deporte es salud, cohesión social y orgullo nacional.
1. Es una prioridad la
activación física
Como
parte de una política de salud integral, la activación física es importante
para la prevención a enfermedades relacionadas con el sedentarismo, el
sobrepeso y la obesidad, particularmente. En este proyecto la CONADE
participará como un coordinador de las otras secretarías como Educación,
Trabajo, Desarrollo Social y Salud. Incentivar el uso de la bicicleta en zonas
urbanas y rurales y la aplicación de políticas transversales para la activación
física de la población en escuelas, centros de trabajo y espacios públicos.
2. El deporte para todos.
Impulsar
ligas deportivas inter-escolares e intermunicipales; apoyar el deporte de
personas con discapacidad; fomentar semilleros de futuros atletas en escuelas y
deportivos públicos.
Ya
que la activación física dará pie y sentará las bases para la práctica del
deporte. Para ello se necesita que los profesores de educación física estén
mejor preparados y estén recibiendo capacitación constante. El trabajo será
estrecho con la Escuela Superior de Educación Física y la Escuela Nacional de
Entrenadores Deportivos. Se buscará que el programa tenga como mínimo tres
horas de educación física a la semana y que las 236 mil escuelas que hay en el
país sirvan como un catalizador del deporte. Añadimos que ya se creó una
comisión especial para el fomento al béisbol, la caminata y el boxeo.
3. Apoyo al deporte de
alto rendimiento con transparencia.
Los
deportistas destacados en diversas disciplinas que representan al país en
competencias internacionales, son un orgullo nacional, por lo que deben ser
apoyados por el Estado de forma transparente. Los deportistas de alto
rendimiento deben ser atendidos y tener entrenadores y recursos.
Se
busca que el deporte ayude a mejorar la calidad de vida de los mexicanos y que,
como consecuencia, mejore el deporte de alto rendimiento, que a su vez se
traducirá en mayores logros deportivos para México en el plano internacional.
De
esta manera tendremos un país más sano, con una mejor convivencia social y con
una niñez y una juventud plenas.
Epílogo: Visión de 2024
En julio de 2018 el pueblo mexicano
expresó de manera contundente en las urnas su anhelo de construir un México
justo, pacífico, libre, solidario, democrático, próspero y feliz. Tal es el
mandato para el sexenio 2018-2024 y durante los próximos seis años la
Presidencia de la República y el gobierno federal en su conjunto trabajarán sin
descanso para articular los esfuerzos sociales para lograr ese objetivo.
El Ejecutivo Federal tiene ante sí la
responsabilidad de operar una transformación mayor en el aparato administrativo
y de reorientar las políticas públicas, las prioridades gubernamentales y los
presupuestos para ser el eje rector de la Cuarta Transformación, una tarea de
alcance histórico que involucra al país entero y que habrá de aportar al mundo
puntos de referencia para la superación del neoliberalismo.
El gobierno de la Cuarta
Transformación ve un país con el ánimo transformado para bien, una población
consciente de su capacidad para modelar la historia, con una mejora radical en
sus niveles de bienestar y seguridad con respecto a los que prevalecían en
2018, con instituciones saneadas, confiables y respetuosas de las leyes y con
una sociedad participativa e involucrada en el ejercicio del poder público.
El fortalecimiento de los principios
éticos irá acompañado de un desarrollo económico que habrá alcanzado para
entonces una tasa de crecimiento de 6 por ciento, con un promedio sexenal de 4
por ciento. La economía deberá haber crecido para entonces más del doble que el
crecimiento demográfico. De tal manera, en 2024 el país habrá alcanzado el
objetivo de crear empleos suficientes para absorber la demanda de los jóvenes
que se estén incorporando al mercado laboral. Los programas de creación de
empleos y de becas para los jóvenes habrán surtido su efecto y el desempleo
será mínimo; la nación contará con una fuerza laboral mejor capacitada y con un
mayor grado de especialización. Ningún joven que desee cursar estudios de
licenciatura se quedará fuera de la educación superior por falta de plazas en
las universidades y ninguno estará condenado al desempleo, al subempleo o a la
informalidad.
Después de un periodo de 36 años de
deterioro sostenido, los salarios habrán logrado en un sexenio una recuperación
de cuando menos el 20 por ciento de su poder adquisitivo, el mercado interno se
habrá fortalecido y habrá en el país una mejor distribución de la riqueza y del
ingreso. El grueso de la población podrá consumir algo más que artículos de
primera necesidad, como sucede ahora. Nadie padecerá hambre, la pobreza extrema
habrá sido erradicada, no habrá individuos carentes de servicios médicos o de
medicinas y los adultos mayores recibirán pensiones justas y podrán vivir sin
estrecheces materiales.
En 2021 deberá cumplirse la meta de
alcanzar la autosuficiencia en maíz y frijol y tres años más tarde, en arroz,
carne de res, cerdo, aves y huevos; las importaciones de leche habrán
disminuido considerablemente, la producción agropecuaria en general habrá
alcanzado niveles históricos y la balanza comercial del sector dejará de ser
deficitaria. Se habrá garantizado la preservación integral de la flora y de la
fauna, se habrá reforestado buena parte del territorio nacional y ríos, arroyos
y lagunas estarán recuperados y saneados; el tratamiento de aguas negras y el
manejo adecuado de los desechos serán prácticas generalizadas en el territorio
nacional y se habrá expandido en la sociedad la conciencia ambiental y la
convicción del cuidado del entorno.
En el último año del sexenio habrá
cesado la emigración de mexicanos al exterior por causas de necesidad laboral,
inseguridad y falta de perspectivas, la población crecerá de manera mejor
distribuida en el territorio nacional y millones de mexicanas y mexicanos
encontrarán bienestar, trabajo y horizontes de realización personal en sus
sitios de origen, desarrollando su vida al lado de sus familias, arraigados en
sus entornos culturales y ambientales.
Para entonces la delincuencia
organizada estará reducida y en retirada. Los jóvenes no se verán empujados a las
conductas antisociales y se privará a la criminalidad del semillero de nuevos
integrantes que hoy representa la exclusión de los jóvenes del estudio y el
trabajo. Los índices delictivos –de homicidios dolosos, secuestros, robo de
vehículos, robo a casa habitación, asalto en las calles y en el transporte
público y otros– se habrán reducido en 50 por ciento en comparación con los de
2018 y México habrá dejado de ser la dolorosa y vergonzosa referencia
internacional como tierra de violencia, desaparecidos y violaciones a los
derechos humanos.
La delincuencia de cuello blanco
habrá desaparecido y la corrupción política y la impunidad que han prevalecido
como norma hasta 2018 habrán quedado reducidas a casos excepcionales,
individuales e inmediatamente investigados y sancionados. Las instituciones
estarán al servicio de las necesidades del pueblo y de los intereses
nacionales, el principio de la separación de poderes y el respeto al pacto
federal serán la norma y no la excepción, el acatamiento de las leyes regirá el
comportamiento de los servidores públicos y el fraude electoral, la compra de
voto y todas las formas de adulteración de la voluntad popular serán sólo un
recuerdo. En los procesos electorales que se realicen en el curso del presente
sexenio habrá quedado demostrado con hechos que es posible, deseable y
obligatorio respetar el sufragio, hacer cumplir la legalidad democrática y
sancionar las prácticas fraudulentas. Se habrán incorporado a la vida pública
del país las distintas prácticas de la democracia participativa y el principio
del gobierno del pueblo y para el pueblo será una realidad.
En el último año del presente
sexenio, en suma, el país habrá llevado a cabo lo sustancial de su cuarta
transformación histórica, tanto en el ámbito económico, social y político, como
en el de la ética para la convivencia: se habrá consumado la revolución de las
conciencias y la aplicación de sus principios –honradez, respeto a la legalidad
y a la veracidad, solidaridad con los semejantes, preservación de la paz– será
la principal garantía para impedir un retorno de la corrupción, la simulación,
la opresión, la discriminación y el predomino del lucro sobre la dignidad.
Ciudad de México, 30 de abril de 2019